Archivos diarios: 1 marzo, 2015

La Puya: ¿qué hay detrás de los juicios en contra de la resistencia pacífica?

 

Por: Nelton Rivera

Un juicio que finaliza

Viernes 27 de febrero 2015. Este día será recordado por toda la gente que conforma la resistencia pacífica de “La Puya” ya que fueron absueltos cuatro de sus miembros, después de 18 meses aproximadamente de lidiar con un proceso legal injusto que pretendía criminalizarlos, ellos son: Francisco Carrillo, Eusebio Muralles, Fernando Castro Carrillo y Gregorio Catalán.

Ellos cuatro fueron criminalizados junto a otras 4 personas, por oponerse a la construcción de la Mina El Tambor, por considerar que el agua de las comunidades será contaminada por el arsénico y otros químicos utilizados para la extracción de oro; una razón que no necesita de mayores argumentos.

En la Audiencia de Sentencia del juicio oral y público realizada este 27 de febrero en la Torre de Tribunales contra los cuatro comunitarios, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal de la ciudad de Guatemala presidido por el Juez Elvis Hernández tomó la decisión de cerrar la causa penal, “…a pesar de lamentar que el Ministerio Público hubiera sido incapaz de realizar una investigación como corresponde, estos delitos quedaran en la impunidad.”

En la sentencia que el juez leyó a las 2 de la tarde les absolvió de toda acusación y de todo cargo. A partir de éste viernes solamente deben esperar que la sentencia quede en firme para dar por clausurado este juicio. Después de cinco horas de mucha tensión los cuatro entre lágrimas y risas mostraron la alegría que sintieron por la resolución del juzgador. Vecinos y familiares que llegaron a acompañarlos también tuvieron que esperar con angustia y nerviosismo en una sala reducida y sin ventilación.

No es el primer juicio contra las personas de la resistencia pacífica en la Puya. En mayo del 2014, el mismo tribunal pero presidido por el juez Eliseo García condenó injustamente a tres comunitarios acusados por Secuestro, Detención ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas; don Alonso de Jesús Torres Catalán, Jorge Adalberto López Reyes y Valerio Carrillo Sandoval. Todos tuvieron que pagar una fianza para no ir a prisión por delitos que ellos reiteraron durante todo el juicio nunca haber cometido.

Una hora después de la sentencia absolutoria, la sala quedo vacía, solamente será el recuerdo de quienes por meses tuvieron que viajar desde su comunidad a la ciudad para someterse a los caprichos e ilegalidades de los empresarios, en este caso militares y extranjeros dueños del proyecto Mina El Tambor Progreso VII Derivada.

Mientras todo esto sucedía en la capital, en el departamento de Huehuetenango uno de los representantes del pueblo Maya Q’anjob’al Santa Cruz Barillas, el licenciado y profesor Arturo Pablo Juan era detenido por acusaciones similares de la empresa española Ecoener Hidralia Energía. Junto a don Chico Palas y Adalberto Villatoro fueron acusados por la empresa hidroeléctrica Santa Cruz; su lucha es criminalizada y ahora tendrán que esperar en prisión hasta poder comprobar que las acusaciones en su contra son infundadas.

La Mentira

Don Alonso de Jesús, Yolanda Oquelí, Jorge Adalberto, Valerio, Francisco, Eusebio, Fernando y Gregorio viven en San José Del Golfo, forman parte de la Resistencia Pacífica de La Puya, todos trabajan la tierra, Yolanda es madre de dos hijos pequeños. Contra ellos y ella se dirigió con fuerza la estrategia de la empresa.

“Los delitos que el Ministerio Público les imputa son: Secuestro, Detención ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas, acusación hecha por 3 trabajadores de EXMINGUA, por supuestos delitos que fueron cometidos durante la tarde del 3 de mayo del 2012. La denuncia fue puesta por Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez.”[1]

Los trabajadores de la minera afirmaron que fueron retenidos, amenazados y agredidos por un grupo de “gente” opositora a la mina (40 aproximadamente), quienes usaban gorros pasamontaña para cubrir su identidad. Afirmaron que en esa acción los opositores hicieron uso de vehículos tipo picop todo terreno con los cuales les emboscaron, pero casualmente sólo ocho de ellos olvidaron ponerse el gorro. Así comenzó la mentira en el año 2012.

Después fueron casi tres años de proceso judicial, obligados a asistir a cada una de las audiencias, a dejar el trabajo, la tranquilidad del hogar y las tareas en la Resistencia, tuvieron que escuchar las declaraciones en su contra hechas por Marco Tulio Aquino Garrido, Oscar Danilo Alvarado, Erick Adoni Gálvez Rivera, trabajadores de la mina bajo el asesoramiento legal del abogado Fernando Linares Beltranena.

Pero, a pesar de incorporar al expediente las declaraciones de Gerson Misael Garrido y José Alejandro Ávila Mérida como “testigos” de los agraviados [2], el juez concluyó que los agraviados no reconocieron directamente a ningún comunitario, y que el MP no pudo individualizar ni comprobar ningún delito. La mentira no se había podido mantener.

Empresas y criminalización en todo el país

Las empresas KCA y EXMINGUA continúan haciendo uso del sistema de justicia para judicializar el derecho de la población a organizarse, protestar y defender la vida. Los juicios contra activistas y defensores del territorio se han convertido en la constante dinámica de empresas que buscan despojar a las poblaciones de sus bienes naturales.

Comunidades y pobladores de La Puya, Chuarrancho, San Juan Sacatepéquez en Guatemala; San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Santa María Xalapan en Santa Rosa y Jalapa; Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia en Huehuetenango; Jocotán en Chiquimula y Teculután en Zacapa; Cobán, Monte Olivo, Lanquín, San Pedro Carchá en Alta Verapaz Purulhá en Baja Verapaz; Cotzal, Cunén y Santa Cruz en Quiché son el claro ejemplo de cómo funciona esta estrategia. Todas han vivido la división comunitaria con el rompimiento del tejido social, amenazas de muerte, desapariciones, secuestros, denuncias en el MP, órdenes de captura, prisión, muertes y masacres.[3]

Empresas como Ecoener Hidralia Energía, Kappes Cassiday & Associates KCA – EXMINGUA, Cinco M, Cementos Progreso, Tahoe Resources INC. Gold Corp – Montana Exploradora, Minera San Rafael S.A., Recursos Naturales y Celulosas, (RENACE S.A.), Hidro Xacbal S.A., Generadora Nacional S.A., Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas, S.A, Generadora San Mateo, S.A., Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas, S.A son solo algunas de las que actúan en sus territorios con total impunidad.

No es la única forma de violencia que sufren. En el caso de La Puya el gobierno de Guatemala, cómplice de la empresa minera, realizó dos desalojos violentos en menos de un año (7 de diciembre 2012 y 23 de mayo 2014) sin ninguna justificación legal, manteniendo hasta la fecha un campamento con un contingente de no menos de 30 agentes de la PNC dentro de los terrenos de la minera desde el 23 de mayo 2014.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Diálogo Permanente –SNDP- dejó desatendidas las demandas de la población opuesta a la instalación del proyecto Mina El Tambor por tres años. Incluso el 12 de junio 2013 el SNDP intentó en una de las reuniones de acercamiento sentar a dialogar en Casa Presidencial a los representantes de La Puya con los empresarios de la mina.

Aunque algunos de los gerentes de la empresa como Ryan Adams afirmen en los medios de comunicación corporativos que la empresa operara pronto[4], es evidente que todo esto complica el escenario de la inversión de la KCA.

Lo cierto del caso es que la empresa Kappes Cassiday & Associates –KCA- invierte miles de dólares en su desesperación por hacer a un lado la resistencia de las comunidades en San José Del Golfo y en San Pedro Ayampuc- Los empresarios (gringos y militares) creen que llevando a las personas a juicio o criminalizándolas lograran la construcción de la Mina y explotar libre e impunemente el oro.

Tres años de resistencia pacífica

La cotidianidad de miles de personas que habitan en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc no sería la misma desde el primero de marzo del año 2012. De un día para otro la empresa transnacional canadiense Radius Gold INC irrumpió la tranquilidad de las comunidades. Varias fueron las empresas que llegaron y se fueron, ahora es la norteamericana Kappes Cassiday & Asoccieates KCA. Todas mantienen la relación con EXMINGUA, una empresa que bien podría tener un record por las innumerables violaciones a los derechos humanos y a la Libertad de Expresión.

Toda la gente en La Puya recuerda el 1 de marzo del 2012 como el surgimiento de la lucha organizada contra la minería. Ese día la mujer de la maquinaria, una vecina de San Pedro Ayampuc vio acercándose por la carretera toda la maquinaria que iba para la mina. Atravesó su carro, se colocó frente al convoy y lo hizo retroceder en un capitulo que nos recuerda al hombre del tanque durante la revuelta de la Plaza de Tian’anmen en 1989 en China.

Así comenzaría la resistencia… Este 1 de marzo del 2015 se cumple el tercer aniversario del nacimiento de la Resistencia Pacífica de La Puya. Con todas las dificultades, pero su proceso y su historia avanzan.

[1] Prensa Comunitaria. La Puya: Estamos en nuestro derecho de defender la vida. Guatemala, abril 2013.

[2] Ministerio Publico, Agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. Guatemala 3 de diciembre 2013.

[3] Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Santiago Bastos y Quimy De León. Febrero 2014.

[4] ElPeriodico. EXMINGUA comenzará a operar. Febrero 2015.

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