San Juan Sacatepéquez: informe de violaciones a los Derechos Humanos

INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN ELACUERDO GUBERNATIVO 6-2014

Por la Convergencia por  los Derechos Humanos

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación  en San Juan Sacaatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.

En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.

La  tragedia del  19 y 20,  derivó en que el  gobierno emitió el  Decreto 6-2014 que  impune estado de prevención   (primer   grado   del   estado   de   excepción)   en   todo   el  municipio   aunque   con   ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.

Los hechos:

En diversas entrevistas realizadas por   la delegación de  la Convergencia por   los Derechos Humanos, entre   las  que   se   incluye   a   familiares  de   las  personas  muertas   entre   el  viernes  19 y  sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.

El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sinintermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad.   Los otros dos hermanos  menores de edad,  huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar.   El  Alcalde Auxiliar  al  ver  a  los  dos  niños  heridos  acude al   lugar  donde estos   le  señalan que esta  su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicamente.

Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo,  al encontrar vehículo que los traslade,  suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.

Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparo.  El  supuesto agresor  responde al  nombre de Felipe Patzan y aparentemente  labora para Cementos Progreso S.A.

En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan personas heridas.   Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio.   Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como lostrabajadores de la empresa cementera.

Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que  la Policía Nacional  Civil –PNC- se haga presente al  lugar de  los hechos,  ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población halogrado rodear dicha vivienda. En ese sentido,  las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761- 8842.  Ante la falta de atención pese a las  reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiiares llaman en varias  oportunidades   a   las   estaciones  policiales  de  Mixco y San Pedro Sacatepéquez   -en  tanto
municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.

Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques)  se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.

Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma,  lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto.  Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.

Cabe   señalar  que   la  PNC mantuvo una  excusa  para no  llegar   a  la  Comunidad Los  Pajoques  pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores.  En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.

Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito.    Así  mismo,   las personas que se encontraban dentro de  la casa de Marcelo Pajoc llaman   a la   Procuraduría   de   los  Derechos  Humanos   y   estos   le   refieren   que   de   igual  manera   se comunicarán con la PNC.

Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias   casas,   aparentemente   todas  propiedad de   trabajadores  de   la   empresa  cementera,   en distintos puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendidado un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.

Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos,  quienes viven cerca de  la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando  los hechos de violencia, para verificar la situación de estos.  Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxú muere por un disparo en la cabeza.  Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.

Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a   la   vivienda   donde   se   encontraban  Marcelo  Pajoc   y  su   familia,  Felipe  Patzán   y  otros   supuestos trabajadores de la empresa cementera.   Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba,  con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho,  sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil,  con una chumpa de estos,  señalando viviendas e identificando personas.

Pese a  los  insistentes  llamados durante  la crisis,  desde  las nueve de la noche del  viernes,   la Policía Nacional  Civil  no  llega   sino hasta  pasada las  10:00   am del   sábado.  Al  medio día  del   sábado,   la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.

Conclusiones y recomendaciones:

• La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima   de   transformación   del   conflicto   en   condiciones   de   equidad   para   todas   las   partes involucradas.

• Resultado de ese escalamiento son  los hechos  trágicos que  representaron el  asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.

• Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.

• El  escalamiento de  la conflictividad pudo evitarse si  el  Estado hubiese cumplido su papel  y aportado  a  la   solución  justa  y no parcializada  de   la  problemática.  La   criminalización de   la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimad del actor estatal.

• El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.

• La  tragedia del  19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus  instituciones involucradas directa o  indirectamente en  la problemática,  a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos.  En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.

• El   Estado   y   sus   instituciones   continúan   actuando   con   parcialidad   en   los   hechos.  No  hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.

• Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.

• El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.

• A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de  los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.

• Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.

• Hacer   requerimientos   de  Acceso   a   la   Información   para   determinar     con   precisión   las responsabilidades en materia de negación de auxilio.

• Investigar   los   patrones   de   comportamiento   provocador   y   estímulo   de   la   conflictividad   en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.

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Caso Sepur Zarco: A juicio militares por violación sexual, esclavitud sexual y doméstica

Heriberto Valdez Asij, su abogada defensora, Gilda Aguilar abogada y Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar.

Quimy De León

 «No estamos inventando, nosotras vivimos y sufrimos con nuestros propios cuerpos”

Doña Demesia

El Juez Miguel Ángel Gálvez preside el juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B ubicado en el nivel 14 en la Torre de Tribunales en el centro de la ciudad capital.

El Juez Miguel Ángel Gálvez

Éste martes 14 de octubre de 2014, después de tres audiencias para escuchar a las partes procesales, tanto al Ministerio Público como parte acusadora, las querellantes adhesivas y a la defensa de dos militares, el Juez decidió mediante un análisis de la ley a la luz de las pruebas presentadas, testimonios y argumentos, que el coronel del ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij van a Juicio oral y público.

Heriberto Valdez Asij

Los delitos de los que se les acusa son a Francisco Esteelmer Reyes Girón son: delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad por tratos humillantes y a Heriberto Valdez Asij Desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual.

Abogada defensora Gilda Aguilar y el militar Francisco Esteelmer Reyes Girón

Esta verdad histórica será probada en el juicio que abrirá el 29 de octubre en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta verdad, que es la verdad de quienes vivieron este horror. El juez declaró que el proceso debe seguir y que se abre el juicio y ellos quedan en prisión preventiva.

“Estoy aquí ante la ley para que se juzguen estos hechos y también no se vuelvan a repetir, porque nosotras sufrimos con nuestra propia carne”

Querellante adhesiva y sobreviviente

Justicia por violación y esclavitud sexual

Sepur Zarco es una comunidad que se ubica en el municipio de El Estor en Izabal, en ella durante los años más duros de la guerra y el genocidio se construyó en el año de 1982[1] un destacamento militar, en éste lugar como en otros, los militares cometieron una serie de crímenes tipificados como de lesa humanidad, entre éstos la violación y esclavitud sexual durante al menos seis meses en contra de aproximadamente 20 mujeres. A varias de ellas, además les habían desaparecido o asesinado a sus esposos o familiares.

 

Las mujeres que se atrevieron a no permitir que éstos crímenes quedaran impunes, que se atrevieron a hablar y a pasar por una serie de momentos y trámites engorrosos que alargan el tiempo de espera para que la justicia vaya tomando forma, son nuestra motivación para reflexionar, pensar y seguir actuando a favor de la verdad y la memoria.

Desde que declararon en audiencia anticipada, las mujeres llegaron cubiertas con colores y con tejidos llegaron a sentarse frente a sus perpetradores. No llegaron solas, llegaron acompañadas por varias personas, mujeres comunitarias, por organizaciones de mujeres que conforman la Alianza Rompiendo el Silencio y la impunidad. En las últimas tres audiencias solo llegó quien representa la colectiva en la que se organizaron para ser querellantes también de este caso.

Mientras la justicia llega

Ingresar a la torre de tribunales no es nada agradable, las veces que lo he hecho ha sido para acompañar algún caso de alto impacto, relacionado con derechos humanos y sus constantes violaciones. Conocer y comprender cómo se mueve el poder en uno de los campos de lucha más complejos es escalofriante, además de lo difícil que es comprender como funciona el sistema de justicia y las mismas leyes y su manoseo. La mayoría de veces que he asistido a una audiencia, he podido comprobar más allá del discurso que ambas funciona a beneficio del bloque de poder representado en las estructuras patriarcales políticas, militares, sociales, religiosas  y económicas que controlan en su mayoría hombres.

Asistentes a la audiencia

Aún así estoy convencida que si para muchas mujeres y personas sobrevivientes de genocidio y otros delitos contra los deberes de humanidad, es importante buscar la justicia en este campo, entonces éste se convierte en estratégico para la disputa de sentido que se requiere hacer en nuestro país. La valentía de quienes se atreven a llevar hasta un juicio a sus perpetradores y abusadores, se convierte es una responsabilidad para la sociedad completa, para entender la historia y reconstruirla.

Conforme se va desarrollando la trama judicial, se van presentando pruebas, peritajes, testimonios y documentos de archivo existe la posibilidad de llegar a ratificar que lo que sabemos como pueblos, lo que hemos sabido siempre en voz baja y es que estos crímenes si ocurrieron, que si hubo genocidio, que si hubo violación y esclavitud sexual. Este tipo de hechos marcan una huella en la historia, en la memoria colectiva, de las luchas de las mujeres y de las luchas feministas.

[1]  El destacamento fue cerrado en el año de 1988.