Archivos diarios: 8 mayo, 2015

Anuncio oficial de la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti

Foto de Prensa Comunitaria.

En conferencia de prensa el presidente Otto Pérez Molina anunció que Roxana Baldetti, Vicepresidenta de Guatemala renuncia a su cargo:

“Renuncia con el único interés de someterse y colaborar a las investigaciones que sean necesarias y sobre todo del debido proceso, la decisión de la renuncia no corresponde a presión gremial ni de ningún grupo sino fue decisión personal.

La inmunidad es inherente, ella renuncia a la inmunidad, no podía renunciar a la inmunidad porque corresponde al puesto. Ella renuncia al puesto de vicepresidenta, esta dispuesta a colaborar y a tender cualquier situación que permita esclarecer su no participación dentro de la estructura de la línea.”

Ahora el congreso debe conocer la carta de renuncia y debe verificar la carta, y seguir este proceso. Después de eso tendrán que reunirse y conocer en el pleno la renuncia y el congreso debe aceptar la renuncia.

El presidente tiene que proponer tres nombres al Congreso para ver quien suplirá en el cargo a la vicepresidenta.

 

La movilización y el grito popular ha tenido efecto frente a la corrupción

Miles de personas en la ciudad capital y en todo el país se han movilizado desde el 25 de abril para exigir que se acabe la corrupción, la represión y la impunidad de gobernantes, funcionarios, jueces y abogados. Hoy acaba de anunciar el presidente Otto Pérez Molina que Roxana Baldetti renuncia al cargo de Vicepresidenta.

Se espera mañana 9 de mayo y el 16 de mayo otras manifestaciones masivas, en la universidad y en varios lugares la gente se sigue organizando para romper el miedo y el silencio frente a tanto abuso de la clase política.

VEA  LA CONFERENCIA DE PRENSA en el enlace de La Hora

https://www.facebook.com/lahoraguatemala/videos/934547116596744/?fref=nf

 

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ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MARTA SIERRA DE STALLING

COMUNICADO DE PRENSA 016

ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MARTA SIERRA DE STALLING

ESTRUCTURA CRIMINAL DE BUFETE DE ABOGADOS DE IMPUNIDAD

Guatemala, mayo 8 de 2015. La CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling por presumir que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera, a quienes benefició con fianzas para salir en libertad.

La solicitud fue planteada por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, y se le asignó al juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, el cual ella misma preside.

En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez expresó: “Que los jueces vendan sus decisiones generan sentimientos de tristeza. Este caso demuestra que es indispensable examinar con rigor el sistema de justicia, (…) respaldamos a los jueces honestos, por lo que esperamos que desde el Gobierno se realicen todas las acciones necesarias para lograr la instauración de un verdadero sistema de justicia en el país”.

La conferencia de prensa fue presidida por el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández.

Argumentos de la solicitud de antejuicio:

1) El 16 de abril de 2015, fecha de las capturas de los integrantes de la red de defraudación aduanera, la jueza Sierra de Stalling convocó con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha. La magnitud del operativo frustró la aspiración de la jueza, quien tuvo que reprogramarla para el día siguiente.

2) La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados. Envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas.

3) La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó la razones para otorgar las fianzas (a Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, -presuntos líderes de la estructura- y Mónica Jáuregui (técnica aduanera) les impuso un pago de Q200 mil a cada uno. Mientras que a Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso -Técnicos aduaneros- les fijó una fianza de Q250 mil).

4) El mismo día de los operativos y previa autorización judicial, se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por  Luis Alberto Mendizábal Barrutía y personas cercanas a él, a cambio de dinero.

5) La investigación reveló que el señor Luis Mendizábal Barrutía mantenía contacto frecuente con algunos miembros de la organización criminal, especialmente con Francisco Javier Ortiz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana. Ellos y otros miembros  de la red sostenían reuniones frecuentes en la Boutique Emilio -de su propiedad- y en cuyo parqueo se les pudo observar distribuyendo dinero, al parecer proveniente de negocios ilícitos.

6) Mientras las autoridades realizaba el allanamiento en la vivienda de Francisco Javier Ortíz Arriaga, éste sostuvo prolongadas comunicaciones telefónicas con Luis Mendizábal Barrutia, en las que le informaba de las gestiones que estaba adelantando para lograr que le otorgaran medidas sustitutivas.

7) Se determinó que entre los días 16 y 17 de abril, familiares de Francisco Javier Ortíz Arriaga, cobraron cuatro cheques por la suma de US$74,200.00 de la cuenta en dólares a su nombre; y un quinto cheque por Q1 millón 300 mil, de otra cuenta suya. En el formulario que la familiar de Ortíz Arriaga debió llenar por el cobro de este cheque anotó que los fondos se destinarían al pago de una fianza.

8) El 17 de abril apenas daba inicio la audiencia de primera declaración, por lo que resultaba imposible anticipar si se habría de imponer una fianza a favor de Ortiz Arriaga, a no ser que el tema estuviera acordado previamente, y ello sólo podía suceder a través de la jueza Sierra de Stalling.

Por lo anterior se presume que las decisiones de la jueza Sierra de Stalling pudieron estar influenciadas por un ofrecimiento de tipo económico que aparentemente fue cumplido, si se tiene en cuenta la fuerte suma de dinero que movilizó Ortíz Arriaga días previos a la audiencia de primera declaración. Por ello, el Ministerio Público y la CICIG solicitan que se le retire la inmunidad para que se inicie una investigación penal que permita esclarecer los señalamientos en su contra.

ESTRUCTURA CRIMINAL: BUFETE DE IMPUNIDAD

En la conferencia de prensa también se reveló la existencia de una estructura criminal integrada por abogados que operan en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.

Usuarios de la estructura

LUIS ALBERTO MENDIZÁBAL BARRUTÍA (con orden de captura internacional)
FRANCISCO JAVIER ORTÍZ ARRIAGA (recapturado)
MIGUEL ANGEL LEMUS ALDANA (recapturado)
SALVADOR ESTUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ (recapturado)

Estructura: Bufete de impunidad

JOSÉ ARTURO MORALES RODRIGUEZ (capturado)
RUTH EMILZA HIGUEROS ALAY (capturado)
JORGE LUIS ESCOBAR GÓMEZ (capturado)

Funcionaria Judicial

MARTA JOSEFINA SIERRA GONZÁLEZ DE STALLING, Jueza del Juzgado Octavo del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desde el año 1997.

Las interceptaciones telefónicas demuestran cómo a lo largo de la mañana del día 16 de abril del 2015 –día del operativo del caso “La Línea”- LUIS ALBERTO MENDIZÁBAL BARRUTIA, una vez informado del allanamiento de la Boutique Emilio y de la detención de FRANCISCO JAVIER ORTIZ ARRIAGA y MIGUEL ÁNGEL LEMUS ALDANA, inició una serie de contactos con el fin de contratar a una oficina que ofrece a sus usuarios servicios jurídicos irregulares dentro de procesos judiciales, liderada por JOSÉ ARTURO MORALES RODRIGUEZ, alias CHEPITO e integrada por RUTH EMILZA HIGUEROS ALAY, JORGE LUIS ESCOBAR GÓMEZ, y otros pendiente de captura.

A través de dichas llamadas, se evidencia cómo MENDIZABAL BARRUTIA busca, en un primer lugar, asegurar la presencia de abogados en la Boutique Emilio y, en segundo lugar, asegurarse que la oficina de abogados, gracias a los contactos y amistades de éstos con altos funcionarios del Organismo Judicial logren, mediante una remuneración económica, que los detenidos ORTIZ ARRIAGA y LEMUS ALDANA recuperen su libertad en la tarde de ese mismo día, bajo la figura de medidas sustitutivas. Es de relevancia destacar que en las llamadas también se refirió a SALVADOR ESTUARDO GÓNZÁLEZ, dudando de la conveniencia de ayudarlo o no con este beneficio debido a que, a juicio del propio MENDIZÁBAL, podría complicar las cosas.
 
En las llamadas realizadas a partir de las 13:00 horas, se advierte que los detenidos tendrían que pasar la noche del 16 de abril en la cárcel, debido al atraso que se dio en las diligencias de allanamiento, pero MENDIZABAL BARRUTIA le garantizó a la familia de ORTIZ ARRIAGA que, pagando el dinero a la mayor brevedad, se aseguraba el otorgamiento de las medidas sustitutivas al finalizar la audiencia de primera declaración.

Luego de brindar detalles de la investigación, el Comisionado Iván Velásquez afirmó: “Nuestro compromiso es tratar de sanear un organismo que es indispensable para el adecuado funcionamiento de la justicia en el país. Un organismo en el que la ciudadanía pueda confiar plenamente, pero también una notificación para los abogados corruptos que incumpliendo con el código de ética, en lugar de ejercer la profesión como corresponde -con el conocimiento jurídico que se supone adquirieron en las aulas universitarias- participen en estos actos de corrupción, y logren -como sucedió en este caso particular- unas medidas que a nuestro juicio son absolutamente producto de un prevaricato”.

Afirmó que tanto el MP como la CICIG continuarán con las investigaciones, sin importar nombres o cargos.

Fuente: CICIG

Usuarios de la estructura:

LUIS ALBERTO MENDIZÁBAL BARRUTÍA

Fuente: CICIG

Fuente: CICIG

FRANCISCO JAVIER ORTÍZ ARRIAGA

Fuente: CICIG

Fuente: CICIG

MIGUEL ANGEL LEMUS ALDANA

MG

Fuente: CICIG

SALVADOR ESTUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

Fuente: CICIG

Fuente: CICIG

Estructura: Bufete de impunidad

JOSÉ ARTURO MORALES RODRIGUEZ

Fuente: CICIG

Fuente: CICIG

RUTH EMILZA HIGUEROS ALAY

Fuente: CICIG

Fuente: CICIG

JORGE LUIS ESCOBAR GÓMEZ

Fuente: CICIG

Fuente: CICIG

 

 

De insurrecciones, pre insurrecciones y movimientos de masas

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Por: Gilberto Morales

Las experiencias en los procesos revolucionarios en otros tiempos y lugares permitieron a sus líderes establecer las condiciones para que se diera una situación insurreccional o pre insurreccional. Estas condiciones también son condición para que se dé un movimiento de masas que pueda provocar cambios, sin llegar a ser una insurrección típica.

En síntesis estas características son. Que los de arriba ya no estén en condiciones de gobernar y que los de abajo no acepten ser gobernados por los de arriba, pero además deben haber movimientos o expresiones de poder desde abajo. Así de simple se puede apreciar que el país pasa por una de esas coyunturas que pueden modificar sustancialmente la estructura política del país.

Pero en estas condiciones existen riesgos, el primero está dado por el mismo carácter de la protesta, su espontaneísmo. Lo más hermoso en el origen de las concentraciones fue ese carácter sin dirigentes ni visibles ni invisibles, fue una mera convocatoria horizontal la que concitó a grandes sectores de población en donde la mayoría de los mismos es de las clases medias urbanas.

Por su característica espontánea cualquier grupo que pretenda hegemonizarla daría al traste con esta expresión colectiva. Más aún si por ái surgiera un descerebrado caudillo que quisiera redimir al país aprovechándose de la repulsa masiva hacia los gobernantes y sus adláteres. Ya hubo un personaje que convocó a título personal, de acuerdo con lo publicado por elPeriódico. Afortunadamente su escasa figuración no hizo daño al movimiento.

Pero los riesgos siguen y hay ejemplos recientes en el campo internacional, aunque también lo tenemos en nuestra historia nacional. Los primeros son los movimientos que se conocieron como “la primavera árabe”, que se extinguieron los más por su propio peso, otro tuvo algunas consecuencias que después fueron revertidas. En nuestra historia tenemos la experiencia de las luchas cívicas de marzo y abril de 1962, las que también se extinguieron sin ningún efecto posterior al buscado, la renuncia del presidente Ydígoras, como no sea el recuerdo de ellas, que ahora sirve a muchos para asignarse una identidad política personal, es decir hay nostalgia y por ello no pasan más allá del recuerdo. Aunque si sirvieron, y esto es imposible de olvidar, para templar a una generación que dedicó su vida después a la lucha revolucionaria.

Estas experiencias sirven entonces para comprender que si bien es cierto que al principio de un movimiento espontáneo cualquier intento dirigista hace correr el riesgo de dar al traste con éste, también es cierto que una vez llegado a cierto grado de madurez el movimiento para alcanzar logros sustantivos necesitas de una fuerza dirigente.

Y allí el problema, cómo coordinarse entre los disidentes, entre aquellos que ya no aceptan ser dirigidos por los gobernantes. El grupo que llegue a asumir la dirección de estas protestas deberá ser sumamente amplio y representativo, integrado por aquellos sectores que inicialmente convocaron por medio de la horizontalidad. Deberá tomar en cuenta a los grupos o gremios organizados que han asumido una postura de acuerdo con las demandas del movimiento espontáneo en general.

En este sentido deberá incorporarse al sector empresarial, a organizaciones como Congcoop, que aunque un poco tibia en sus comunicados es a su interior un grupo definido por la renuncia, también, y este es un capítulo especial, a las organizaciones de los pueblos originarios, a una coalición de estudiantes de las universidades San Carlos y Rafael Landívar, todo esto sin intentar ser exhaustivo, ni excluir a los no mencionados.

Bien, pero para qué se constituiría este grupo conductor, ese es el huevo de la urraca. Las demandas deberán ser sustantivas para no terminar en un juego tan costoso como inofensivo. Se deberá insistir en la renuncia de los dos principales gobernantes y de sus más cercanos seguidores, para pasar a proponer y para lograrlo, presionar como hasta ahora, por la integración de una asamblea nacional constituyente que dé vida a un nuevo pacto social que permita la refundación del Estado.

Hay, para cerrar, algunas características dignas de señalar. Generalmente este tipo de movimientos tienen un carácter urbano, desde los movimientos sociales en la Francia del siglo XIX, pasando por los ya señalados y más recientes en los países árabes y otros más que no se pueden mencionar a riesgo de alargar esta nota y desnaturalizarla. Lo particular aquí en el país es que a este movimiento originalmente urbano se ha sumado, del campo a la Ciudad, en principio el taponamiento de la carretera Interamericana por los 40 cantones de Totonicapán y, todavía con más importancia, la convocatoria de las organizaciones de los pueblos originarios para el sábado 16, que esperamos rebase las expectativas llenando como nunca en las anteriores el antiguamente llamado Parque Central.

También hay, no se nos olvide, una citación anterior para que nos veamos firmes en la protesta este sábado 9 a las 15:00 horas, allí los esperamos a todos y a todas.

Oscar acusado cuatro veces por la transnacional Tahoe Resources Inc.

Fotografía: minundo.org

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

La estrategia de las empresas extractivas no parece detenerse en el país, especialmente en contra de las personas que se oponen a los proyectos extractivos, este es el ejemplo de la Minera San Rafael, nuevamente la empresa canadiense Tahoe Resources Inc., propietaria del proyecto minero “El Escobal” busca obtener una condena judicial en contra de Oscar Roderico Morales García, defensor de la naturaleza y líder comunitario.

En las radios comerciales, televisión y redes sociales la empresa canadiense mantiene una campaña permanente, invierte miles de quetzález e intenta obtener mediaticamente el visto bueno de la sociedad mostrando una cara “social y amable” de la empresa y de la actividad extractiva a la que se dedica.

Del otro lado de la minera están miles de personas que de forma directa o indirecta en San Rafael Las Flores y otros municipios cercanos han vivido durante los últimos 3 años otra estrategia, la criminalización de sus formas democráticas de organizarse y manifestarse. Las acciones de la minera hablan por sí solas, lo mediático no puede ocultar la violencia con la que pretende seguir funcionando.

El juez de Sentencia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal Narcoactividad y delitos Contra el Ambiente del municipio de Villa Nueva, Edwin Augusto Vela Castañada. Emitió una orden de conducción en contra de dos personeros de la Mina San Rafael, uno de ellos Kevin Mcarthur representante de Tahoe Resources Inc. Y el otro Donald Paul Gray, presidente de Minera San Rafael.

El juez Vela Castañeda ordenó al Director de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez García realizar el traslado de los dos empresarios al juzgado, definió una hora y una fecha. La orden 02035-2014-00507/JRomero con fecha 28 de abril 2015.

“La orden implica la localización de dichos gerentes de la transnacional en la sede de Minera San Rafael S.A. ubicada en Torre Pradera en Ciudad de Guatemala o en el lugar que sean habidos.[1]

El documento emitido por el juez de Villa Nueva también explica que el citatorio es para que los dos empresarios presenten su declaración dentro del proceso de “debate oral y público” por el delito de supuestas amenazas en contra del líder comunitario Oscar Roderico Morales García.

En el mes de octubre del año 2014 Oscar Morales y el pueblo de San Rafael Las Flores y otros municipios del departamento de Jalapa estuvieron atentas a un proceso similar realizado en contra del líder comunitario, con está es la cuarta vez que la empresa acusa lo acusa. En ese proceso participaron los mismos actores, empresarios y empresa transnacional.[2]

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Acusaciones y juicios en contra de defensores del territorio

Casos como los ocurridos en Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia en Huehuetenango, San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc en Guatemala, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Mataquescuintla “Colis”, Santa María Xalapán, en Jalapa, en Chiquimula, San Marcos, Izabal, Alta y Baja Verapaz son solo el ejemplo de la estrategia de judicialización en función de los intereses de las  empresas y sus megaproyectos.

La criminalización buscan desgastar la resistencia y movilización pacífica de las comunidades, luego se instrumentaliza al sistema de justicia colocando a las personas en la lógica y dinámica de atender los procesos judiciales y el desgaste tiempo-economía que esto conlleva. Las empresas buscan entonces quitar de su camino a todos aquellas personas opuestas a sus intereses.

Qué sucede en la región

Este proceso en contra de don Oscar se realiza en el contexto de la detención y encarcelamiento del empresario Carlos Roberto Morales gerente general de la Mina San Rafael en abril del 2015, el empresario fue ligado a proceso por el delito de contaminación industrial en la quebrada del río El Escobal. Actualmente se encuentra guardando prisión en la Brigada Militar Mariscal Zabala en la ciudad de Guatemala.

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Gerente de Minera San Rafael/Tahoe Resources Inc es trasladado a prisión preventiva por las Policía Nacional Civil. Foto. R. Maldonado.

Un gobierno bajo escándalos de corrupción

Fue el mismo presidente Otto Pérez Molina quien dió su respaldo a la empresa minera, esto lo hizo públicamente en un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura el día 29 de abril del 2013, en dicho acto el presidente estuvo acompañado de ministros, empresarios canadienses y varios alcaldes en apoyo a la empresa. Ese mismo día manifestó: “quiero decirles que el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Energía y Minas, reitera su compromiso con el Estado de derecho y con base en ello reafirman su convicción, la cual establece que todas las actividades extractivas que se realicen en Guatemala deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias que están vigentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, ambiental y económico de todos los guatemaltecos, en este convenio queda registrada la responsabilidad ambiental y aquí les puedo mencionar muy rápidamente que a la fecha la Minera San Rafael…”[3]

Dos años después de su discurso un juez ordena la prisión de Carlos Roberto Morales, gerente general  de la mina por contaminación ambiental, tal parece que el presidente vuelve a equivocarse al respaldar a ésta empresa minera sin tomar en cuenta los planteamientos de la población que la rechaza.

Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la mina San Rafael y militar de carrera fue ligado a proceso por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la justicia, en diciembre del 2014 es enviado a prisión. Esto a raíz de varias acciones represivas planificadas y dirigidas por el mismo militar y hombre de confianza de la empresa. (Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Alerta Minera Canadá – Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala NISGUA. Diciembre 2014).

Foto: gobierno de Guatemala.

Lo cierto es que son muchas son las acusaciones en contra de la empresa minera por la continuidad de la violación de los derechos humanos en la región, por los intentos de asesinato, criminalización, persecución y encarcelamiento de aquellas personas que de forma pacífica se organizan y se oponen a la explotación del oro y otros minerales en su territorio.

[1] Abogado Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS). Guatemala 7 de mayo 2015.

[2] Miningwatch. Ministerio Público de Guatemala Cita a Declarar a Director Ejecutivo de Tahoe Resources por Política de Criminalización a Lideres y Lideresas Comunitarias. 17 de octubre 2014. http://www.miningwatch.ca/es/news/ministerio-p-blico-de-guatemala-cita-declarar-director-ejecutivo-de-tahoe-resources-por-pol-tic

[3] Discurso del mandatario Otto Pérez en la reunión pública de firma de acuerdo con Mina San Rafael. 29 de abril 2013. http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-07-25-15-57-34/item/3615-discurso-del-mandatario-otto-p%C3%A9rez-en-la-reuni%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-firma-de-acuerdo-con-mina-san-rafael