Oscar acusado cuatro veces por la transnacional Tahoe Resources Inc.

Fotografía: minundo.org

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

La estrategia de las empresas extractivas no parece detenerse en el país, especialmente en contra de las personas que se oponen a los proyectos extractivos, este es el ejemplo de la Minera San Rafael, nuevamente la empresa canadiense Tahoe Resources Inc., propietaria del proyecto minero “El Escobal” busca obtener una condena judicial en contra de Oscar Roderico Morales García, defensor de la naturaleza y líder comunitario.

En las radios comerciales, televisión y redes sociales la empresa canadiense mantiene una campaña permanente, invierte miles de quetzález e intenta obtener mediaticamente el visto bueno de la sociedad mostrando una cara “social y amable” de la empresa y de la actividad extractiva a la que se dedica.

Del otro lado de la minera están miles de personas que de forma directa o indirecta en San Rafael Las Flores y otros municipios cercanos han vivido durante los últimos 3 años otra estrategia, la criminalización de sus formas democráticas de organizarse y manifestarse. Las acciones de la minera hablan por sí solas, lo mediático no puede ocultar la violencia con la que pretende seguir funcionando.

El juez de Sentencia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal Narcoactividad y delitos Contra el Ambiente del municipio de Villa Nueva, Edwin Augusto Vela Castañada. Emitió una orden de conducción en contra de dos personeros de la Mina San Rafael, uno de ellos Kevin Mcarthur representante de Tahoe Resources Inc. Y el otro Donald Paul Gray, presidente de Minera San Rafael.

El juez Vela Castañeda ordenó al Director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez García realizar el traslado de los dos empresarios al juzgado, definió una hora y una fecha. La orden 02035-2014-00507/JRomero con fecha 28 de abril 2015.

“La orden implica la localización de dichos gerentes de la transnacional en la sede de Minera San Rafael S.A. ubicada en Torre Pradera en Ciudad de Guatemala o en el lugar que sean habidos.[1]

El documento emitido por el juez de Villa Nueva también explica que el citatorio es para que los dos empresarios presenten su declaración dentro del proceso de “debate oral y público” por el delito de supuestas amenazas en contra del líder comunitario Oscar Roderico Morales García.

En el mes de octubre del año 2014 Oscar Morales y el pueblo de San Rafael Las Flores y otros municipios del departamento de Jalapa estuvieron atentas a un proceso similar realizado en contra del líder comunitario, con está es la cuarta vez que la empresa acusa lo acusa. En ese proceso participaron los mismos actores, empresarios y empresa transnacional.[2]

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Acusaciones y juicios en contra de defensores del territorio

Casos como los ocurridos en Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia en Huehuetenango, San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc en Guatemala, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Mataquescuintla “Colis”, Santa María Xalapán, en Jalapa, en Chiquimula, San Marcos, Izabal, Alta y Baja Verapaz son solo el ejemplo de la estrategia de judicialización en función de los intereses de las  empresas y sus megaproyectos.

La criminalización buscan desgastar la resistencia y movilización pacífica de las comunidades, luego se instrumentaliza al sistema de justicia colocando a las personas en la lógica y dinámica de atender los procesos judiciales y el desgaste tiempo-economía que esto conlleva. Las empresas buscan entonces quitar de su camino a todos aquellas personas opuestas a sus intereses.

Qué sucede en la región

Este proceso en contra de don Oscar se realiza en el contexto de la detención y encarcelamiento del empresario Carlos Roberto Morales gerente general de la Mina San Rafael en abril del 2015, el empresario fue ligado a proceso por el delito de contaminación industrial en la quebrada del río El Escobal. Actualmente se encuentra guardando prisión en la Brigada Militar Mariscal Zabala en la ciudad de Guatemala.

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Gerente de Minera San Rafael/Tahoe Resources Inc es trasladado a prisión preventiva por las Policía Nacional Civil. Foto. R. Maldonado.

Un gobierno bajo escándalos de corrupción

Fue el mismo presidente Otto Pérez Molina quien dió su respaldo a la empresa minera, esto lo hizo públicamente en un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura el día 29 de abril del 2013, en dicho acto el presidente estuvo acompañado de ministros, empresarios canadienses y varios alcaldes en apoyo a la empresa. Ese mismo día manifestó: “quiero decirles que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas, reitera su compromiso con el Estado de derecho y con base en ello reafirman su convicción, la cual establece que todas las actividades extractivas que se realicen en Guatemala deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que están vigentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, ambiental y económico de todos los guatemaltecos, en este convenio queda registrada la responsabilidad ambiental y aquí les puedo mencionar muy rápidamente que a la fecha la Minera San Rafael…”[3]

Dos años después de su discurso un juez ordena la prisión de Carlos Roberto Morales, gerente general  de la mina por contaminación ambiental, tal parece que el presidente vuelve a equivocarse al respaldar a ésta empresa minera sin tomar en cuenta los planteamientos de la población que la rechaza.

Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la mina San Rafael y militar de carrera fue ligado a proceso por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la justicia, en diciembre del 2014 es enviado a prisión. Esto a raíz de varias acciones represivas planificadas y dirigidas por el mismo militar y hombre de confianza de la empresa. (Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Alerta Minera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala NISGUA. Diciembre 2014).

Foto: gobierno de Guatemala.

Lo cierto es que son muchas son las acusaciones en contra de la empresa minera por la continuidad de la violación de los derechos humanos en la región, por los intentos de asesinato, criminalización, persecución y encarcelamiento de aquellas personas que de forma pacífica se organizan y se oponen a la explotación del oro y otros minerales en su territorio.

[1] Abogado Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS). Guatemala 7 de mayo 2015.

[2] Miningwatch. Ministerio Público de Guatemala Cita a Declarar a Director Ejecutivo de Tahoe Resources por Política de Criminalización a Lideres y Lideresas Comunitarias. 17 de octubre 2014. http://www.miningwatch.ca/es/news/ministerio-p-blico-de-guatemala-cita-declarar-director-ejecutivo-de-tahoe-resources-por-pol-tic

[3] Discurso del mandatario Otto Pérez en la reunión pública de firma de acuerdo con Mina San Rafael. 29 de abril 2013. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-07-25-15-57-34/item/3615-discurso-del-mandatario-otto-p%C3%A9rez-en-la-reuni%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-firma-de-acuerdo-con-mina-san-rafael

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Publicado el 8 mayo, 2015 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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