Archivos diarios: 29 septiembre, 2014

Guatemala: Liberan a defensores encarcelados de CODECA, ENERGUATE y el Ministerio Público se enredan

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Ollantay Itzamná

El 26 de junio pasado, tres defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fueron secuestrados por agentes de la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS). Luego, detenidos ilegalmente y encarcelados injustamente sin que existiera orden de captura alguna en contra de ellos. Aquel acto criminal fue consumado en la comunidad de Capellanía, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, a unos 300 Km al noroeste de la ciudad capital de Guatemala.

El encierro inmoral e ilegal de Don Mauro Vay, de 60 años de edad, defensor incansable de derechos humanos, fundador y coordinador nacional de CODECA; Doña Blanca Ajtún, defensora de 36 años de edad, madre de hijas menores, Vice Presidenta de CODECA; y Don Mariano García, dirigente local de su comunidad, demuestra no sólo el grado de corrupción en el que naufraga el sistema judicial de Guatemala, sino, sobre todo, a quién obedecen los operadores de justicia en este país donde el cumplimiento de la Ley es una excepción, y su trasgresión, una costumbre constante en el tiempo y a todo nivel.

En estos tres meses del intento del “descabezamiento” de CODECA (uno de los movimientos sociales más activos y extensos de la Guatemala contemporánea), indígenas y campesinos intentaron todos los mecanismos jurídicos establecidos para liberar a sus defensores, pero el Juez de Primera Instancia, el Tribunal de Sentencia, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad declararon improcedente todos los recursos. Las y los afiliados de CODECA, acuerpados por la expresa solidaridad nacional e internacional, se movilizaron en protesta legítima exigiendo la libertad de sus defensores, pero la prepotencia y la “capacidad” financiera de ENERGUATE pudo más que la básica racionalidad jurídica, y el elemental sentido de dignidad y soberanía guatemalteca.

Así fue cómo estos tres heroicos defensores de derechos soportaron con tesón y dignidad los 93 días de humillante encarcelamiento injusto. Día tras día, semana tras semana, empobrecidos indígenas y campesinos los frecuentaron en las cárceles. Unas veces, llevándoles comida. Otras veces, noticias sobre la situación de la organización. Y otras, únicamente en silencio, para nutrirse de las palabras sabias de sus defensores mayores presos, a quienes jamás se los pudo quitar la libertad interior. Incluso se vieron, por momentos, a embajadores de estados europeos, a defensores internacionales de derechos humanos, frecuentándolos en los presidios, porque el sentido de humanidad y la defensa de los derechos no sufren fronteras.

Los liberan al no poder fabricarles pruebas, pero los ligan a proceso penal

Cumplido el período de la investigación concedida al Ministerio Público (MP), el día lunes 29 de septiembre se celebró la audiencia intermedia donde el Juez declaró la libertad bajo fianza a favor de los secuestrados-encarcelados, y trasladó el caso al Tribunal de Sentencia, aunque el expediente conclusivo de la investigación del MP, de cerca de 300 páginas, no muestra ningún elemento probatorio convincente, mucho menos el cuerpo del delito, que ligue a los acusados con los delitos de estafa y actividades en contra de la seguridad interna de la nación.

En el sistema judicial de Guatemala aún rige el principio de vox domini vox Dei (la voz del patrón es la voz de Dios), por eso el juez de Primera Instancia de Huehuetenango no se atrevió a sobreseer a los defensores, porque ello significaba desobedecer la voluntad de ENERGUATE. Eso sí, la empresa extranjera exigía cárcel permanente para los defensores detenidos, o un millón de quetzales (cerca de 125 mil dólares) por la libertad condicional de cada uno de los defensores encarcelados. Pero los abogados defensores, jurisprudencia y Ley en mano, obligaron al juez establecer una  fianza económica de 20 mil quetzales (cerca de 2,500 dólares) por cada uno de los defensores encarcelados.

Lecciones que dejan este secuestro y encierro de defensores de derechos

En la violenta Guatemala neoliberal, el ejercicio de la defensa de derechos es una de las dedicaciones más peligrosas. Especialmente cuando los anti sujetos o predadores de derechos son corporaciones internacionales. Éstos avaros son capaces de demoler cualquier estructura jurídica, por más sólida que ésta fuese en su constitución ética, cuando sus intereses económicos peligran.

Si las y los defensores de derechos se articulan entre sí, a nivel nacional e internacional, tejiendo multicolores redes de solidaridad efectiva, el nefasto principio de vox domini vox Dei no siempre tiene cabida. Si las comunidades organizadas, ante el secuestro y encierro de sus defensores mayores, lejos de desbandarse perseveran, profundizan y amplían las luchas, entonces, con el tiempo, las voces y las voluntades de los pueblos son la voluntad de los dioses/as. La criminalización y judicialización de las luchas sociales desgastan momentáneamente a los movimientos sociales, pero también los fortalecen a la larga.

La cárcel de los patrones no come, ni corrompe a la gente digna. Mucho menos a defensores de derechos convencidos de su misión. Don Mauro, Doña Blanca y Don Mariano, al igual que muchos otros heroicos defensores/as encarcelados, convirtieron la prisión en una escuela de resistencia creativa para sí y para los demás. La espiritualidad y la mística fecunda de la resistencia de las y los empobrecidos y saqueados son el baluarte infranqueable contra el cual no pueden hacer nada los heraldos de la muerte.

Finalmente, cuando nuestras luchas sociales están fundadas y orientadas en los derechos humanos y los derechos de nuestra Madre Tierra, la razón y la moral nos asiste. Ellos, los demonios de la muerte, podrán prostituir a operadores de la justicia. Podrán acopiar ingentes ejércitos de agentes civiles y militares para anularnos. Podrán tener toda la fuerza física y el dinero del mundo. Pero, mientras haya defensores con conciencia Tierra y humana, jamás podrán derrotarnos/as.

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No te duermas, que el dinosaurio todavía está allá

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Manifestación pacífica en contra de la militarización de las comunidades. Santa Fe Ocaña. 30 de junio de 2012.

Claudia Korol – Feminista inconveniente. Integrante del equipo de educación popular pañuelos en rebeldía.*

Fue el cuento más breve y más conmovedor, el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió en 1959:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

El microrrelato brevísimo condensa una larguísima historia de dolores, de masacres que continúan, amparadas en el racismo impuesto por la violencia capitalista colonial patriarcal. Todavía sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra piel las miradas de las mujeres ixiles denunciando la violencia sexual, como parte de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura encabezada por Ríos Montt. Todavía sentimos las voces de las mujeres xincas de las montañas de Jalapa, denunciando el estado de sitio impuesto para defender los intereses de las corporaciones de la minería.

“No te duermas”, digo, que el dinosaurio todavía está allá. No te duermas, porque las masacres siguen enlutando a los pueblos de esa franja de territorio nuestroamericano, y si miramos a otro lado sellaremos complicidades entre silencios que también exudan un racismo que vuelve selectivas las solidaridades.

Este relato no será tan breve como el de Monterroso, porque hace falta decir lo que la prensa oficial calla. Y porque están silenciando a los comunicadores y a las comunicadoras indígenas que nos hacen llegar la información, apresándolxs o iniciándoles procesos judiciales en su país (como hicieron con Norma Sancir, detenida cuando cubría el desalojo de las comunidades chortís en Chiquimula).

Entre el viernes 19 de septiembre y el sábado 20 de septiembre, en la Comunidad Los Pajoques, de San Juan Sacatepéquez, fueron masacradas 8 personas, y hubo más de una decena de heridos. Este conflicto se inscribe en las muchas resistencias contra las políticas extractivas.

En el 2006 la empresa Cementos “Progreso” decidió construir proyectos cementeros sin consultar a las poblaciones indígenas y comunidades de resistencia que residen en esos territorios. “Progreso” se llama la cementera. También podía haberse llamado “Desarrollo” o “Civilización”. Esos son los nombres que eligen los brutales colonizadores de estos tiempos para sus espejitos de colores.

Pero las comunidades ya no son las mismas. Más de cinco siglos les enseñaron que ese progreso se pinta con la sangre de sus pueblos. En el 2011, el caso fue expuesto por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Las comunidades denunciaron que las medidas del presidente Otto Pérez Molina, renuevan el genocidio contra los pueblos mayas, recurriendo a la violencia, al estado de excepción, cada vez que los intereses empresariales se ven afectados o amenazados.

En julio del 2013 Cementos “Progreso” inició las obras para una planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2017.

En un comunicado conjunto firmado recientemente por las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia en San Juan Sacatepéquez, se explica que desde “el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado, la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas. Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó a cabo, a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la macha. El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición”.

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Las mujeres Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez en resistencia pacífica para la inauguración de la planta cementera San Gabriel. Julio 2013.

Las Comunidades en Resistencia denuncian que la Empresa Cementos Progreso ha utilizado recursos como la compra de voluntades de vecinos, para emplearlos en su sistema de seguridad, y en oficios destinados a convencer sobre los beneficios de su proyecto, llegando desde la coacción y la represión, incluso a nombrar falsas autoridades comunitarias. Señalan que estas prácticas están en el origen de la masacre de septiembre de este año.

Después de la masacre, el gobierno de Guatemala intervino decretando el Estado de Prevención en la región (un Estado de Sitio con otro nombre). Se suspendieron sin aviso previo (lo que corresponde de acuerdo a la legalidad de ese país) las garantías constitucionales. El lunes 22 de septiembre a las 6 am el Ejército ya estaba en las aldeas, y luego fue publicado el decreto 6-2014. Según las comunidades, lejos de resguardar la seguridad como proclaman, amparados por el estado de prevención, la gente de la cementera está falsificando escrituras, inventando títulos y presionando a la gente para vender sus tierras. Denuncian también que son los promotores de la empresa los que mataron a los vecinos. Denuncian que los muertos son compañeros que pertenecen a la lucha contra la cementera, y que quedan niñas y niños huérfanos.

Señalan observadores internacionales, que “quienes estuvieron a cargo de perpetrar esa masacre fue gente entrenada en producir la muerte, de la misma forma en que lo han hecho los militares guatemaltecos durante la dictadura”.

Posteriormente el Ejército entró en las casas allanando las viviendas, produciendo destrozos, acusando a los dirigentes comunitarios de terroristas, deteniendo a varios de ellos. Ponen como ejemplo el caso de José Pajoc, que está preso, padre de un joven asesinado y de dos jóvenes heridos. “Don José pasó por el hospital, la morgue, y ahora está en la cárcel”, dicen los comuneros. También denuncian que el Ejército obliga a las niñas y niños a dar los nombres de las autoridades comunitarias, violando abiertamente los derechos de la infancia. Se emitieron así numerosas órdenes de captura.

En medio de este clima de terror, se continúan las obras de construcción del Anillo Regional, que es clave para la culminación de los objetivos de la Cementera.

Las Comunidades en Resistencia exigen al Estado de Guatemala la suspensión inmediata de la licencia otorgada a Cementos Progreso por alterar la paz y armonía en San Juan Sacatepéquez, dilucidar las responsabilidades, y demandan al gobierno suspender inmediatamente el Estado de Prevención, poner fin a la judicialización de las demandas comunitarias, a la persecución legal y política y el respeto al consentimiento libre de la población.

En Guatemala, el genocidio de los pueblos continúa. Pero también es fuerte el silencio. Este cuento debe terminar. Tal vez la masacre de Sacatepéquez, tal vez la sangre indígena derramada una vez más en defensa del territorio, de los bienes comunes, nos convoque para que en cada uno de los países en los que la colonización dividió el continente, se hagan oír las voces de un coro polifónico de resistencias.

“Si tocan a uno, si tocan a una, tocan a todos y todas”, dijimos en nuestra rebelión argentina de diciembre del 2001. Las políticas extractivistas pueden tener la forma de una cementera, de una Monsanto, de una minera. Pero todas tienen el mismo color: el de la sangre de los hijos e hijas de la tierra. Es hora de ensayar una vez más nuestros ¡Ya Basta!

Claudia Korol, 28 de septiembre, 2014. Argentina.