Archivos diarios: 13 enero, 2015

Guatemala: “Aquí estamos nuevamente. No somos criminales, ni delincuentes”

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Ollantay Itzamná

“Aquí estamos nuevamente. No somos organizaciones criminales, ni delincuentes, como se nos acusa. Somos campesinos e indígenas trabajadores que defendemos nuestros ríos y nuestros derechos. ¡Libertad para Fausto Sánchez! ¡Que pare la persecución en contra de Raúl Maldonado, Rocael López y Talco Clemente!, eran algunas de las consignas que irrumpieron en las calles de San Pablo, cabecera del Municipio del mismo nombre, en el Departamento de San Marcos, a unos 300 Km al suroccidente de la ciudad capital de Guatemala.

El 10 de enero, a un mes del secuestro y encarcelamiento Fausto Sánchez, dirigente del Frente de Resistencia Nacional en Defensa de los Recursos Naturales y de los Derechos de los Pueblos (FRENA), campesinos e indígenas integrantes de dicha organización, en compañía de representantes de otras organizaciones nacionales como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), en horas de la mañana, realizaron una caminata pacífica de 3 Km, hasta el pueblo de San Pablo, exigiendo la libertad para sus dirigentes secuestrados/encarcelados  y perseguidos por el Estado de Guatemala.

En el Departamento de San Marco, FRENA inició la inédita resistencia pacífica por la nacionalización del servicio de la distribución de la energía eléctrica desde hace 15 años atrás. Desde entonces, comunidades enteras de usuarios, ante las sobrefacturaciones y cobros arbitrarios por parte de la empresa ENERGUATE-ACTIS, dejaron de pagar las facturas de manera organizada. Pero, la situación social se convulsionó aún más en el Municipio cuando el Ministerio de Energía y Minas, en 2011, sin consultar a la población afectada, adjudicó a la empresa Hidro Salá, del Consorcio FABRIGAS, la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Salá que alimenta a las comunidades del Municipio de San Pablo.

Ante la presencia abusiva de estas empresas del sector eléctrico, y la persistente violación de derechos por parte de la empresa minera Marlín (la canadiense Goldcorp) en el área, indígenas y campesinos empobrecidos y contaminados decidieron organizarse para resistir y defender sus derechos, conforme a lo establecido en el ordenamiento interno. Pero, el Estado activó su sistemática política nacional de “seguridad interna”, acusando a los peones de los monocultivos,  ahora, organizados, de “enemigos internos” del Estado y del desarrollo. Y, en coordinación con las empresas privadas “afectadas” por la resistencia social, persigue, secuestra y encarcela a todos los tábanos (dirigentes) que se atreven a despertar a estas comunidades dormidas en el atraso y el abandono estatal.

Ocurrió el 10 de diciembre pasado. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), aplicando una táctica militar antisubversiva, irrumpieron, antes que amaneciese el día, en el domicilio de Fausto Sánchez, y lo capturaron. Otros tres dirigentes, también perseguidos por el Estado-empresas extranjeras, se declararon en clandestinidad. Inmediatamente la población salió a las calles en protesta. Pero, la recargada PNC militarizada reprimió, persiguió y capturó a 8 manifestantes, incluido menores de edad. Don Fausto fue detenido, e inmediatamente se presentaron en el Juzgado representantes legales de ENERGUATE-ACTIS, HIDRO SALÁ  y el Alcalde Municipal de San Pablo, como querellantes adhesivos, y ligaron a proceso penal al dirigente comunitario por el delito de organización criminal.

La Agente de PCN, De León Aguilar, quien, junto a sus otros 80 compañeros, protege el edificio vació de la Municipalidad de San Pablo, ante la presencia de indígenas y campesinos en el frontis, sin poder disimular su preocupación nos dice: “Lo que pasa que aquí, comunidades enteras ya no pagan energía eléctrica. Y, la empresa, para ir a recoger sus cables, pide que la PNC los acompañe para que no sean agredidos en las comunidades. (…) Ellos son muy violentos. En el bochinche (manifestación) último, quemaron llantas, hasta nos quitaron nuestras armas, (…)”.

En la protesta social las y los empobrecidos, excluidos y contaminados únicamente llevaban pancartas y algunas mantas con citas bíblicas. Eso sí, quienes tomaban el micrófono tenían las ideas claras sobre sus derechos y las obligaciones de los agentes de la PNC para con la ciudadanía.

De esta manera, la persecución y judicialización de la protesta social, lejos de intimidar a los sectores empobrecidos, los afianza y articula en sus luchas sociales. Católicos y evangélicos, que en las actividades religiosas se excluyen mutuamente, se re unen en las luchas sociales. Y, así estas luchas sociales se proyectan como imaginaciones trascendentales porque cuentan con una mística y una espiritualidad para la liberación integral.

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Caso Embajada España: Piden 1,240 años de cárcel contra Pedro García Arredondo

Por: Quimy De León

 

 DSC_0189 copyEl día de hoy 12 de enero, se está llevando a cabo la audiencia del juicio por “Toma y Quema de la Embajada de España” ocurrida el 31 de enero de 1980. Éste se encuentra en su fase de presentación de conclusiones.

La primera en dar sus conclusiones fue el Ministerio Público y pidió se le condene, además argumentó con suficientes pruebas que los delitos por los que se le acusa a Pedro García Arredondo ex jefe del Comando 6 han quedado demostrados: asesinato en agravio de la vida de 37 personas para lo que se pide 30 años de prisión inconmutables por cada víctima.

Por el delito de asesinato en grado de tentativa en concurso real contra el Embajador de España Máximo Cajal y López y el campesino Gregorio Yujá Xoná se pide 40 años de prisión inconmutables; por el asesinato de los estudiantes universitarios en concurso real Gustavo Adolfo Hernández Jesús España Valle 50 años de prisión inconmutables.

También se le responsabiliza de cometer Delitos contra deberes de humanidad en concurso ideal, por esto se solicitan 40 años de prisión inconmutables. Los argumentos y conclusiones del Ministerio Público están basadas en testimonios, documentos de archivo, fotografías, videos, peritajes y otros documentos que no dejan lugar a dudas su culpabilidad. La condena en años solicitada por el MP para Pedro García Arredondo equivale a un total de 1,240 años.

También la abogada Lucía Xiloj abogada del querellante adhesivo Sergio Vi dio sus conclusiones y coincidió en cuanto a el desarrollo de los hechos y la verdad histórica con las que planteó el Ministerio Público. La cita para conocer el resto de conclusiones tanto del abogado de la querellante adhesiva Rigoberta Menchú Tum como de la defensa del acusado es el día de mañana martes 13 de enero a las 8:30 AM.