Archivos diarios: 9 octubre, 2014

Acumulación por desposesión, el modelo de desarrollo en Guatemala

Tomado de Revista ContraPoder

 

Una entrevista de Contrapoder con el antropólogo Santiago Bastos, investigador social y miembro del equipo de Prensa Comunitaria.

Su visión es enteramente crítica hacia la prensa convencional guatemalteca a la cual identifica con los intereses del capital de la cementera.

Santiago Bastos es investigador social y miembro del equipo de Prensa Comunitaria. Es antropólogo y ha dedicado su vida profesional al estudio del componente indígena de la sociedad guatemalteca. En concreto, de la organización política de los indígenas.

Pocos días después de que se produjera la muerte de ocho personas en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, Bastos publicó una nota que explica la matanza a partir del crimen de dos personas adversas a la instalación de la planta de Cementos Progreso en San Gabriel Buenavista.

Su visión es enteramente crítica hacia la prensa convencional guatemalteca a la cual identifica con los intereses del capital de la cementera.

ContraPoder entró en contacto con él y le pidió que respondiera un breve cuestionario en torno a la conflictividad en San Juan Sacatepéquez y en general, en el país. Un extracto de sus aportes forman parte del reportaje central de esta semana en la edición impresa “Invertir en la Tierra del Conflicto”.  Estas son las respuestas completas de Bastos.

 Usted plantea que el conflicto –en San Juan Sacatepéquez- deriva de la imposición de un modelo de desarrollo que identifica como de “acumulación por desposesión”. ¿En qué consiste ese modelo?

El concepto de “acumulación por desposesión” lo acuñó el geógrafo norteamericano David Harvey a partir de la idea de “acumulación primitiva” de Marx, para plantear que, como en aquellas formas “originarias”, la acumulación está “basada en la depredación, el fraude y la violencia” y supone “el despojo de los patrimonios sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) de un grupo social emplazado en una geografía específica con el fin de acumular capital”. En pocas palabras: tomando lo que es de otro sin su consentimiento. Si bien estas formas de acumulación han estado siempre presentes en el capitalismo, en la fase actual son más importantes que la “reproducción ampliada” propia de las fases avanzadas de este sistema económico.

Según Harvey el capitalismo actual conlleva “la negación de los derechos heredados; la movilización de poder para desarticular arreglos sociales precedentes; la imposición de un nuevo orden organizacional de lo social y el conflicto entre la matriz capitalista y los grupos sociales locales que resisten a su desposesión”. Estas ideas reflejan muy bien lo que está pasando en Guatemala y toda América Latina con las llamadas “industrias extractivas”- minería, petróleo fracking-  las energéticas -hidroeléctricas, eólicas-, el turismo y los  productos agroindustriales –soya, palma africana-.

Como se ve entonces, el concepto de “acumulación por desposesión” se refiere tanto a la forma de imposición como a sus efectos; y no se restringe a lo jurídico o lo económico, sino a los aspectos políticos, sociales, culturales y medioambientales que el modelo de desarrollo actual tiene para los grupos sociales en donde se implanta.

¿Es ese modelo nuevo para Guatemala?

No es nuevo y menos en aquellos lugares como Guatemala donde se instaló reforzando las formas coloniales de sometimiento de la población, en vez de sustituirlas, como ocurrió en Europa.

Hay consenso de que en América Latina hubo otros dos grandes momentos de desposesión previos al actual. Primero, el de la llegada de los europeos, que supuso todo un despojo de los bienes –minerales preciosos sobre todo–, la desestructuración de formas de vida y la imposición de formas de subordinación. El segundo se refiere a las reformas liberales de finales del siglo XIX, con la “desamortización” y rapiña sobre la tierra comunales de los indígenas en todo el continente.

En Guatemala este momento estuvo asociado a la implantación de la exportación de café como base de la economía nacional, que se impuso a través del llamado “sistema de latifundio minifundio”. Así, durante más de 100 años la economía guatemalteca estuvo basada en un doble despojo a las comunidades indígenas: el de sus tierras y el de la fuerza trabajo y la libertad de sus miembros –a través del reglamento de jornaleros, la ley de vagancia, los enganchadores y otras formas de coerción económica y extraeconómica.

¿Puede considerarse que se produce una “acumulación por despojo” en un marco jurídico que legaliza la compra de propiedades particulares?

El marco jurídico que acompaña el despojo no es el que “legaliza la compra de propiedades particulares”. Es el que hace que las transacciones entre campesinos y grandes transnacionales no se den en igualdad de condiciones y oportunidades entre ambas partes, ya de por sí muy desiguales en el mercado. Me refiero a las ventajas políticas, fiscales y demás de que gozan las transnacionales frente a la despreocupación oficial por los campesinos (véase el destino de la Ley de Desarrollo Agrario), que les lleva la situación de tener que vender esos terrenos.

También me refiero al marco jurídico que permite la impunidad ante las formas de presión extraeconómica con los que las empresas transnacionales acompañan sus “ofertas” sobre esas tierras (en ese sentido, las narraciones de las comunidades son abrumadoramente similares sobre las presiones de todo tipo de operadores de las empresas para forzar la venta, llegando al uso de la violencia y  al robo de tierras).  Y al marco jurídico que permite la detención y encarcelamiento personas por crímenes que no han cometido sin el debido proceso, a partir de delitos como el de “terrorismo” o “pertenencia a banda armada” -creados contra el crimen organizado-.

¿Hay evidencia concreta de la desposesión de bienes colectivos en el caso de San Juan si esto no ha ocurrido del mismo modo por ejemplo en la planta cementera de San Miguel en Sanarate El Progreso?

Antes de empezar, hay que recordar que la desposesión no sólo se da sobre bienes colectivos (aunque una de las estrategias para aumentar beneficios es apropiarse de bienes “que no tienen “propietarios” pues “de todos” –como el agua, el viento o el subsuelo) y, de nuevo, que la desposesión no se restringe a aspectos económicos o jurídicos.

Pero en el caso de San Juan Sacatepéquez sí hay evidencia concreta de varios casos de  “desposesión de bienes colectivos”. Un ejemplo es el del cementerio de la aldea El Pilar, al que los vecinos no pueden acceder ni utilizar desde que quedó dentro del terreno comprado por
Cementos Progreso. Éste les negó el uso, y sólo se lo permitió a sus empleados. ¿Puede haber un despojo más perverso y cruel que éste?: se les despoja de la memoria, del derecho al culto, de un lugar sagrado para todos –católicos, mayas o evangélicos.

Otra desposesión de un bien común se dio cuando, en medio del Estado de prevención del año 2008, la Municipalidad de San Juan destituyó al COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) de la aldea Las Trojes e impuso uno formado por trabajadores de Cementos Progreso. Este COCODE se mantuvo por cinco años –por ley deben cambiar cada dos años- con el apoyo de la Municipalidad y Cementos Progreso; propiciando actos de violencia.[1] La presión de la comunidad obligó al cambio, y en diciembre de 2013, la Asamblea comunitaria eligió un COCODE contrario a las actividades de la cementera.

Acá estamos ante un caso de desposesión del derecho básico de elección de autoridades y representantes, base de la democracia. Se despoja del derecho a tener una voz que recoja las aspiraciones y decisiones de los vecinos de Las Trojes y se cae en la violación flagrante de la ley por parte de una autoridad pública para favorecer los intereses de una empresa privada.

Otra forma es la desposesión de las formas comunitarias de organización, labradas a lo largo de siglos de vivir en situación de dominación y exclusión. En el mismo Los Pajoques, la gente tenía acuerdos colectivos de cuidado de las tierras colectivas, basados en un orden comunal, que no excluía en absoluto los conflictos internos, pero sí encontraba formas de resolverlos. Los procesos de imposición de actividades extractivas están rompiendo con muchas de estas lógicas –como vimos desgraciadamente en Los Pajoques.

Las comunidades y organizaciones siempre han resaltado la división comunitaria como una de las razones más importantes y acuciosas para que las empresas extractivas salgan de sus territorios. Hasta el mismo alcalde de San Juan ha reconocido que los problemas en su municipio vienen de la imposición de la cementera.

Una forma más de desposesión de “bien colectivo” es la negativa implícita y explícita a tener en cuenta la voluntad de los habitantes de las comunidades afectadas, expresadas en la consulta comunitaria realizada en 2007. No hablo solo de la cuestión jurídica del alcance de estas consultas -resuelta por la CC en contra de lo que dice el Convenio 169 de la OIT-, sino del hecho político de negarles la voz y el derecho a ser escuchados por canales legales -que es lo mismo que ocurre cada vez que el Ejecutivo desconoce los acuerdos a los que se llega en las reuniones mantenidas. El despojo de la calidad de ciudadanos con derechos es una herramienta básica de la implantación de un modelo de “desarrollo” que se impone por encima de la voluntad, y sin considerar a los habitantes del territorio al cual se pretende afectar.

Todos estos casos han sido denunciados por las comunidades y sus autoridades y no han sido tenidos en cuenta ni por las dependencias estatales ni por la empresa. Cuando además se les acusa públicamente de criminales, terroristas y demás, se les está despojando de un bien básico y muy valorado: la dignidad. Y después, de la vida

Respecto a la planta cementera de San Miguel en Sanarate, desconozco cómo fue el proceso de implantación en el lugar; cuáles fueron las comunidades y territorios afectados y como ocurrió todo ello.

¿Cuál es el modelo alternativo de desarrollo para el país?

No puedo responder a esa pregunta yo solo, habría que preguntárselo a cada una de las personas o actores que han expresado su oposición al modelo actual.

Le puedo decir que al hablar de “modelo alternativo de desarrollo”, existen dos corrientes. Por un lado los que plantean el “desarrollo” como fin pero proponen alcanzarlo a través de modelos diferentes al capitalismo en su forma actual. Y por otro lado, los que buscan “alternativas al desarrollo”, porque plantean que la misma idea de “desarrollo” debe ser superada, pues está ligada a formas coloniales de modernidad, a visiones eurocéntricas del bienestar, y finalmente a un “progreso” capitalista que se basa en el despojo.

En lo que sí hay consenso y es lo que podría ser la base para las “alternativas de desarrollo para el país”, es que este modelo que está representado por la implantación de estas actividades que han llenado de conflictos, muertos y presos el país, además es injusto y depredador. Hemos llegado a un punto en que las alarmas están ya encendidas en todo el mundo y por eso se habla tanto de “desarrollo humano” y “desarrollo sustentable”.

Es injusto porque sólo asegura beneficios a unos pocos y no ha logrado llevar el bienestar –promesa básica del “desarrollo”- a todas las personas a quienes involucra. Por el contrario, a estas alturas hay datos que permiten asegurar que en toda América Latina –Guatemala incluido-, en las últimas décadas ha aumentado la desigualdad que ya es una de las marcas históricas de estas sociedades. El éxodo a Estados Unidos –menores incluidos– es una de las muestras de este fracaso.

Además, este desarrollo es depredador, pues hace tiempo ha puesto en peligro la misma existencia y reproducción de los bienes naturales de cuya transformación en mercancías depende. Y ha convertido en mercancía y está depredando también los bienes sociales y culturales de las sociedades que debían “desarrollarse”.

Además, en muchas comunidades, después de una historia de exclusión y necesidad, la gente ha generado sus formas propias de vida. Han surgido formas de agricultura, manejo forestal o cuidado de ríos que ahora descubrimos como “sostenibles”. También, ante la ausencia del estado se han generado propuestas de educación popular, salud comunitaria, economía solidaria, agricultura familiar que reflejan una idea de “desarrollo” no solamente económica. Ahora, en el proceso de defenderlas, estas formas se han ido racionalizando y dándoles nombre dentro propuestas generales como la del “Buen Vivir”.

¿Qué papel le corresponde jugar al Estado de Guatemala frente a la contraposición de al menos dos maneras distintas de ver la generación de riqueza?

Si nos atenemos a lo jurídico-legal, el Estado de Guatemala debería hacer valer y respetar la Constitución, los acuerdos internacionales firmados, y las leyes derivadas de ambos. Con eso se aseguraría por lo menos su papel en pro del “bien común” o bienestar de los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos, que supuestamente es su función.

El problema es que históricamente el Estado de Guatemala apenas ha desarrollado esta función, y eso acabó llevando a la crisis de los 80. Y después de la firma de la paz, el plan de construcción de una sociedad más justa y libre que estaba previsto, fue abandonado por los sucesivos presidentes y gobiernos. De una forma cada vez más clara y explícita, el Estado de Guatemala se ha utilizado para apoyar los intereses de unos pocos de sus ciudadanos -los que menos apoyo necesitan-, para imponer este modelo de desarrollo por encima de la voluntad manifiesta de otros ciudadanos –los que necesitan más apoyo-.

Para ello no sólo se ha retorcido la legalidad –como ocurre con la cantidad de órdenes de captura, procesos judiciales y personas presas injustamente–- sino que ha permitido que las empresas que representan este modelo actúen con toda impunidad en sus acciones ilegales –véase el caso del homicidio de Andrés Pedro en Barillas por el jefe de seguridad de Hidro Santa Cruz, hoy libre-. También ha puesto a las fuerzas de orden público al servicio de estos intereses, como en los desalojos y los Estados de sitio y excepción. Con ello se está llevando al país a una situación de conflictividad insostenible (esto no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional).

Y el miedo que tenemos mucha gente, es que todo esto se hace de una forma –ahora militarizada- y con unas justificaciones que recuerdan mucho a la creación del “enemigo interno” que se dio en los 70 del siglo pasado. Con ello, cada vez estamos más cerca de volver a un Estado contrainsurgente –cuya razón de ser es la anulación violenta del disenso político.

Todo esto nos lleva a pensar que el Estado actual en Guatemala no es ese ente creado por la sociedad para regular las relaciones sociales y buscar el bien común, como nos dijeron los clásicos del liberalismo. Cada vez se acerca más a la idea marxista de ser un instrumento de clase para asegurar beneficios por unos pocos.

http://www.contrapoder.com.gt/es/174/actualidad/1682/Acumulación-por-desposesión-el-modelo-de-desarrollo-en-Guatemala.htm

 

 


[1] En diciembre de 2013 dos concejales de San Juan fueron agredidos por personas asociadas a este COCODE, que además impidieron el paso a comunicadores independientes como los de Prensa Comunitaria. Un año antes el presidente del COCODE había participado en el ataque y amenazas a Daniel Pascual y otras gentes.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡¡No a la guerra contra el pueblo de México!!

¡¡No a la guerra contra el pueblo de México!!

El 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, México, la policía municipal de la ciudad en alianza con un grupo de sicarios armados desató una balacera en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que se manifestaban en esa ciudad y también en contra de un autobús de deportistas de Chilpancingo que se trasladaban a Iguala. Como resultado de tales hechos 6 personas resultaron asesinadas.

Esa misma noche, además, “desaparecieron” 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; algunos de los cuales fueron vistos por última vez cuando eran detenidos por elementos de la mencionada policía municipal. Hasta el día de hoy, los 43 estudiantes continúan sin aparecer, pese a los esfuerzos por encontrarlos que han desplegado sus padres y familiares, sus maestros, las autoridades comunitarias de Guerrero y un gran número de personas solidarias que no han escatimado esfuerzos por hallar a los jóvenes normalistas.

Ante tales hechos, manifestamos lo siguiente:

  1. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los estudiantes y maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa y con sus familiares quienes están sufriendo las más crueles consecuencias de la ya inocultable guerra contra la población que se abate sobre el territorio de la República Mexicana, en especial sobre Guerrero.
  2. Repudiamos la sanguinaria agresión contra los jóvenes estudiantes mexicanos de la Normal de Ayotzinapa, protagonizada por la asociación criminal entre una dependencia de la fuerza pública y grupos de sicarios armados. Lamentamos, además, que esta terrible acción en este caso exagerada en su crueldad, no es algo ajeno a la vida cotidiana que padece el pueblo de México, atrapado entre la violencia asesina y la propaganda oficial que banaliza el sufrimiento y pretende ahogar la rabia y la indignación.
  3. Saludamos el conjunto de acciones y movilizaciones por la aparición con vida de los hasta hoy desaparecidos normalistas que el día de hoy se realizarán en distintas ciudades de la República Mexicana y nos sumamos a los esfuerzos colectivos por expresar un contundente ¡¡¡YA BASTA!!! de violencia contra la población estudiosa y trabajadora, contra las mujeres y los migrantes, contra todos nosotros. Esta acción de repudio, la entendemos también como un ¡¡¡YA BASTA!!! de impunidad y de soportar la asociación criminal entre las autoridades de todos los niveles y de todo el sistema político, coludidos, todos, en esta guerra contra el pueblo de México.
  4. Hacemos votos por la perseverancia de la lucha por la aparición de los desaparecidos de Ayotzinapa y ratificamos nuestro compromiso con la necesaria movilización social que hoy se hace nuevamente presente en las calles de la República y que será lo único que pueda establecer, al fin, un límite a esta demencial violencia que se abate sobre la sociedad mexicana.

Puembo, Ecuador, 8 de octubre de 2014

Raquel Gutiérrez – México

Alberto Acosta – Ecuador

Maristella Svampa – Argentina

Edgardo Lander – Venezuela

Ulrich Brand – Austria

Tadzio Mueller – Alemania

Enrique Viale – Argentina

William Sacher – Francia

Dunia Mokrani- Bolivia

Claudia Lòpez-Bolivia

Jenny Robayo-Ecuador

Evelyn Linde – Alemania

Miriam Lang – Alemania

Karin Gabbert – Alemania

Floresmilo Simbaña – Ecuador

Gerhard Dilger –Brasil

Marilyn Daza –Perú

Esperanza Martínez – Ecuador

Catalina Toro Perez – Colombia

Tatiana Roa Avendaño – Colombia

Alejandro Mantilla Quijano-Colombia

Pilar Lizarraga Aranibar – Bolivia

Víctor Álvarez R. –Venezuela

Klaus Meschkat – Alemania

Patricia Zapata – México

Alexandra Martìnez- Venezuela

Elizabeth <Peredo – Bolivia

Emiliano Teran Mantovani – Venezuela

Elisa vega – Bolivia

Camila Moreno – Brasil

Verena Glass – Brasil

Alejandra Santillana – Ecuador

Carlos Crespo – Ecuador

Belén Cevallos – Ecuador

Pablo José Iturralde – Ecuador

Raphael Hoetmer – Holanda/Peru

Mario Rodriguez – Bolivia

Javier Gomez Aguilar – Bolivia

Raúl Prada Alcoreza – Bolivia

Pablo Bertinat – Argentina

Sandra Rátiva – Colombia

José Luis Exeni – Bolivia