Archivos diarios: 24 septiembre, 2014

¡Atención, ruta peligrosa!

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Pido a los oficiales del Ejército no voltear su fuerza en contra de la población.

Miguel Angel Sandoval

En pocas semanas llegamos al aniversario 18 de la firma de la paz. Hoy no parece que la misma haya tenido lugar. Nos deslizamos a ojos vistas a escenarios de conflicto muy agudos, al grado que Amnistía Internacional anuncia derramamiento de sangre en nuestra patria. Por ello quiero hacer un llamado urgente a los sectores políticos del país para hacer un alto de reflexión y no seguir en la pendiente represiva en que nos encontramos.

Lo hago como negociador del proceso de paz desde el inicio del mismo. Por ello creo que las mejores expectativas del proceso se están perdiendo, o ya se perdieron. Con ello el daño al país es demasiado grande. Son oportunidades que se nos han ido de las manos como nación. En gran medida por la voracidad y ceguera de sectores de poder, por la torpeza de la clase política, por la displicencia de sectores sociales, por la mediocridad de las elites.

La agenda que vio la luz el 29 de diciembre parece olvidada. Pero la sociedad supo que existían derechos sociales y políticos y por ello es que ahora se organiza, demanda, lucha. Es lo que explica más de 70 consultas comunitarias para poner alto a las empresas extractivas y el modelo que las avala, igual que la demanda nacional por la derogatoria de la Ley Monsanto.

Ello debería tener como contraparte un ejercicio del poder alejado de la corrupción y de la fatuidad, un ejercicio vinculado a los más grandes objetivos del país y no pequeñas agendas personales. Hoy no hay proyecto nacional. La nación se encuentra a la deriva, las ocurrencias actuales son para recortar derechos no para profundizar el ejercicio democrático. Nos parecemos más a una dictadura no a una democracia. El Estado no merece tal despropósito.

Preocupa el silencio de Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú, Álvaro Colom, Julio Balconi, Héctor Rosada y otros que fueron parte del proceso que buscaba la construcción de la paz que se nos escapa como agua de las manos. Estamos a punto de entrar en una dinámica de destrucción del país y los pocos espacios democráticos que se han podido construir en estos años. No lo permitamos.

De la misma manera que hago un llamado a la clase política a reflexionar, a las elites a cambiar su abulia para pensar en el país, es que también llamo a los oficiales del Ejército a no voltear su fuerza en contra de la población, que no sean utilizados para avalar medidas antidemocráticas. Su función es otra, lo mismo que la de la Policía Nacional Civil. No podemos aceptar más derramamiento de sangre guatemalteca. El país ya pagó y muy caro, su deseo de vivir mejor.

Publicada en El Periódico.

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Periodista Norma Sancir: Pronunciamiento de Front Line Defenders ante su detención temporal

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Guatemala – Detención temporal, y posterior liberación, de defensores de derechos humanos tras manifestaciones pacíficas contra actividades mineras

Los defensores de derechos humanos, Sra Norma Lila Sut Sancir y el Sr Carlos Alfredo Juárez Díaz, fueron liberados el 22 de septiembre del 2014 después de su detención en el departamento de Chiquimula, en lo que Front Line Defenders interpreta como un intento de criminalizar a los defensores y las defensoras de derechos humanos que participan en manifestaciones pacíficas contra violaciones de los derechos humanos en Guatemala. Norma Sencir es periodista y trabaja en temas relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente y la educación. Trabaja en la región Ch’orti’ en la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ “Nuevo Día” (CCCCND) y también forma parte del equipo de Prensa Comunitaria desde el 2013. Carlos Juárez es miembro de la CCCCND y de la red Católica AMERINDIA. El 22 de septiembre del 2014, aproximadamente a las 20:00 horas, Norma Sancir, Carlos Juárez y tres miembros de la comunidad indígena Ch’orti fueron liberados, después de tres días de encarcelamiento, cuando un juez declaró que había una falta de mérito en los casos en su contra.

El 17 y 18 de septiembre del 2014, protestas pacíficas antimineras tomaron lugar en toda Guatemala para exigir la derogación de varias leyes aprobadas por el Congreso en el último año y medio. Estas incluyen el Decreto N ° 19-2014, del 10 de junio de 2014, conocida como el “Ley Monsanto” y el Decreto N º 12-2014, del 25 de abril de 2014, que ha sido ampliamente criticado por la sociedad civil por ser un instrumento para la criminalización de quienes se oponen legítimamente a las actividades mineras y la instalación de infraestructuras mineras. Se argumenta que estas leyes también contravienen el derecho a la consulta previa recogido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Organización Consejo de Pueblos Mayas de Occidente interpuso un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para que la última ley mencionada sea derogada.

La mañana del 17 de septiembre de 2014, cincuenta manifestantes bloquearon la Carretera Panamericana. Los manifestantes forman parte de las comunidades Ch’orti’ de Jocotán, Camotán Chiquimula y La Unión Zacapa. La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó para observar el bloqueo a las 8:00 a.m. aproximadamente. Entre las 2:00 p.m. y las 2:45 p.m., alrededor de doscientos agentes anti-motínes de la PNC llegaron a la escena acompañados por tres comisarios. A las 3:05 p.m., la PNC supuestamente lanzó cinco bombas lacrimógenas contra la población. Sin embargo, los manifestantes persistieron en su diálogo con un agente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). A las 4:00 p.m., la PNC se retiró.

Se ha informado de que agentes oficiales amenazaron a los manifestantes y les acusaron de estar usando los niños, que se encontraban presentes como miembros de la comunidad, como escudos. Sobre las 11:30 p.m., los manifestantes comenzaron a volver a casa para pasar la noche. A las 5:00 a.m., el día 18 de septiembre, los manifestantes empezaron a reunirse de nuevo y fueron informados de que agentes anti-motínes venían a desalojarles.

Sobre las 7:40 a.m., los defensores de derechos humanos Norma Lila Sut Sancir y Carlos Juárez fueron detenidos arbitrariamente por agentes PNC. Norma Lila Sut Sancir acababa de salir de su casa, donde vive también Carlos Juárez. Al bajar de un moto-taxi cerca de la manifestación pacífica por el Puente Jupilingo, Norma Lila Sut Sancir estaba sacando fotos cuando se le acercaron alrededor de diez policías y le arrestaron. Dos personas intentaron intervenir para ayudar a la defensora de derechos humanos y fueron asimismo arrestados. Sobre esa misma hora, la policía llegó al hogar de Carlos Juárez para arrestarle. Cincuenta minutos más tarde, más que 150 agentes acudieron al lugar y dispersaron la manifestación utilizando gas lacrimógeno.

Norma Sancir fue acusada de incitación aldesorden público. Cuando pidió llamar a su familia, se le dijo que la comisaría no tuenía recursos suficientes. Sin embargo, cuando se ofreció a pagar paor la llamada, siguieron negándole elpermiso. El Primer Juez del Juzgado de Primera Instancia de Narcoactividad y Crímenes Contra el Ambiente de Chiquimula explicó que Norma Sancir y Carlos Juárez fueron acusados de “atentado” y “desorden público”, y ordenó que ingresaran en el Centro Carcelario Los Jocotes en Zacapa, donde pasaron tres días.

Front Line Defenders entiende que el arresto y la detención de Norma Lila Sut Sancir y de Carlos Alfredo Juárez Díaz forma parte de un intento de las autoridades de criminalizar a defensores de derechos humanos por su participación legítima en manifestaciones pacíficas contra actividades mineras en Guatemala. Front Line Defenders cree que estas acciones por parte de las autoridades tienen como objetivo causar el temor a todos aquellos que se encuentran defendiendo sus tierras y sus derechos ante los intereses de empresas extractivas nacionales y extranjeras.

Front Line Defenders insta a las autoridades guatemaltecas a que:

1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar que defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios no sean criminalizados como resultado de su participación en movilizaciones legítimas y pacíficas contra las actividades de empresas mineras;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las acciones de la PNC contra las manifestaciones pacíficas en la region Ch’orti’ con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.