Archivos diarios: 20 septiembre, 2014

COMUNICADO: DETENER LA PROVOCACIÓN Y EL TERROR

Ante varios hechos que denotan premeditación para provocar conflicto social, la Convergencia por los Derechos Humanos expone:

1. En la última semana se han producido varios hechos en los que se identifica un patrón de provocaciones encaminadas a la promoción de conflicto que justifique una acción represiva.

Destacan entre estos:

  • El miércoles 17 de los corrientes, durante la jornada de protestas organizada por movimientos de la defensa del territorio, un grupo de encapuchados intentó que los comunitarios que estaban en el cruce de Cubilhuitz-Salacuín, incendiaran las instalaciones de la Moscamed. Ante la negativa de los comunitarios, los encapuchados lanzaron piedras contra la oficina en cuestión, lo cual provocó la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual arremetió contra la comunidad.
  • El jueves 18, mientras que la Policía Nacional Civil presionaba a los manifestantes que estaban en uno de los puntos de la carretera en Camotán, Chiquimula para que terminaran la manifestación, presuntamente miembros de la seguridad dispararon en contra de los manifestantes e hirieron a varios miembros de la Policía. Eso provocó la reacción de la PNC en contra de la comunidad, al extremo de que capturó y consignó sin fundamento legal a la reportera comunitaria Norma Sancir y al laico y trabajador de Nuevo Día, Carlos Juárez así como a tres comunitarios más entre ellos, a una persona que arrestaron dentro de su propiedad, y arrojaron bombas lacrimógenas dentro de las escuelas.
  • El viernes 19 en horas de la tarde, según describen líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, en la aldea Los Pajoques, un grupo de aproximadamente 15 hombres armados, empleados de la empresa cementera que intenta instalar una planta en el área, llegó e hizo disparos al aire. Hirieron a una persona de la comunidad quien murió al ingresar al hospital Roosevelt. Otra persona más falleció por heridas de bala, en el transcurso de la tarde. La población persiguió a los hombres armados y logró retener a cuatro de estos -el resto huyó del lugar luego de haber herido a varias personas, entre ellas a los fallecidos-. La comunidad demandó la presencia de la PNC, la cual nunca llegó al lugar pese a que, según declaraciones del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) había compromiso del director mismo de la policía de llegar al sitio. La población pretendía entregar a la PNC a los cuatro detenidos, sindicados de los disparos, las heridas y la muerte de las dos personas en la comunidad.

Sin embargo, pasaron varias horas y la PNC nunca llegó a la comunidad. Ante la ausencia de autoridad estatal responsable, la conflictividad aumentó al extremo de que fueron incendiadas casas y vehículos, por grupos que no se han identificado. Finalmente, en un acto igualmente repudiable, quienes retenían a los cuatro sospechosos de los crímenes, también ejecutaron a las personas que tenían en su poder, lo que eleva a seis el número de fallecidos.

2. Llama la atención que en todos los casos, pero particularmente en el de San Juan Sacatepéquez la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras antes descrito.

3. Hace algunas semanas se señaló de la existencia de un fondo destinado a un grupo de ex miembros de las fuerzas armadas, así como civiles, que preparaban acciones en contra del movimiento social y de derechos humanos. La semana anterior, ante juez competente, el convicto Byron Lima Oliva confesó haber sido beneficiado con una vivienda obsequiada por la familia propietaria de la empresa que intenta instalar una fábrica de cemento en San Juan Sacatepéquez.

ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Condena enérgicamente la muerte de seis personas en San Juan Sacatepéquez y demanda la investigación necesaria para deducir responsabilidades en las mismas. Expresa a las familias de las víctimas sus condolencias por la pérdida de sus seres queridos.

Exige tanto a la Procuraduría de Derechos Humanos como al Ministerio Público, la investigación y análisis del patrón de acciones provocadoras identificado en los hechos de la presente semana, mismos que culminaron con la tragedia en San Juan Sacatepéquez. De igual forma le reclama deducir responsabilidades por incumplimiento de deberes a las autoridades del Ministerio de Gobernación y PNC cuya negligencia facilitó la muerte de los sospechosos de asesinato.

Requiere de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos (OACNUDH), el acompañamiento a los entes nacionales en la identificación del patrón denunciado y la integración de las redes vinculadas al mismo, dando seguimiento a las denuncias sobre las estructuras ilegales que funcionan en el lugar, realizadas hace cinco años a la CICIG.

Invita a las organizaciones y liderazgo comunitario a no aceptar acciones de provocación que buscan generar caos en detrimento del legítimo y genuino movimiento de resistencia y lucha por la defensa del territorio. Llama al movimiento social a cerrar filas en defensa de los derechos, libertades y garantías que hoy están en riesgo ante la embestida represiva del proyecto oligárquico-militar contra la democracia.

Guatemala,20 de septiembre de 2014

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San Juan Sacatepéquez: peligro de militarización y Estado de Excepción

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Por: Quimy De León

A pesar de los intentos de la comunidad de que las autoridades llegaran desde anoche para detener la agresión de paramilitares que disparaban en la comunidad y evitar una catastrofe, éstas llegaron horas más tarde. La problemática continúo. Desde horas de la mañana la comunidad vio sobrevolar helicópteros y a eso de la una de la tarde llegaron al lugar el director de la Policía Nacional Civil – PNC Telémaco Pérez, el Ministerio Público y el ministro y viceministro de gobernación Mauricio López Bonilla y Eddy Juárez, también estuvo Miguel Ángel Balcárcel del Sistema Nacional de diálogo para conversar con la comunidad y sus autoridades comunales.

Los medios corporativos han estado difundiendo la información de que el Ministro López Bonilla posiblemente impondrá Estado de Excepción[1] y así lo dijo el mismo en declaraciones a Radio Sonora. Diciendo que debia reestablecer el “orden” y que “recomendó al presidente Otto Pérez establecer Estado de Excepción en San Juan Sacatepéquez[2].” Después dijo que dejarían un contigente de la PNC en lo que decidía el ejecutivo qué hacer[3].”

Ésto es preocupante pues no supone resolver el problema de fondo en beneficio de la población. Las experiencias en otros lugares han demostrado que éstas medidas lo que buscan es no solo militarizar la sociedad sino imponer a las empresas nacionales y transnacionales en contra de la población. En Barillas en el 2012 y en Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa en el año 2013

En junio de 2008 el gobierno de Álvaro Colom instauró un Estado de Excepción que buscaba garantizar imponer los intereses de la empresa cementera y que dejó como consecuencia un sinfín de violaciones a los derechos humanos incluyendo violaciones y abusos sexuales a varias mujeres. En el año 2012 se instala la 2ª. Brigada Militar en San Juan Sacatepéquez y ahora nuevamente está la amenaza de controlar e imponer un orden militar en ésta región. Mientras tanto la población ha desarrollado una serie de acciones pacíficas y gestiones administrativas de denuncia sobre las violaciones a sus derechos humanos. También han estado anuentes y han participado en varias reuniones de dialogo con las autoridades para resolver esta problemática que lleva ya más de 11 años.

 Llamados sin respuesta

A pesar de que las constantes llamados de alerta que las autoridades comunales de la Aldea Los Pajoques y de las 12 comunidades kaqchiqueles han realizado a las diferentes autoridades y fuerzas de seguridad, sobre la presencia e intimidación de paramilitares en sus comunidades, hasta el momento no han sido escuchadas.

Éste problema social terrible que se está viviendo en la aldea Los Pajoques ha sido provocado por la presencia de la empresa Cementos Progreso a través de “promotores o trabajadores” según el testimonio de decenas de personas que viven en éstas comunidades. Ellas denuncian que estos supuestos trabajadores más tienen un papel de paramilitares y actúan con total impunidad, han llegado hasta el extremo de llegar al límite de la violencia en contra de la resistencia pacífica. Ante esta situacón el mismo alcalde de San Juan Sacatepéquez Fernando Bracamonte dijo: “Hasta que está muerta la gente el Gobierno interviene y eso es lo que a nosotros nos molesta.”[4]

Esta problemática tiene una raíz, la imposición de la construcción de una planta cementera de la empresa “cementos Progreso” y la consecuente construcción de un anillo regional, pese a la oposición de la población. También el alcalde municipal que este problema es “a causa de de las operaciones de una cementera y construcción de una carretera[5].”

[1] @sonora969. Radio Sonora a las 2:30 PM. 20 de septiembre de 2014.

[2] @RadioPuntoGT. Radio Punto. 11:00 AM. 20 de septiembre de 2014.

[3] Declaraciones en Radio Sonora.

[4] @EmisorasUnidas. 11: 54 am. 20 de agosto de 2014.

[5] @prensa_libre y @circuitosanjuan 11:00 am. 20 de agostode 2014.

San Juan Sacatepéquez: Paramilitares provocan terror y muerte

Por redacción: Prensa Comunitaria

En horas de la noche del 19 de Septiembre del 2014, paramilitares que comunitarios identifican como trabajadores y promotores de la “cementera” empresa cementos progreso, aproximadamente unos 20 hombres estuvieron provocando a pobladores de la Comunidad Los Pajoques ubicada en San Juan Sacatepéquez a través de intimidaciones y disparos al aire en la calle.

Esto hizo que la gente saliera de sus casas a las calles, para saber qué era lo que estaba pasando y controlar la situación. Los disparos continuaron, los promotores de la Cementera le dispararon a tres de las personas que habían salido de sus casas, una de ellas se encuentra fallecida en un Sanatorio de San Juan, don Juan José Pajoc Chajaj.

Ésto despertó la indignación y el malestar de la población, luego de este hecho los promotores de la cementera se refugiaron en una casa particular. En horas de la madrugada, según información de las autoridades comunitarias las personas de la comunidad rodearon la casa para evitar que los asesinos se fugaran mientras llegaban las autoridades. Y los paramilitares siguieron disparando dejando el saldo de 4 personas de la comunidad muertas, incluso uno de los promotores de la cementara murió, todos hombres, siete personas más resultaron heridas en ese mismo momento.

Desinformación y falta de atención de las autoridades

Las autoridades comunitarias desde la noche pidieron auxilio y la intervención de las autoridades Policía y Ministerio Público para que detuvieran a los asesinos, pero esto no ocurrió.

Según autoridades comunitarias: “La preocupación de la comunidad es latente, hay mucha desinformación y calumnias. Se ha levantado el rumor por parte de la cementera, diciendo que los pobladores no dejan entrar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil – PNC, ésto es una mentira, ya que un grupo de Alcaldes Comunitarios el día de ayer en la noche se dirigió a la PNC de San Juan Sacatepéquez para exigir la presencia y su intervención sobre en los hechos ocurridos, lamentablemente la PNC no accedió a llegar y los Alcaldes comunitarios tuvieron que esperar y convencer alrededor de dos horas a la policía, hasta que por fin accedió.”

El intento de llegar a la comunidad se vio frustrado ya que fueron interceptados la PNC y los Alcaldes comunitarios en la comunidad Loma Alta, por promotores de la cementera dejando un saldo de 15 heridos.

Hace ya meses que los pobladores son víctimas de asedio e intimidación, con disparos al aire constante. Además amenazan permanentemente a líderes comunitarios de la aldea Loma Alta. Sin embargo esta problemática tiene una raíz, la imposición de la construcción de una planta cementera de la empresa “cementos Progreso” y la consecuente construcción de un anillo regional, pese a la oposición de la población.