Archivos diarios: 6 junio, 2014

Crónicas de la resistencia: el proceso de rearticulación comunitaria

El siguiente texto fue publicado en Ichan Tecolotl. Órgano informativo del CIESAS num 285, mayo 2014

Para descargarlo:

http://www.ciesas.edu.mx/ichan/_archivos/2014/05_mayo.pdf

 

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Barillas, concentración por paz. Foto: Santiago Bastos

Santiago Bastos – CIESAS Occidente / Prensa Comunitaria

 Para Pancho Lartigue, in memoriam

Guatemala está asistiendo a un momento importante de organización comunitaria, que se aprecia en la movilización en defensa del territorio contra las actividades extractivas. El Estado ha respondido actualizando las formas de represión supuestamente abandonadas con el fin del conflicto armado interno.

La importancia política de este proceso motivó la formación del Equipo de Comunicación y Análisis Colibrí Zurdo, que se ha dedicado a documentar, difundir y analizar los hechos concretos y sus implicaciones de estas dinámicas.

Las páginas que siguen provienen del trabajo colectivo de investigación y reflexión de este equipo.

 

Barillas, 1 de mayo 2012

El día 1 de mayo de 2012, en Barillas – población situada en el extremo noroccidental de Guatemala- los campesinos q’anjob’ales Andrés Pedro Miguel, Esteban Bernabé Mateo y Pablo Antonio Pablo fueron baleados por personal de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía. El primero murió y los otros dos quedaron gravemente heridos. El atentado fue seguido de una declaratoria de un estado de sitio parcial en la zona por parte del Gobierno, que terminó con la detención ilegal de 12 personas y la orden captura de otras 23. Casi todas ellas son líderes de la lucha que desde 2008 mantienen varias comunidades de este municipio en contra de la intención de la mencionada empresa de abrir una central hidroeléctrica.

Después de ocho meses de prisión, los líderes retornaron a sus casas al no poder demostrarse las acusaciones que se les hicieron. Pero hoy, dos de ellos están de nuevo presos por otros delitos que tampoco han cometido, mientras los responsables de la muerte de Andrés Pedro están libres. Pese a todo eso, la resistencia pacífica por parte de estas comunidades se ha mantenido, de tal forma que la empresa no ha podido empezar sus actividades.

Este relato no es extraño en estos tiempos en Guatemala.  Nombres como San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Cotzal y Cunén, Totonicapán, Livingston, La Puya, San Juan Sacatepéquez, el valle del Polochic, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Monte Olivo y Lanquin …  y muchos más, aluden  casos en que la oposición a la instalación de mineras, hidroeléctricas, cementeras, agrocombustibles, empresas de tendido eléctrico, y megaproyectos; que han sido respondidas con represión, juicios, militarización y muerte.Pero se mantienen y crecen.

Barillas, concentración por paz. Foto: Santiago Bastos

La defensa del territorio

Hechos similares están ocurriendo en toda América Latina desde el cambio de siglo, cuando la búsqueda desenfrenada de recursos naturales, asentó en la región un extractivismo variado pero siempre depredador (Garibay, 2010). En Guatemala, la apertura del país a la economía global, y en concreto a este tipo de se convirtió en el eje de la política económica y “de desarrollo” de los sucesivos gobiernos (Solano, 2005; Yagenova 2012). Esto amenazó de forma directa los espacios de la vida cotidiana sobre los que se estaba reconstruyendo esa vida comunitaria después de años de guerra y masacres, en medio de la migración, la pobreza y el miedo. Quizá por ello, la respuesta ha sido clara y contundente.

Así lo mostraron las “consultas comunitarias de buena fe” y “consultas de vecinos” desarrolladas desde 2005 en unos 65 municipios del país (un 20% del total), movilizando casi a un millón de personas (en un país de 15 millones de habitantes). En cada lugar, con una participación abrumadora, manifestaron su negativa a que en su territorio se instalaran estas actividades. Estos resultados fueron posibles porque “las consultas” supusieron todo un ejercicio de mecanismos comunitarios de información, debate y decisión a través de las instancias comunitarias, con participación de todo tipo de liderazgos: maestros, catequistas, pastores, exguerrilleros, ex patrulleros, migrantes; y mujeres, muchas mujeres y niños (Camus, 2008; Rasch, 2012; Trentavizzi y Cahuec, 2012; Bastos y de León, 2014).

En este momento de la posguerra, estas consultas fueron un mecanismo a través del cual comunidades –sobre todo indígenas pero también mestizas y mixtas- buscaron utilizar los mecanismos políticos vigentes para ejercer sus derechos como forma de defender lo poco que les quedaba. Pero ninguno de los gobiernos ha dado validez alguna a estos ejercicios masivos de ciudadanía. Por el contrario, desde 2004 es evidente el apoyo irrestricto a todo lo que tenga que ver con inversión extranjera en proyectos mineros y energéticos. Eso no sólo ha significado leyes específicas, tratados internacionales, o apoyo político desde los tres poderes del Estado. Sobre todo, ha supuesto poner nuevamente en marcha la maquinaria represiva para defender los intereses de las empresas y sus socios y aliados.

Desde que en 2003 la gigante canadiense GoldCorp instaló la mina Marlin en el departamento suroccidental de San Marcos, en todos los lugares donde empresas extranjeras o nacionales han llegado con la intención de poner en marcha actividades extractivas, se han producido conflictos que han llevado a la población afectada, y en general a las comunidades organizadas, a organizarse contra ellas. Lo han hecho, de nuevo, poniendo en marcha mecanismos de participación comunitaria, que en este ejercicio se ven reforzados y muchas veces transformados. Pero a pesar del uso de mecanismos y vías legales, la violencia en diversos grados ha sido la respuesta tanto por parte de las empresas como del Estado. Amenazas, intimidaciones y agresiones sexuales, estados de sitio y prevención, militarización y terror, cargas policiales y desalojos, heridos y muertos, procesos judiciales y presos políticos son las caras de esta respuesta. [1]

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Autoridades Indígenas de San Juan Sacatepéquez. Foto: Nelton Rivera

Movilización y rearticulación de las comunidades

Este proceso de la defensa del territorio se inscribe dentro y está reforzando un proceso más amplio de búsqueda participación política basada en los espacios y comportamientos comunitarios. En el contexto de posguerra, ineficacia y despojo, ha habido lugares donde la gente se ha reorganizado para cubrir muchas de las tareas que el Estado se negaba a cumplir como le correspondía, y para enfrentar amenazas de diverso tipo. En ellos, “la comunidad” se ha rearticulado como espacio de participación y organización política, actualizando un comportamiento y unas instituciones históricas. Fueron sobre todo comunidades mayas del altiplano occidental, pero también se dio la xinkas del oriente, y otras mestizas distribuidas por el país.

Esto no significa que todas las localidades guatemaltecas entraran a este proceso; pero en aquellos lugares en que ha habido organización, en buena parte ha sido a partir de unos comportamientos e instituciones que podemos considerar como comunitarias: se defiende aquello que se considera común alrededor de unas instituciones y personajes que representan esta comunitariedad; y la voluntad colectiva se pone por encima de lo individual. Una frase de un joven de Barillas representa esta idea:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.[2]

Esta dinámica de nuevas articulaciones comunitarias se aprecia en diferentes procesos que se han venido dando a la vez y sucesivamente; y convive con las formas de participación y representación del sistema político oficial. Y, como éste, tampoco está exento de luchas de poder, intereses personales o violencias internas; pero cuando se dan, es dentro de una lógica comunitaria.

En algunas localidades del altiplano maya están recreándose algunas de las instancias que se habían forjado a lo largo de la historia como formas del gobierno territorial de las comunidades y que en los años 70 y 80 perdieron importancia. Al calor de los planteamientos de los derechos de los pueblos indígenas que marcaron los 90 del siglo pasado, y de los cambios políticos del fin de siglo, estas instancias fueron resucitadas, transformadas o directamente creadas, normalmente como “Alcaldías Indígenas”. Buscaban servir de espacios de participación y representación y asumir tareas históricas –como la impartición de la justica indígena (Sieder y Flores, 2012)- desde la calidad de pueblos mayas.

Quizá el caso más conocido es el de la Asociación de Los 48 Cantones de Totonicapán, que pasó de ser la institución que históricamente había manejado el agua y el bosque de este municipio, a presentarse como la “representación del Pueblo K’iche’ de Chwimekena”, manteniendo una importante legitimidad local y logrando gran presencia nacional (Ekern, 2011). Como ésta, han surgido y re-surgido un par de docenas de nuevas “alcaldías” y estructuras similares por todo el país –incluso en comunidades de colonización y reasentamiento y localidades mestizas y supuestamente ladinizadas- unificadas ahora en el “Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales”

En otros lugares, las instancias político-administrativas reformadas en los acuerdos de paz para asegurar la representación local, como los Comités Comunitarios de Desarrollo –COCODEs-, las Alcaldías comunitarias o indígenas –antes llamadas “Alcaldías Auxiliares” y las asambleas comunitarias- también fueron apropiadas para darles este sentido de espacio comunitario de participación, en vez del de último peldaño de la pirámide clientelar que se les asignó en el nuevo régimen (Bastos y de León, 2014). De hecho, así como en muchos lugares los COCODEs han sido la base de las consultas y otras formas de movilización, en otros forman parte de la red de corrupción o son la punta de lanza en contra de esta rearticulación.

Estos son los espacios e institucionalidad sobre la que se han organizado las movilizaciones contra las actividades extractivas diversas. En su funcionamiento, se complementa en los espacios locales con una densa red de espacios de participación que en conjunto, dan forma a la vida comunitaria –comités de agua y servicios, equipos de futbol, asociaciones de padres de alumnos, grupos de mujeres, grupos por la cultura maya, bases de organizaciones campesinas…-, que se están convirtiendo en espacios de una participación política que rebasa lo local.

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Autoridades Indígenas de Totonicapán. Foto: Quimy de León

La Guatemala postconflcito

Esta movilización se está dando en un momento histórico muy concreto, que marca los acontecimientos y le dota de un especial significado: ocurre después de casi medio siglo de un conflicto armado interno que tuvo su punto culminante en las masacres perpetradas por el ejército guatemalteco contra comunidades indígenas mayas a inicios de los 80 del siglo pasado. Ese conflicto, y sobre todo el genocidio que lo acompañó, llevaron a un total de 200.000 muertos y desaparecidos, el 83% de ellos mayas (CEH, 1999), en lo que supone la mayor matanza de indígenas en el siglo XX en Latinoamérica.

Las comunidades mayas del altiplano guatemalteco sufrieron en esos mismos años una serie de cambios que, como en toda América Latina, dieron paso a las primeras expresiones de lo que después serían los movimientos indígenas. El contexto de la guerra fría, el anticomunismo, y la represión, unidos al pensamiento oligárquico y el racismo impidieron el desarrollo de sus propuestas de inserción en la vida guatemalteca como fuerzas políticas indígenas (Casaus, 2008). Por el contrario, el éxito de la movilización y su alianza con las fuerzas revolucionarias en algunos lugares, fueron castigadas con la represión selectiva, la tierra arrasada y con una década y  media de militarización (Bastos, 2013).

El proceso de paz que culminó en 1996 fue empujado en buena parte por las mismas comunidades, organizadas alrededor del movimiento revolucionario o de los entonces potentes movimientos indígena, campesino, de mujeres y otras expresiones de lo que se llamó la sociedad civil. El objetivo era poner las bases de una sociedad que acabara con las causas y los efectos de este medio siglo de conflicto: la desigualdad y el racismo; la militarización, la violencia y el autoritarismo.

Sin embargo, a casi 20 años de la firma de aquel acuerdo, los resultados parecen haber sido otros (Torres Rivas, 2013). El fin del conflicto armado tomó a las comunidades exhaustas y a las fuerzas populares y de izquierdas desarticuladas ante este nuevo ciclo político. Esto permitió a la oligarquía retomar el control directo sobre la política del país, ahora sin el estigma del autoritarismo militar y contando con todo el apoyo internacional para desarrollar  políticas neoliberales que encajaban muy bien con su pensamiento criollo.

Por eso no se consolidaron los proceso políticos que se habían delineado -de hecho, ni siquiera se aprobaron los cambios constitucionales que surgieron de los acuerdos de paz- y como hemos visto, las élites se lanzaron a la inserción del país en un mercado internacional marcado por la globalización, en vez de buscar transformar las bases sociales y productivas de la sociedad.[3] Álvaro Arzú, miembro de una prominente familia criolla,  fue el presidente que firmó la paz y ratificó el Convenio 169 de la OIT, pero también fue quien promovió en 1997 los cambios a la ley de minería que abrieron el país a las empresas transnacionales del ramo (Bastos y de León, 2014).

De esta manera, para la mayoría de la población, la posguerra se ha caracterizado por la entrada de lleno en las facetas más excluyentes de la globalización, de la mano del  neoliberalismo criollo. Cuando la maquila, los cultivos de exportación y el impulso al turismo no resolvieron las necesidades más inmediatas de las familias pobres, la migración internacional entró a formar parte de la vida de los guatemaltecos de tal manera que en 15 años, más de un 10% de la población tuvo que buscarse la vida en “el Norte” promisorio.[4]

“La violencia” regresó a la cotidianeidad y las primeras planas, ahora en una forma difusa de múltiples caras ubícuas -maras, extorsiones, secuestros, linchamientos, narcotráfico, zetas, muertos en las cunetas, limpieza social– que hizo que en 2007 se llegara a los niveles de homicidios de la década de los 80 y Guatemala volviera a aparecer en los lugares estelares de las estadísticas de la muerte.[5]

Los beneficios de la democracia tampoco llegaron. Con un poder militar que se rearticuló y diversificó, y un control directo por parte de las élites económicas, las elecciones fueron perdiendo sentido, los partidos se fueron desacreditando y “la política” se ha separado de las necesidades de la gente. Ahora, forma parte de la vida cotidiana en su componente de corrupción y abuso, de clientelismo e impunidad.

Autoridades Indígenas de Barillas. Foto: Santiago Bastos ,

Autoridades Indígenas de Barillas. Foto: Santiago Bastos ,

Comunicación y análisis como tarea política

Por todo lo anterior, la rearticulación comunitaria a la que asistimos no es sólo un asunto de reflexión académica o de análisis político, es algo en que mucha gente se ha estado jugando su futuro, y ha puesto mucho de su parte, creando un proceso en que estas comunidades representan la esperanza y la energía creativa en una Guatemala que se hunde en una posguerra sin futuro. Con esa idea, nos fuimos juntado desde 2011 un grupo de gente que venía de experiencias diversas alrededor de los movimientos populares: como militantes de izquierda, trabajos en ONG, la academia, el análisis político, el feminismo; y fuimos buscando crear una forma de trabajo que sirviera para apoyar, desde nuestras capacidades, la movilización comunitaria que veíamos sin los vicios de todas nuestras experiencias previas.

El reto que nos planteamos fue hacer un trabajo político usando como herramientas la comunicación y el análisis que sabíamos hacer, tanto para entender las lógicas que regían el comportamiento comunitario, como para romper el monopolio informativo que, como fuimos corroborando, era un factor fundamental de la criminalización de estas protestas.

Así se fue consolidando un grupo que acabó tomando el nombre de Equipo de Comunicación y Análisis Colibrí Zurdo, formado por Quimy de León, Nelton Rivera, Francisco Pablo, Cristina Chiquin, Dania Rodríguez, Javier de León y su servidor. CIESAS intervino en la iniciativa a través del proyecto de investigación “Movilización comunitaria en la Guatemala neoliberal. Proceso de sistematización de experiencias de organización”, como parte de lo que en su momento se llamó “el Programa Guatemala”, al que nuestro recordado Francois Lartigue y El canche Roberto  Melville contribuyeron con un interesante diplomado con la Universidad Rafael Landívar que ya va para la segunda generación.

En el trabajo de sistematizar información, armar redes y pensar métodos, la urgencia nos ganó cuando la represión y la criminalización se tuvieron que convertir en temas tan o más importantes como lo era esa movilización que había levantado nuestras esperanzas. El trabajo se hizo más complejo y complicado, y el análisis hubo que supeditarse a las necesidades de los abogados, las familias,  enfocarse en dar a conocer una versión de lo que estaba ocurriendo diferente a lo que los medios mayoritarios contaban. Así surgió Prensa Comunitaria (http://www.comunitariapress.wordpress.com), un espacio que busca dar esa otra visión a través de  fuentes locales, entrevistas directas, artículos críticos, reportajes fotográficos, etc.

En tres años, seguramente esta página es el mayor logro, pues se ha convertido en una referencia  para los temas de movilización y criminalización en el país. Pero no ha sido el único, con todo, un pequeño equipo hemos logado sacar dos publicaciones complementarias: La voces del río, formada a partir de las historias de vida de los perseguidos políticos de Barillas, y Dinámicas de despojo y resistencia, un análisis de los procesos de movilización y criminalización de las comunidades.[6]En el pasado Congreso Internacional “Pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI”, celebrado en octubre de 2013 en Oaxaca, organizamos una mesa titulada “Comunidades y Estado en Guatemala: una relación conflictiva” en que participamos académicos y líderes comunitarios. También hay algunos capítulos de libro y artículos que están por salir. Este mismo texto forma parte de todos esos procesos surgidos del trabajo común y la reflexión colectiva. Sin ellos no se podría entender

Todo esto no ha sido ni es fácil, el recuento de logros esconde la tensión y las dificultades cotidianas, sobre todo para el resto del equipo, que está en Guatemala. Nos han tocado vivir de cerca los efectos de la represión –visitas a cárceles, audiencias judiciales, muerte de amigos-; y también sufrir amenazas de militares retirados y campañas de difamación y agresión para desacreditar el trabajo que estábamos haciendo, por envidias, intereses económicos y espacios políticos.

Marcha de la Coordinadora Nacional Indígena Waqib K'ej, Ciudad de Guatemala. Foto: Quimy de León

Marcha de la Coordinadora Nacional Indígena Waqib K’ej, Ciudad de Guatemala. Foto: Quimy de León

El futuro

En Guatemala se está dando un proceso político que nos ayuda a entender el momento en que se encuentra América Latina y lo que unos jugamos en él. Después de una guerra y una experiencia devastadora de genocidio y actualizando formas históricas, muchas comunidades –sobre todo, pero no únicamente indígenas- se están oponiendo a un “desarrollo” que una vez más les deja fuera y amenaza lo poco que les queda: el mundo de vida más cercano. En este proceso, se van transformando las mismas comunidades, acorde al contexto de globalización y política neoliberal, pero también a las nuevas formas de entenderse como pueblos indígenas y como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos.

En la defensa de lo más inmediato, estas comunidades están forjando un alternativa para todo el continente. Se han convertido en la base de una propuesta política que pretende dotar de contenido participativo a una democracia moribunda, y que busca nuevas formas de articulación con el Estado desde el reconocimiento de sus estructuras históricas como espacios legítimos de representación y actuación. Por eso es mucho lo que nos jugamos. Si el Estado logra ahogarlas, nos quedaremos sin alternativas a este capitalismo destructivo.

Concentración en Barillas. Foto: Santiago Bastos

Concentración en Barillas. Foto: Santiago Bastos

Bibliografía

Bastos Santiago y Quimy de León, 2014 Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas. Guatemala: Diakonía / Colibrí Zurdo.

Bastos, Santiago, Quimy de León, Nelton Rivera, Dania Rodríguez y Francisco Lucas (en prensa) “Despojo, movilización y represión en Santa Cruz Barillas”, en Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala Manuela Camus, Santiago Bastos y Julián López, coordinadores, Guatemala: FLACSO Funación Constelación.

Bastos, Santiago, 2013  “La emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos. Los mayas en Guatemala: la construcción de un actor y una acción política”, en Carlos Figueroa, Arturo Taracena (coords.) Historia contemporánea de Guatemala, vol III. Guatemala: FLACSO-Guatemala.

Camus, Manuela, 2008 La sorpresita del Norte. Migración internacional y comunidad en Huehuetenango Guatemala: INCEDES / CEDFOG.

Casaus, Marta 2008. Genocidio: la máxima expresión del racismo en Guatemala, Cuadernos del presente imperfecto. No 4.. Guatemala: F&G Editores

CEH 1999 Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala: Informe presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Ekern, Stern 2011 Chuwi Meq’enJa’. Comunidad y liderazgo en la Guatemala K’iche’. Guatemala: Cholsamaj

Garibay Claudio. 2010 “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual”, en Ecología Política de la minería en México. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades-UNAM.

Harvey, David  2004  “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, en http://es.scribd.com/doc/16303286/Harvey-David-El-nuevo-imperialismo-Acumulacion-por-desposesion-2004

INE 2011. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011. Guatemala: Instituto Nacional de Estadística

OIM, 2013 Perfil Migratorio de Guatemala 2012. Guatemala: Organización Internacional para las Migraciones

PNUD, 2014 “El Ascenso del Sur: Progreso Humano en un Mundo Diverso” Informe de Desarrollo humano 2013, México: Program de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rasch, Elizabeth 2012 “Transformations in Citizenship. Local Resistance against Mining Projects in Huehuetenango (Guatemala)” Journal of Developing Societies Vol 28(2): 159–184.

Sieder Rachel y Carlos Yuri Flores. 2012 Dos justicias:Coordinación interlegal e  intercultural en Guatemala. Guatemala: FyG Editores, Casa Comal y Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Solano, Luis 2005 Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder. Guatemala: Inforpress Centroamericana.

Torres-Rivas, Edelberto 2013  Revoluciones sin cambios revolucionarios: ensayos sobre la crisis en Centroamérica.  Guatemala: F&G Editores.

Trentavizi, Bárbara y Cahuec, Eleuterio. (2012). “Las consultas comunitarias de buena fe y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala”. Informe. Guatemala: CIRMA-OACNUDH.

Yagenova, Simona 2012. La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2001. Guatemala: FLACSO.

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[1] Se ha dado una progresión continua de las agresiones reportadas contra defensores de derechos humanos: 128 en 2004, 278 en 2006, 352 en 2009, 409 en 2011 y 657 en 2013. Este año se perpetraron 18 asesinatos contra defensores/as de derechos humanos, un incremento del 72% respecto a los 13 del año previo. Durante 2013 se registraron 61 denuncias judiciales  montadas contra defensores de derechos humanos  (Unidad de Defensa  los Defensores de Derechos Humanos UDEFEGUA: El Acompañante, febrero 2014, http://www.udefegua.org/images/acompanante/el%20silencio% 20es%20historia.pdf)

 [2] Entrevista realizada en Barillas, Huehuehuetenango,18 de junio 2012.

[3] La proporción de población en situación  pobreza extrema en 2011 era 13.33%, mientras que la no extrema llegaba 40.38% (INE, 2011). Guatemala ocupa el puesto 133 en el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (IDH PNUD, 2014). “Aunque ha logrado mejorar el ingreso per cápita de sus habitantes, el país mantiene una alta desigualdad que impide mejorar la calidad de vida de su población. Debido a lo anterior, Guatemala está casi en el último lugar en indicadores sociales, solo superando a Haití”” (elperiodico, 15 de marzo 2013).

[4] La OIM (2012) calcula que para 2010, un 11,4% de la población de Guatemala residía en Estados Unidos.

[5] “Para el 2008, Centroamérica registró una tasa promedio de 33 homicidios por 100.000 habitantes, tres veces más en comparación con la tasa mundial¹ y siete puntos por encima del promedio que se registra en América Latina. La situación … es entre tres y seis veces mayor en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala),” PNUD, 27 octubre 2009. http://www.undp.org.pa/centro-informacion/comunicados/centroamerica-se-ha-convertido-en-la-region-del-mundo-con-mayor-violencia/3. Para 2013,  el Instituto Nacional de Ciencias Forenses  (Inacif) daba una cifra de 6,072 homcidios, lo que suponía  que la tasa había aumentado a 39.3 homicidios por 100.000 habitantes. (http://www.elfaro.net/es/201401/internacionales/14364)

[6] Ambas publicaciones están disponibles y esperando ser leídas en la página de Prensa Comunitaria mencionada.

http://www.ciesas.edu.mx/ichan/_archivos/2014/05_mayo.pdf

Cadena Perpetua a Erwin Sperisen, jefe de la policía durante el gobierno de Oscar Berger

Por: Redacción Prensa Comunitaria

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Ilustración: Patrick Tondeux. Tribune de Géneve.

Acaba de ser condenado a cadena perpetua Erwin Sperisen en Ginebra, Suiza por haber cometido delitos contra los derechos humanos, que cometió y ordenó durante estuvo dirigiendo la Policía Nacional Civil durante el año 2004 y 2007, en tiempos del gobierno de Oscar Berger, el ministro de gobernación entonces era Carlos Vielmann

En el juicio realizado en su contra, se demostró que fue autor de la ejecución de un preso y coautor de la ejecución de seis más. La versión que en su momento habían dado las autoridades y medios de comunicación es que había habido un enfrentamiento entre los reos, esta sentencia demuestra que no fue así.

Una fiscalía suiza puso una denuncia en su contra, por estar implicado en estos asesinatos, también se investigó acerca de otros delitos como torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.

Desalojos violentos en contra de campesinos

Es preciso recordar que bajo su dirección, fue acusado de desalojos violentos en contra de la comunidad campesina “Nueva Linda“ ubicada sobre la carretera en Champerico a lo largo del kilómetro 207. En aquel entonces muchas organizaciones denunciaron la desaparición de Héctor Reyes dirigente campesino el 5 de septiembre de 2003. Un año después de ésto el 31 de agosto de 2004 las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente la comunidad y fueron asesinados 9 campesinos.

También “Durante su primer año de gestión, la tasa de homicidios pasó de ser 4.500 a 5.300. Tres años después, las cifras seguían aumentando a gran ritmo, así que en 2007, además de por el hecho de que la Policía estuviera supuestamente implicada en el asesinato de tres diputados salvadoreños, renunció al cargo tras un macabro registro en su haber de más de 6.000 muertes por año[1].“

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Fotografía: James Rodríguez. www. Mimundo.org

Otros delitos y crímenes

Según un comunicado de prensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG[2] el fiscal suizo Michel Alexandre Graber, las investigaciones que se realizaron fueron en concreto sobre:

  1. Ejecuciones Extrajudiciales sucedidas en la Finca Nueva Linda –Retalhuleu- el 31 de agosto de 2004.
  2. Homicidio de Álvaro Juárez, sucedido el 8 de julio de 2005, en Petén.
  3. Ejecuciones Extrajudiciales de los prófugos de la cárcel de máxima seguridad conocida como “el Infiernito”: Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez (3 de noviembre de 2005 en Rio Hondo, Zacapa); Hugo Humberto Ruíz Fuentes (14 de noviembre de 2005 en Barberena, Santa Rosa)  y los prófugos Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (1 de diciembre de 2005 en los Amates, Santa María Ixhuatán).
  4. Ejecuciones Extrajudiciales de siete reos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón (25 de septiembre de 2006).
  5. Homicidio de cuatro salvadoreños (19 de febrero de 2007, tres diputados del PARLACEN y su piloto).
  6. Homicidios de cuatro Agentes de la Policía Nacional Civil (Cárcel el Boquerón el 25 de febrero de 2007). Agentes PNC: Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, Marvin Langen Escobar Méndez y José Adolfo Gutiérrez.

Impunidad en Guatemala

Lamentablemente en nuestro país la constante es la impunidad y la complicidad para con funcionarios del Estado que cometen crímenes y violaciones a los derechos humanos, ya que el “Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo cerró el proceso contra el ex director del Sistema Penitenciario, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, acusado por el delito de asociación ilícita por la ejecución extrajudicial de siete reos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en septiembre de 2006.“

Oscar Berger negó las implicaciones de sus funcionarios públicamente en diciembre del 2010, cuando fueron acusados de estos delitos, el que fuera su ministro de Gobernación Carlos Vielmann y el entonces director de Presidios, Alejandro Giammattei, Además dijo que ellos habían cumplido con su responsabilidad de “forma transparente y legal aunque nunca mencionó las muertes de los reos[3].“

Esta sentencia es un respaldo para la defensa de los derechos humanos y un paso en la lucha en contra de la impunidad.

 

[1] Periódico digital Notimérica.com. http://www.notimerica.com/guatemala/noticia-guatemala-sperisen-vikingo-escuadrones-muerte-guatemala-20140602191126.html#.U5HZNuIz1Mw.twitter

[2]COMUNICADO DE PRENSA 039FISCALÍA SUIZA INVESTIGA DELITOS IMPUTADOS A ERWIN SPERISEN MIENTRAS EN GUATEMALA JUECES CIERRAN PROCESO CONTRA OTROS INVOLUCRADOS.“ Guatemala, mayo 23 de 2011. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=106

[3] Cerigua 3 de diciembre de 2010. http://cerigua.org/1520/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3Aex-presidente-oscar-berger-defiende-a-ex-funcionarios-acusados-de-ejecuciones-extrajudiciales&Itemid=16