Gregorio Catalán en la audiencia de sentencia absolutoria por el caso de criminalización injusta y acusaciones falsas en su contra por parte de trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala – EXMINGUA.
Lunes 6 de abril de 2015. En horas de la tarde se conoció la lamentable noticia de que don Gregorio Catalán Morales falleció en un accidente aún no esclarecido. Don Gregorio era miembro activo de la resistencia pacífica “La Puya.” Su cuerpo se encuentra todavía en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS a la espera de que se realicen los trámites médico legales para que pueda regresar con sus familiares, compañeros y compañeras con quienes se acompañan en esta lucha pacífica y puedan despedirlo.
El junto a otras siete personas tuvieron que lidiar con un proceso de acusaciones penales falsas durante 18 meses en donde fueron absueltos de todo cargo y de toda acusación el 27 de febrero de este año. Es triste que don Gregorio no haya podido tener tranquilidad los últimos meses, por la zozobra que las empresas extractivas causan en todo el país.
Persecución a personas sencillas que defienden el planeta
Durante todos esos meses sufrieron un proceso de desgaste judicial ya que la población está organizada y se opone a la construcción de la Mina El Tambor por considerar que el agua de las comunidades será contaminada por el arsénico y otros químicos utilizados para la extracción de oro; una razón que no necesita de mayores argumentos. Pero es la razón por la que les persiguieron penalmente.
En la Audiencia de Sentencia del juicio oral y público realizada este 27 de febrero en la Torre de Tribunales contra los cuatro comunitarios, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal de la ciudad de Guatemala presidido por el Juez Elvis Hernández tomó la decisión de cerrar la causa penal, “…a pesar de lamentar que el Ministerio Público hubiera sido incapaz de realizar una investigación como corresponde, estos delitos quedaran en la impunidad.”
La Mentira
No era el primer juicio contra las personas de la resistencia pacífica en la Puya. En mayo del 2014, el mismo tribunal pero presidido por el juez Eliseo García condenó injustamente a tres comunitarios acusados por Secuestro, Detención ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas; don Alonso de Jesús Torres Catalán, Jorge Adalberto López Reyes y Valerio Carrillo Sandoval. Todos tuvieron que pagar una fianza para no ir a prisión por delitos que ellos reiteraron durante todo el juicio nunca haber cometido.
Don Gregorio junto a Alonso de Jesús, Yolanda Oquelí, Jorge Adalberto, Valerio, Francisco, Eusebio y Fernando viven en San José Del Golfo, forman parte de la Resistencia Pacífica de La Puya, todos trabajan la tierra, Yolanda es madre de dos hijos pequeños. Contra ellos y ella se dirigió con fuerza la estrategia de la empresa.
“Los delitos que el Ministerio Público les imputa son: Secuestro, Detención ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas, acusación hecha por 3 trabajadores de EXMINGUA, por supuestos delitos que fueron cometidos durante la tarde del 3 de mayo del 2012. La denuncia fue puesta por Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez.”[1]
Los trabajadores de la minera afirmaron que fueron retenidos, amenazados y agredidos por un grupo de “gente” opositora a la mina (40 aproximadamente), quienes usaban gorros pasamontaña para cubrir su identidad. Afirmaron que en esa acción los opositores hicieron uso de vehículos tipo picop todo terreno con los cuales les emboscaron, pero casualmente sólo ocho de ellos olvidaron ponerse el gorro. Así comenzó la mentira en el año 2012.
Después fueron casi tres años de proceso judicial, obligados a asistir a cada una de las audiencias, a dejar el trabajo, la tranquilidad del hogar y las tareas en la Resistencia, tuvieron que escuchar las declaraciones en su contra hechas por Marco Tulio Aquino Garrido, Oscar Danilo Alvarado, Erick Adoni Gálvez Rivera, trabajadores de la mina bajo el asesoramiento legal del abogado Fernando Linares Beltranena.
Pero, a pesar de incorporar al expediente las declaraciones de Gerson Misael Garrido y José Alejandro Ávila Mérida como “testigos” de los agraviados [2], el juez concluyó que los agraviados no reconocieron directamente a ningún comunitario, y que el MP no pudo individualizar ni comprobar ningún delito. La mentira no se había podido mantener.
La cotidianidad de miles de personas que habitan en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc no sería la misma desde el primero de marzo del año 2012. De un día para otro la empresa transnacional canadiense Radius Gold INC irrumpió la tranquilidad de las comunidades. Varias fueron las empresas que llegaron y se fueron, ahora es la norteamericana Kappes Cassiday & Asoccieates KCA. Todas mantienen la relación con EXMINGUA, una empresa que bien podría tener un record por las innumerables violaciones a los derechos humanos y a la Libertad de Expresión.
En estos tres años de gobierno, el general retirado Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota se han dedicado a profundizar la faceta represiva de la supuesta etapa democrática que vivimos desde 1985. El autoritarismo que ejerce el oficialismo, ahora en alianza descarada con el Partido Líder, está atizando el fuego del descontento social. Con ello estamos retrocediendo vertiginosamente a las décadas de 1970-1980, cuando el despotismo de Estado alcanzó su máxima expresión en el país.
Ya no es ningún secreto que funcionarias y funcionarios han tomado y toman decisiones inconstitucionales y amañadas en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En suma son decisiones arbitrarias que lejos de tender al bien común, han remilitarizado el país, criminalizado y judicializado la lucha social, así como puesto a Guatemala en las fauces de las grandes empresas expoliadoras y violadoras de derechos humanos.
Un ejemplo son las hidroeléctricas que se están construyendo en distintos puntos del territorio nacional, las cuales responden casi exclusivamente al objetivo de abaratar los costos de producción de los proyectos mineros, así como vender energía eléctrica a México y el resto de países centroamericanos. Contrariamente, en pleno siglo XXI, un gran porcentaje de población rural del país no tiene acceso a la energía eléctrica que es un derecho social básico.
Del lado de la criminalización y judicialización los ejemplos más recientes son los de la lideresa maya kaqchikel Bárbara Díaz Surín y las autoridades comunitarias Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. La primera, lleva más de cinco meses en prisión por defender a San Juan Sacatepéquez de la imposición de la minería de cemento.
Los segundos son líderes de los pueblos q’anjob´al, chuj, akateko, popti’ y mestizo de 16 municipios de Huehuetenango. El 24 de marzo la PNC los capturó sin mostrarles ninguna orden de juez competente —lo mismo le pasó a Bárbara Díaz—. Todo por oponerse a la hidroeléctrica San Luis y otros proyectos extractivos en ciernes. Además, son fundadores de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, cerrada despóticamente hace tres meses por el alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, su corporación municipal y gente allegada a él.
Agrava la vulneración de sus derechos, que la captura fuese realizada en la ciudad capital, mientras estos líderes buscaban denunciar ante el sistema legal los continuos atropellos sufridos por las autoridades comunitarias y personal de la radio cerrada a manos del alcalde de Santa Eulalia y su rosca de poder. El más reciente hecho fue el 19 de marzo, cuando periodistas independientes y autoridades fueron amenazados y sufrieron agresiones verbales y físicas durante una ceremonia pública para la reapertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob.
El presidente Otto Pérez Molina supuestamente ha hecho un llamado para que se respete la libre emisión del pensamiento, pero su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, arbitrariamente dio vida a la “Fundación contra el terrorismo mediático”. El mandatario debe derogar inmediatamente ese engendro que pretende arremeter contra el derecho a la libertad de expresión.
Columna UKEMIK NA’OJ. Prensa Libre. 1 de Abril de 2015
Fotografía: «Espanta cacos en la entrada de la casa presidencial» elPeriódico @el_Periodico. 6 de abril de 2015.
Por: Carlos Fernández
¿Sabías que en Guatemala morían violentamente 17 personas todos los días y nadie hacia nada? Pues ahora tampoco, aún con la llegada de ex militares “expertos en inteligencia militar”. El fracaso de Mauricio López Bonilla quien se precia de su formación castrense ha sido rotundo. Cada persona que muere violentamente en Guatemala, formará parte de las confusas estadísticas de criminalidad que se llevan ya sea en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF-, Policía Nacional Civil –PNC-, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público u observatorios independientes. Ninguna parece coincidir. A pesar de las discrepancias los totales, todas dan cuenta de algo ineludible: al Gobierno que ofreció mano dura y experiencia militar para combatir la violencia, no pudo mejorar ostensiblemente los indicadores de seguridad ciudadana.
Al sistema lo rebasan la gran cantidad de crímenes al punto de anular y su capacidad de respuesta… o corrigiendo, sí la tiene cuando se trata de casos denominados de alto impacto. Para esos crímenes, el andamiaje del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación muestra una inusual capacidad de investigación y en menos de 72 horas dan con los responsables. Muestra de ello han sido las recientes capturas de los sicarios involucrados con el asesinato de dos periodistas en Suchitepequez. Cosa que es maravillosa, pero que siempre deja un molesto sabor de boca, porque tan valiosas son las vidas de comunicadores como las de ciudadanos de a pie que son arrancados de sus familias por la violencia incontrolable que azota al país.
La capacidad del investigar casos paradigmáticos y resolverlos es otra forma de garantizar impunidad, en tanto se logran acallar las voces de los medios de comunicación y de la sociedad civil con una rápida respuesta de todo el aparato de seguridad estatal, el cual normalmente se conforma con permanecer como espectador o sistematizador cuando se trata de casos de menor envergadura. Es decir, si a usted lo matan, será un número más en las estadísticas, una que otra organización vociferará los datos, algún medio hará eco parcial de la terrible situación y quien esté a la cabeza de la cartera de Gobernación se limitará a espetar que están haciendo su “mejor esfuerzo”, cuando en realidad están solo como suele decirse en términos coloquiales, pasando el agua…ahh y haciendo negocios para la compra de armas, municiones y otros equipos para las fuerzas de seguridad.
Mauricio López Bonilla ha sido tan mal ministro de Gobernación como cualesquiera de sus antecesores. Todos han renunciado voluntariamente a cumplir con su labor, escudándose en el falso argumento de lo complejo que es desarticular las estructuras del crimen organizado. Mentira digna de inútiles de propia opción, porque sí se ha podido cuando los casos les afectan su imagen pública o la del gobernante de turno.
Así como resuelven los asesinatos de “personalidades”, de la misma forma la ciudadanía espera que actúen en el asesinato de mujeres, hombres y hasta niños que caen víctimas de los grupos delincuenciales, los cuales operan con la certeza de la impunidad que les prodigan funcionarios del nivel de López Bonilla.
Durante el año de 2014, en Guatemala se registraron 5,924 muertes violentas. Estos son 148 asesinatos menos que en 2013 según datos del INACIF. Esto en datos, nos dice que el GRAN éxito de Mauricio López Bonilla se concentra en haber reducido de 16.63 muertes violentas diarias durante 2013 a un fabuloso 16.23 por día. Es decir se muere un 0.4 de persona menos al día, si es que tal cosa pudiera existir mas allá de las expresiones numéricas.
Para colmo de males, el año 2015 es año electoral y se dispararán los números de muertes violentas. Así ha sido en otros procesos electorales y éste no será la excepción. Con ello se vendrá al suelo el 0.4% de reducción obtenido y seguiremos inmersos en esta espiral de violencia que sigue pariendo muertos.
Mauricio López Bonilla fracasó de la mano de Otto Pérez Molina quien le ha mantenido a mansalva en puesto de Ministro de Gobernación. Un inútil para garantizar seguridad ciudadana, pero servil para desplegar las fuerzas del “orden público” cuando se trata de reprimir a comunidades organizadas.
López Bonilla se lleva bajo el brazo no solo su fracaso, sino el mito que sostenía que solo los militares y la mano dura, podrían con la inseguridad en Guatemala.
Para muchos “la conquista” de Guatemala representa el rescate de tierras de manos de salvajes. Sin embargo, esta creó leyes en favor del etnocidio, despojos y violaciones masivas. Instaló el racismo en el chip guatemalteco.
El locutor de radio Julio Reyes fue denunciado por el atleta Erick Barrondo por racismo, luego de publicar en ese mostrador moderno de Twitter un mensaje que decía: “Quiere manía, semilla de marañón o habas” junto a la foto del medallista olímpico.
Las reacciones a la denuncia de Barrondo decían: “Tanta bulla con eso, si es indio hasta las chanclas”, “Ahora que es famoso ya empezó con sus mamadas, hijo de Tizoc cae mal, lamido”.
Tanto el mensaje del locutor como estos comentarios son claramente racistas, pero el racismo actual es un fenómeno que trasciende lo racial y transforma personas en objetos de burla y mercancías.
Este razonamiento (por así decirlo) ilumina la índole del racismo guatemalteco de hoy. Todo el tiempo insisten en unificar a los “naturalmente inferiores”, combinando criterios de raza, clase social y género. Son ya indistinguibles el racismo, el machismo, el clasismo, la homofobia, porque se unifican en contra de los pobres, que insisten en serlo, los indios que insisten en serlo, las mujeres que insisten en abandonar sus roles tradicionales, los gays que insisten en serlo, los que a pesar de que no la han hecho insisten en seguir viviendo.
El sexismo, la violencia y el racismo se viralizan en las redes sociales y es evidente la urgencia de eliminarlos y sus consecuencias laborales, culturales, políticas y éticas para sanar la herida colonial de Guatemala.
Rigoberto Juárez Mateo es autoridad ancestral de la nacionalidad maya Q´anjob´al representada en el Gobierno Plurinacional de las Nacionalidades Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y Mestiza del Territorio Q´anjob´al del pueblo de Jolom K´onob.
Esta estructura de base organizativa comunitaria está ubicada al norte del departamento de Huehuetenango. Aproximadamente desde el año 2005 que los pueblos originarios en esta región han estado realizando Consultas de Buena Fe como mecanismo para fijar su postura de rechazo a los proyectos extractivos y la intención empresarial de explotar las fuentes de agua, ríos, lagos, bosques, tierra, minerales y la vida.
Esta intención empresarial ha chocado con la visión de desarrollo y de vida de los pueblos originarios quienes ven en estas actividades una amenaza a la vida y se han organizado pacíficamente para frenarla. Efectivamente desde la llegada del capital y estas formas de acumular riqueza han ocurrido una serie de abusos y violaciones a derechos humanos que van desde el asesinato, la desaparición, la tortura, la persecución penal, la militarización territorial, división comunitaria, el uso del rumor para dividir a las comunidades, la amenaza y la coacción a poblaciones enteras para aceptar estos proyectos.
Muchos han sido los mecanismos utilizados por los pueblos mayas y mestizos para denunciar lo que ocurre, pero básicamente han sido los que el Estado de Derecho y la democracia liberal proponen como la vía para que la ciudadanía actúe en este sentido.
Sin embargo la respuesta estatal para quienes muestran su desacuerdo con estas prácticas ha sido la represión y la criminalización, acusándoles de «terroristas, delincuentes y atrasados.»
Este es el caso de Rigoberto Juárez quien fue detenido en la vía pública en la ciudad capital de Guatemala y tiene varias demandas penales y judiciales y ha sido encarcelado por dos procesos penales desde el día 24 de marzo de 2015. El está en una cárcel preventiva en la capital, lejos de su gente y su territorio.
Declaración de Rigoberto Juárez ante el Juez de Primera Instancia Penal del Juzgado de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala, 27 de marzo de 2015
Como Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, voy a asumir la responsabilidad histórica de indicar que lo que hoy se está haciendo es solamente un incidente más de agresión en contra de nuestras naciones ancestrales, que se inició desde hace 491 años.
Nuestro territorio Q’anjob’al ha sido asediado permanentemente por instancias, empresas, que han estado agrediendo nuestro territorio últimamente en lo que nosotros estamos llamando el Quinto Despojo.
Este Quinto Despojo lo constituyen, más que nada, los hijos y los nietos de aquellos que desde hace 491 años [lo] iniciaron, al despojarnos de nuestros territorios libres y naturales. Lo que hoy se indica [en este Juzgado] no es más que una calumnia más que se inventa. Desafortunadamente, hermanos y hermanas mayas Q’anjob’ales seguramente se prestan o actúan bajo coacción de esas empresas, y es así como se conoce que actúan en nuestro territorio.
Hoy de lo que se nos está acusando es una falsedad total.
¿Por qué? Porque en el marco de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la defensa del agua, la defensa de los cerros, la defensa de las montañas, y eso implica, por supuesto, la defensa del aire que todos y todas respiramos y necesitamos oxígeno. Las naciones ancestrales mayas Q’anjob’ales estamos defendiendo precisamente ese derecho a la vida, al oxígeno, el agua que necesitamos todos. Aún quienes dicen tener el derecho de hacer uso de nuestras aguas, la necesitan igualmente que nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso de este derecho, para defender el derecho del agua.
Solamente en el marco de este Quinto Despojo, señor Juez, no asumo la responsabilidad de decir: “sí, lo hemos hecho”. No es cierto, lo hemos hecho bajo el criterio de defensa propia de ese territorio.
Solamente en el territtorio Q’anjob’al hay 41 licencias de empresas mineras. Solamente en el territorio Q’anjob’al hay 21 licencias de hidroeléctricas. Las dos van implícitas en hacer uso inadecuado de nuestros bienes naturales. ¿En qué momento se nos consultó? ¿Acudieron a consultarnos? En ningún momento.
Desde el 2005 hasta la fecha se han hecho consultas comunitarias en nuestro territorio, y hemos acudido como autoridades a estas otras autoridades de este Estado para indicarles la manifestación de nuestro pueblo en el sentido de decir: “no a este tipo de empresas”. ¿Se nos ha escuchado o no se nos ha escuhado?
Nuestra calidad de autoridades de nuestras naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti´ se ha dilucidado en otras circunstancias. Dado a lo que hoy acudimos, estamos identificando una manipulación de ideas que nos están inculpando de situaciones que no son ciertas. Y esto ha sido el procedimiento histórico en este sistema en contra de nuestros pueblos, y que hoy no solamente lo estamos poniendo a conocimiento de ustedes, autoridades de justicia, sino que también, espero, que a nivel internacional se sepa que hay una situación prácticamente de violencia, de violación de nuestros derechos de autoridades, al someternos a un proceso, para nosotros, totalmente anómalo.
Porque lo que escuché que se dijo por ahí [la Fiscal] es totalmente falso y ojalá el Ministerio Público haya hecho las investigaciones correspondientes en su momento. Nosotros como autoridades del pueblo maya Q’anjob’al acudimos a ustedes para solicitarles su colaboración, para que hagan investigación objetiva de los hechos que se están dando en la finca San Luis. Pero en ningún momento aparece en su documento, a menos que lo haya por ahí, de lo solicitado.
¿Ustedes observaron objetivamente los daños, que la empresa dizque CincoM está haciendo en el territorio Q’anjob’al? ¿Analizaron, observaron, vigilaron?
Hemos solicitado la presencia de las instituciones del Estado para que observen de cerca la cantidad de violaciones que se han hecho de parte de estas entidades en nuestro territorio. Y no han venido.
Desde el 2005 cuando iniciamos nuestras consultas comunitarias ¿Cuál es la percepción d,e ustedes como juzgadores de las consultas comunitarias? ¿Las ven como válidas? ¿O no les importan nuestras consultas? No hemos recibido nunca, ninguna notificación de parte de las instancias de justicia de este país en donde se diga: «las consultas son válidas».
Detrás de las consultas ha habido actas, memoriales, hechas por nuestras comunidades y han sido prácticamente desconocidas. Hay acciones en donde nuestros pueblos se juntan, y ha habido procedimientos para conformar los resultados de las consultas en la declaración de territorios libres de explotaciones mineras e hidroeléctricas. Y eso ¿se ha tomado en cuenta? No.
Lo único que nosotros hemos hecho en el territorio como derecho ancestral y milenario es precisamente defender el agua, defender los cerros.
Hoy en el marco de este Quinto Despojo, el Estado en su conjunto -y cuando hablo del Estado, me refiero al Organismo Ejecutivo, al Organismo Judicial y Organismo Legislativo- han confabulado en contubernio con las empresas transnacionales para despojarnos de nuestros bienes naturales.
¿Qué quedará de nuestros pueblos cuando este Quinto Despojo se materialice, señor juez? Nuestro territorio quedará borrado ¿En dónde vivirán los miles de habitantes que por miles de años hemos vivido en ese territorio? ¿El Estado de Guatemala se ha habrá encargado de buscar dónde ubicarnos ¿O estas empresas ya tienen identificado otro territorio igual que la que hoy tenemos para que nos ubiquen o solamente están pensando en su bienestar individual, egoísta para apropiarse de nuestros espacios naturales como lo ha hecho por el espacio de 500 años? ¿Vamos a esperar entonces que pasen otros 500 años para que alguien nos escuche.
Por lo tanto, señor Juez, no busco, no vengo a someterme ante esta justicia.
Más bien, pido a usted que traslade la inquietud nuestra al máximo órgano de justicia de este país y a los tres organismos del Estado y la comunidad internacional a que se constituya en nuestro territorio una comisión diversa, integrado por autoridades ancestrales de las otras naciones de América Latina y del mundo, para que se vaya a constatar en terreno los daños que estas empresas están ocasionando a nuestro territorio.
Y que a partir de allí se juzgue quién ha hecho más daño: nosotros que defendemos nuestro territorio o estas empresas que incursionan de forma anómala, de forma ilegal y de forma arbitraria en nuestros territorios, y ahora se victimizan.
Nosotros hemos vivido allí por miles de años y hoy nos están acusando de situaciones [por las] que deberían ser ellos los que deberían de estar en la cárcel, porque están haciendo un daño a la naturaleza, haciendo un daño al medio ambiente y haciendo un daño a la humanidad.
Nosotros por lo tanto nos consideramos defensores de la vida, de los bienes naturales, y del territorio.
Por tanto, considero injusto lo que ellos están diciendo y si ustedes van a avalar lo que ellos están diciendo, entonces, automáticamente se amplía la injusticia en contra de nuestro pueblo.
Prensa Comunitaria Km. 169 