Fallece Gregorio Catalán Morales miembro de la resistencia pacífica “La Puya”

Gregorio Catalán en la audiencia de sentencia absolutoria por el caso de criminalización injusta y acusaciones falsas en su contra por parte de trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala – EXMINGUA.

Lunes 6 de abril de 2015. En horas de la tarde se conoció la lamentable noticia de que don Gregorio Catalán Morales falleció en un accidente aún no esclarecido. Don Gregorio era miembro activo de la resistencia pacífica “La Puya.” Su cuerpo se encuentra todavía en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS a la espera de que se realicen los trámites médico legales para que pueda regresar con sus familiares, compañeros y compañeras con quienes se acompañan en esta lucha pacífica y puedan despedirlo.

El junto a otras siete personas tuvieron que lidiar con un proceso de acusaciones penales falsas durante 18 meses en donde fueron absueltos de todo cargo y de toda acusación el 27 de febrero de este año. Es triste que don Gregorio no haya podido tener tranquilidad los últimos meses, por la zozobra que las empresas extractivas causan en todo el país.

Persecución a personas sencillas que defienden el planeta

Durante todos esos meses sufrieron un proceso de desgaste judicial ya que la población está organizada y se opone a la construcción de la Mina El Tambor por considerar que el agua de las comunidades será contaminada por el arsénico y otros químicos utilizados para la extracción de oro; una razón que no necesita de mayores argumentos. Pero es la razón por la que les persiguieron penalmente.

En la Audiencia de Sentencia del juicio oral y público realizada este 27 de febrero en la Torre de Tribunales contra los cuatro comunitarios, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal de la ciudad de Guatemala presidido por el Juez Elvis Hernández tomó la decisión de cerrar la causa penal, “…a pesar de lamentar que el Ministerio Público hubiera sido incapaz de realizar una investigación como corresponde, estos delitos quedaran en la impunidad.”

La Mentira

No era el primer juicio contra las personas de la resistencia pacífica en la Puya. En mayo del 2014, el mismo tribunal pero presidido por el juez Eliseo García condenó injustamente a tres comunitarios acusados por Secuestro, Detención ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas; don Alonso de Jesús Torres Catalán, Jorge Adalberto López Reyes y Valerio Carrillo Sandoval. Todos tuvieron que pagar una fianza para no ir a prisión por delitos que ellos reiteraron durante todo el juicio nunca haber cometido.

Don Gregorio junto a Alonso de Jesús, Yolanda Oquelí, Jorge Adalberto, Valerio, Francisco, Eusebio y Fernando viven en San José Del Golfo, forman parte de la Resistencia Pacífica de La Puya, todos trabajan la tierra, Yolanda es madre de dos hijos pequeños. Contra ellos y ella se dirigió con fuerza la estrategia de la empresa.

“Los delitos que el Ministerio Público les imputa son: Secuestro, Detención ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas, acusación hecha por 3 trabajadores de EXMINGUA, por supuestos delitos que fueron cometidos durante la tarde del 3 de mayo del 2012. La denuncia fue puesta por Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez.”[1]

Los trabajadores de la minera afirmaron que fueron retenidos, amenazados y agredidos por un grupo de “gente” opositora a la mina (40 aproximadamente), quienes usaban gorros pasamontaña para cubrir su identidad. Afirmaron que en esa acción los opositores hicieron uso de vehículos tipo picop todo terreno con los cuales les emboscaron, pero casualmente sólo ocho de ellos olvidaron ponerse el gorro. Así comenzó la mentira en el año 2012.

Después fueron casi tres años de proceso judicial, obligados a asistir a cada una de las audiencias, a dejar el trabajo, la tranquilidad del hogar y las tareas en la Resistencia, tuvieron que escuchar las declaraciones en su contra hechas por Marco Tulio Aquino Garrido, Oscar Danilo Alvarado, Erick Adoni Gálvez Rivera, trabajadores de la mina bajo el asesoramiento legal del abogado Fernando Linares Beltranena.

Pero, a pesar de incorporar al expediente las declaraciones de Gerson Misael Garrido y José Alejandro Ávila Mérida como “testigos” de los agraviados [2], el juez concluyó que los agraviados no reconocieron directamente a ningún comunitario, y que el MP no pudo individualizar ni comprobar ningún delito. La mentira no se había podido mantener.

La cotidianidad de miles de personas que habitan en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc no sería la misma desde el primero de marzo del año 2012. De un día para otro la empresa transnacional canadiense Radius Gold INC irrumpió la tranquilidad de las comunidades. Varias fueron las empresas que llegaron y se fueron, ahora es la norteamericana Kappes Cassiday & Asoccieates KCA. Todas mantienen la relación con EXMINGUA, una empresa que bien podría tener un record por las innumerables violaciones a los derechos humanos y a la Libertad de Expresión.