Análisis #RenunciaYa PERSPECTIVAS

Carlos Manuel Bezares M.

Como punto de partida hay que establecer cómo surge el movimiento del 15A y 16M en Guatemala, derivados de la indignación que causa la corrupción, en concreto, el caso “La Línea”, que involucró al nivel más alto de funcionarias y funcionarios del Organismo Ejecutivo.

Una de las principales características del Movimiento 25A y 16M es que la ciudadanía encontró un punto en común de exigencia de cara a sus gobernantes, y ha logrado mantener sus demandas específicas dentro de las marchas, una característica que hasta ahora sólo se había visto desarrollada en Europa, lo cual merecería otro análisis que no es el motivo de este artículo.

Poco a poco la conciencia ciudadana fue cuestionando todo el sistema político nacional, la política tradicional y el sistema de partidos en Guatemala.

De allí, que partidos políticos deben reflexionar acerca de la representación multisectorial y sobre el tipo de liderazgo que propone el movimiento, que es de carácter horizontal. A partir de esto, me permito afirmar que las instituciones de nuestra sociedad fueron rebasadas por las marchas; tanto las instituciones de sociedad civil como las instituciones públicas.

Estos datos son fundamentales para poder entender la demanda poblacional, ya que si la respuesta no compensa verdaderamente su exigencia central, que es la depuración democrática del sistema político, se sentirán engañados y traicionados por las elites del país y su insatisfacción en relación al sistema político crecerá, lo que se convierte en componentes complejos que nos pueden llevar a riesgos insospechados como sociedad.

Estas acotaciones serán todo un reto sociológico para quienes posteriormente examinen lo que estamos viviendo, que es inédito desde mitad del siglo XX, sin embargo, no es el de fin de este artículo examinar desde esa perspectiva al movimiento.

Como dije anteriormente, poco a poco la demanda se fue extendiendo al sistema político y el sentir de las y los ciudadanos de a pie es que están excluidos del sistema político guatemalteco, y que únicamente para las elecciones es que ven a los partidos políticos en sus localidades, pues han

perdido la capacidad de ser los articuladores de las demandas poblacionales.

También el movimiento ubica en la corrupción el origen de nuestros males, conectándolo inmediatamente con el sistema político electoral; y es allí donde surgen dos ejes centrales de demanda: Cero Corrupción y el comportamiento de los partidos y su financiamiento electoral, ya que este último se convierte en un picaporte para la corrupción. Esto es en lo que toda la ciudadanía indignada coincide, según mi lectura de los eventos.

Existe mucha preocupación que en el ambiente de demandas, varios sectores empiezan a proponer una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que posiblemente parecieran resolver la crisis, pero que son temas que deberíamos abordar de manera más fría.

Una de las grandes dificultades del proceso democrático guatemalteco, es que no tenemos un tema que logre unificar a la ciudadanía y, por lo general, frente a este tipo de problemáticas, nos dividimos; respondiendo a la historia y a la lógica de no transigir.

Sin embargo, esta coyuntura está abriendo la posibilidad de abordar la crisis con una visión de Estado, donde todos y todas nos sintamos representados generando la democracia que tanto deseamos.

Y en este marco, es que reformar el sistema de representación y elección de diputaciones al Congreso de la República, debiera ser un tema clave que abordemos a un mediano plazo, pues el sistema de minorías limita a que partidos minoritarios como CREO, UNIONISTAS, ENCUENTRO POR GUATEMALA, URNG, WINAK, ANN y MNR, tengan sólo una diputación. Igual pasa con las listas y la postulación uninominal, que no garantizan, sino más bien restringen, una mayor participación.

El financiamiento privado de partidos políticos, es otro tema crucial que constantemente hemos abordado de forma periférica, porque las condiciones para esta discusión no se daban. Por una parte, hay quienes plantean: “No quiero mantener a estos haraganes”; y por otro lado quienes temen las criticas porque se reconocen parte de una clase política tradicional desgastada. No obstante, hoy se abrió un parte-aguas, que debemos saber valorar para dar perspectiva a la ciudadanía misma, porque desde este quiebre puede surgir un acuerdo transversal de sociedad relacionado con el financiamiento totalmente público a los partidos políticos, que tendría su origen en los impuestos y contaría con la ventaja de poder ser fiscalizado por la ciudadanía, porque se convertirá en información pública con montos manejados desde presupuestos abiertos y controlables.

Desde nuestra historia reciente, hemos comprobado que todo el gasto de las campañas electorales, pesan sobre nuestros hombros, pues los partidos no sólo reciben la deuda electoral, sino que además los financistas les otorgan recursos en función de asegurar negocios dentro del Estado; lo que termina siendo pagado con nuestros impuestos y recursos públicos, tal como se ha evidenciado en el caso de la estructura de “La Línea”.

En cuanto a la fiscalización, en la actualidad es necesario que sea fortalecida la Auditoria del Tribunal Supremo Electoral, dadas sus limitaciones de circunscribirse a fiscalizar sólo los gastos del comando central de los partidos políticos, dejando fuera de esta revisión todos los recursos invertidos en los distritos electorales. De esta cuenta, los partidos pueden declarar un presupuesto de 57 millones de Quetzales (techo máximo de esta campaña), pero lo que están gastando de forma real en los distritos es un monto mucho mayor. Es por ello, que como mínimo debiera existir para la época electoral un auditor por distrito electoral.

Desde esta perspectiva, debemos ir paso a paso, en un proceso. Mi formación jurídica, me impide ver los procesos de otra manera, pero creo que ir ordenando la discusión es importante, desde lo posible y concreto, en este momento histórico.

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