Archivos diarios: 8 marzo, 2015

Embestida judicial contra Mezcala

 

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http://www.proceso.com.mx/?p=397815

Los comuneros indígenas de Mezcala acusan al ayuntamiento de Poncitlán de aliarse con el empresario “invasor” Guillermo Moreno y con el Club Enduro para presionarlos: por una parte el Ministerio Público Investigador local reabrió una denuncia penal de 2011 –“llena de irregularidades”, a decir del abogado Salvador López– por supuesto robo contra 10 pobladores; por la otra, el club organizó otra de sus carreras de motociclismo que destruyen la zona boscosa del cerro El Pandillo. Y todo para forzar la explotación de la zona por los desarrolladores inmobiliarios.

La agente del Ministerio Público Investigador del municipio de Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, desempolvó la denuncia penal que presentó en 2011 el empresario Guillermo Moreno Ibarra contra cuatro comuneros por robo calificado; lo anterior, en vísperas de que se resuelva en definitiva el juicio agrario que interpuso la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción contra el hombre de negocios de Guadalajara, a fin de que éste devuelva las 12 hectáreas que se apropió en el cerro El Pandillo.

Moreno Murguía integró la averiguación previa 1327/2011 y la entregó al juez de lo Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Óscar Martín Morales Vázquez, quien ya había dictado un auto de formal prisión contra los comuneros, pero la medida fue anulada por la Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) porque no desahogó antes una audiencia de conciliación.

El abogado de los comuneros, Salvador López, señala que esa audiencia se llevó a cabo apenas el pasado 4 de febrero, con la intervención del Instituto de Justicia Alternativa, y la comunidad le exigió al empresario que retirara su denuncia penal, pero éste se negó:

“Él decía: ‘Yo estoy aquí construyendo, ellos no me tienen que molestar; estoy trayendo el progreso a la comunidad, déjenme avanzar’. Eran posturas muy distantes para poder llegar a un acuerdo.”

A decir del litigante, una vez realizada esta audiencia, continúa el procedimiento para que el juez Morales Vázquez emita una nueva sentencia. Sus representados tienen el temor fundado de que vaya a resolver de la misma manera porque el demandante no admitirá que se equivoca.

Desde su punto de vista, la denuncia del empresario está plagada de vicios e irregularidades. Se trata del expediente de origen 318/2011-C, en el que Moreno Ibarra acusó de robo calificado a los pobladores que por decisión de la Asamblea de Comuneros desmontaron una torre con panel solar que el empresario instaló dentro de las más de 3 mil hectáreas, a quien acusan de haberlas invadido.

Una de las señaladas por Moreno Ibarra es Rocío Moreno, a quien los agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado aprehendieron haciéndose pasar por periodista el 6 de septiembre de 2011.

El abogado de los comuneros menciona que originalmente el empresario denunció a cuatro personas de la comunidad: Vicente Paredes Perales, Cirilo Rojas, Casiano Pérez Magallón y Rocío Moreno. Extrañamente, el MP de Ocotlán amplió la orden de aprehensión a seis más: Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Clara.

Afirma que el empresario ya había sido apercibido dos veces por un tribunal agrario para que se desistiera de instalar el panel solar y no lo hizo, por lo cual la población lo retiró. El abogado aclara que la comunidad guardó esa estructura para que Moreno Ibarra la recogiera, pero nunca lo hizo. En cambio, los denunció penalmente y el MP integró la averiguación sin llamar a comparecer a los denunciados.

“Es inconstitucional eso porque no han sido llamados a un juicio, no han sido escuchados. Los otros (seis) ni siquiera están señalados en la averiguación previa; lo señalamos, pero el juez dice que no, y los sujetan a proceso”, comenta López.

Dice que la primera en ser arrestada fue Rocío Moreno, cuando ella ni siquiera estuvo presente cuando los comuneros desmontaron la estructura. En su opinión, el empresario intentó asestar un duro golpe a la población al consignar a Moreno por robo calificado, delito que no alcanza fianza.

Señala el abogado que afortunadamente la averiguación previa fue devuelta al MP y éste tuvo que reclasificar el delito por daño a las cosas, pero no desahogó las diligencias necesarias para tomar esa decisión.

López precisa que el proceso jurídico tiene irregularidades: por ejemplo, no se llama a comparecer a los denunciados, el empresario no ha comprobado que el panel desmontado estuviera en su propiedad y no ha demostrado dentro del juicio la existencia de la estructura.

“¿Qué hicieron ellos para demostrar la existencia? –cuestiona el abogado de los comuneros–. Aportaron unas facturas de compra de fierro para la elaboración de esa torre. Si se verifican sus domicilios, algunas de las personas físicas o morales que expidieron esas facturas no existen. Así lo hicimos saber al juzgado.”

Lo más absurdo, expone, es que en Poncitlán no existe un perito que hiciera el avalúo de la torre, por lo cual se comisionó a dos particulares que le atribuyeron un valor de más de 130 mil pesos.

Cuando llegó el momento de dar fe de la existencia física de esa torre –prosigue el litigante–, alguien le dijo al MP que la estructura se encontraba en un depósito de grúas del municipio de Atotonilco, por lo que se envió a un agente a verificarlo. Sin embargo, enfatiza que en las actas ministeriales dicho agente no describió cómo llegó al lugar ni quién le dio acceso al depósito.

Además de eso, el agente actuó fuera de su jurisdicción y requería de una autorización del procurador del estado, misma que no está en el expediente.

Detalla que en la averiguación previa Moreno Ibarra aseguró que desde un kilómetro se escuchó cómo los acusados desmontaban la torre y se vio a entre ellos a Rocío Moreno, lo que es inverosímil.

A pesar de todos los elementos de prueba sobre la inocencia de los comuneros, el juez de lo Penal del Sexto Partido Judicial, Óscar Martín Morales Vázquez, dictó auto de formal prisión a los comuneros y probablemente lo haga otra vez en la nueva sentencia que le ha sido requerida por el STJ.

López subraya que las autoridades municipales de Poncitlán tienen un evidente interés en cambiar el uso de suelo en la isla de Mezcala para facilitar la operación de los desarrolladores inmobiliarios, como ocurrió en Ajijic y Chapala en décadas anteriores.

Además de que persiste el despojo del empresario Moreno Ibarra, la comunidad indígena de Mezcala fue escenario de una carrera del Club Enduro de Motocross de Guadalajara en el área boscosa de El Pandillo, los domingos 22 de febrero y 1 de marzo.

La primera jornada de la competencia tomó por sorpresa a los pobladores y no pudieron hacer nada para impedirla. La segunda ocasión, integrantes de la Comisión de Vigilancia del Territorio de la Asamblea de Comuneros gestionaron que al menos se desviara la ruta.

El club publicó en su página de internet un comunicado para cancelar el evento a petición de la comunidad indígena, pues afirmó que uno de sus principios básicos es la protección del medio ambiente. Sin embargo, la carrera se realizó.

Fuentes allegadas al Club Enduro señalan a Proceso Jalisco que el comunicado fue sólo un distractor, pues no tenía la intención de cancelar la competencia. De hecho, un joven de la comunidad señala que aproximadamente 500 familias llegaron a la zona un día antes y acamparon ahí.

No es la primera vez que la población de Mezcala tiene problemas con el Club Enduro. Rocío Moreno, representante de la comunidad indígena, relata que hace ocho años los motociclistas iban regularmente a Poncitlán para realizar sus campeonatos estatales. Entonces “descubrieron” El Pandillo, único cerro despoblado en la ribera del lago de Chapala, que los atrajo por su impresionante vista.

Recuerda que en la primera competencia del club participaron más de 800 motociclistas, y celebraron carreras durante cuatro meses. Se fueron dejando tras de sí daños en 14 hectáreas de encino.

“Hicimos un peritaje con estudiantes de biología de la Universidad de Guadalajara. Medimos 14 hectáreas que habían devastado con sus vehículos motorizados. Erosionaron el suelo, hasta la fecha todavía no crecen árboles en esa zona. Utilizan los árboles para hacer sus rutas”, explica Moreno.

Comenta que esa vez los directivos del club trataron de negociar con la Asamblea de Comuneros y le ofrecieron una compensación económica, pero ésta no fue aceptada. Sin embargo, esta vez regresaron a El Pandillo al parecer con un permiso de la Dirección de Turismo de Poncitlán, que encabeza Víctor Osvaldo Gómez Linares. Al respecto, Rocío Moreno subraya que si bien la comunidad se encuentra dentro de Poncitlán, el ayuntamiento no tiene atribuciones jurídicas sobre ella.

No obstante, el municipio fue uno de los patrocinadores del certamen. De acuerdo con la información recabada en la página del club en internet, cobró 2 mil 500 pesos por competidor. “El municipio ve que hay una posibilidad de recaudar fondos, pero no lo puede hacer en nuestro bosque”, reclama la representante comunitaria.

Moreno dice que la mayoría de los competidores vienen de la capital del estado y tienen dinero, lo que se nota en sus casas rodantes y sus camionetas. “Nos comentaban personas de Guadalajara que en el bosque de La Primavera han hecho lo que han querido, acá es el único lugar del que se les ha corrido”, comenta.

El pasado 20 de febrero, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 73 organizaciones en 21 estados, así como asociaciones locales, varios colectivos y académicos, firmaron un comunicado dirigido al presidente del STJ, Luis Carlos Vega Pámanes, a los integrantes del Consejo de la Judicatura del estado y al juez Morales Vázquez, de Ocotlán, para que dejen de criminalizar a la comunidad de Mezcala.

En el documento se dice:

“Resulta inadmisible que el juez de Ocotlán encargado de administrar justicia haya impulsado irresponsablemente este proceso penal que de origen castiga y persigue al pueblo indígena coca, ignorando los lineamientos del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, y desconociendo la legítima facultad que tienen las instituciones y autoridades indígenas para administrar y resolver conflictos respecto a sus tierras y recursos naturales”.

Para el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica, el caso de Mezcala es paradigmático, porque es la única población de la ribera de Chapala que ha estado al margen de la depredación inmobiliaria.

“Vemos una alianza evidente entre el poder político y quien tiene el poder económico. También se ha denunciado que esto no habría sido posible sin el poder económico de Moreno Ibarra… hay falta de respeto y compromiso con los pueblos originarios”, resalta.

Añade que lamentablemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco permanece pasiva y su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se deslinda del problema argumentando que es un asunto entre particulares.

El gobierno del estado tampoco ha hecho nada al respecto. Pérez Verónica recuerda que el académico Jorge Alonso le pidió a Emilio González Márquez, cuando era gobernador, que interviniera a favor de la comunidad, pero el político ignoró la solicitud. En esto, dice, coincidió con el actual mandatario, Aristóteles Sandoval, quien tampoco ha atendido el caso.​

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