En el Día del Estudiante Universitario, también pedimos justicia.

Oliverio Castañeda de Léon/Fotografía Mauro Calanchina

César Ramiro García

El 22 de mayo de 1920 fue fundada la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Por esa razón en Guatemala se recuerda esa fecha como el Día del Estudiante Universitario.94 años han pasado desde la fundación de la AEU y ciertamente el auge del Movimiento Estudiantil Universitario de Guatemala se aleja cada vez más en el tiempo. De su apogeo como organización al servicio del pueblo y de las luchas populares nos queda su memoria, alimentada en gran medida por el registro fotográfico que Mauro Calanchina tomara a finales de 1970.

Oliverio Castañeda de León es el ícono de la lucha estudiantil de aquella época. Era estudiante de la Facultad Ciencias Económicas y fungió como Secretario General de la AEU desde el 22 de mayo de 1978 hasta su muerte, el 20 de octubre de aquel año, cuando fue asesinado por fuerzas represivas del Estado de Guatemala a sólo 100 metros del Palacio Nacional. Su ejecución está documentada en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, como el Caso ilustrativo No. 45 y recientemente fue publicada una biografía de Oliverio escrita por Ricardo Saénz de Tejada.

Aunque pasado el tiempo Oliverio se ha convertido en un símbolo de la lucha estudiantil y popular (la AEU lleva hasta la fecha su nombre y la visita al lugar donde fue asesinado es una visita obligada de la marcha que conmemora la Revolución de 1944 todos los años) es importante decir que había dos tendencias entre los estudiantes comprometidos de aquella época: FRENTE y FERG (Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, nombrado así en honor de un estudiante universitario asesinado en julio de 1977) y ambas fueron perseguidas por las fuerzas represivas del Estado.

FRENTE fue la organización que lideró la AEU de 1977 a 1985 abogaba más por la vía electoral y FERG confrontaba al Estado de forma directa. La dinámica del Movimiento Estudiantil de aquella época fue descrita por Virgilio Álvarez en el libro «Conventos, aulas y trincheras».

En 1980 la PNC al mando del Coronel Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo, quemó la Embajada de España estando dentro los campesinos indígenas que exigían el cese de la represión en El Quiché. Varios estudiantes universitarios organizados en FERG que apoyaban la toma murieron incinerados junto a los campesinos o fueron ejecutados extrajudicialmente en los días posteriores a la matanza.

En el caso de FRENTE, además del asesinato de Oliverio Castañeda y la desaparición de Antonio Ciani, su relevo en el cargo de Secretario General de la AEU, los golpes más fuertes fueron el brutal asesinato de Aura Marina Vides, destacada líder de la Escuela de Trabajo Social, en 1981, y la desaparición forzada de 5 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la AEU en mayo de 1984. Estos últimos, aparecen en el Diario Militar, un registro que sistematiza información de inteligencia militar entre 1983 y 1985, durante el gobierno de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores, que contiene un listado de 183 personas que fueron desaparecidas, trasladadas, capturadas e incluso ejecutadas por agentes del Estado.

La represión a la Universidad de San Carlos no se limitó a sus dirigentes estudiantiles sino que alcanzó a decenas de trabajadores y catedráticos. El Estado llegó al punto de allanar la Ciudad Universitaria, cuya autonomía debía respetarse, el 3 de septiembre de 1985. La sucesión de acciones represivas en contra de los estudiantes terminó con la ejecución extrajudicial y desaparición de los miembros de la Junta Directiva de la AEU en agosto 1989, registrada en el informe de la CEH como el Caso Ilustrativo No. 30.Para los sobrevivientes de los años más cruentos de la represión estatal, la justicia no termina de llegar y aunque el contexto político actual supone ser de mayor apertura, lo cierto es que muchos líderes populares siguen sufriendo persecución y muerte desde el día mismo de la firma de la paz entre el gobierno y la URNG en 1996.

En relación con el juicio por genocidio seguido contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez y con la represión a los estudiantes universitarios durante el auge del Movimiento Estudiantil, es necesario mencionar algunos hechos relevantes

Si bien el juicio mismo está entrampado en este momento debido a la complicidad entre los abogados defensores de los ex militares y algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hay que resaltar que acaba de ser confirmada la sentencia de 70 años de prisión para Pedro García Arredondo (exjefe del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional y uno de los principales implicados en la quema de la Embajada de España en 1980), culpable de la desaparición, en 1981, de Édgar Enrique Sáenz Calito, estudiante de Agronomía de la Universidad de San Carlos.

Sin embargo, otro de los mayores responsables de la desaparición y ejecución extrajudicial de cientos de estudiantes es precisamente Mauricio Rodríguez Sánchez, entonces jefe de la Dirección General de Inteligencia, G2, quien inexplicablemente fue absuelto en primera instancia de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal A de mayor riesgo.

Hay quien dirá que la persecución de líderes estudiantiles, sindicales y populares de las zonas urbanas de Guatemala poco tienen que ver con el genocidio cometido contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983. Sin embargo, el momento de mayor represión hacia los pueblos indígenas de Guatemala y hacia los líderes urbanos coinciden, así lo confirman los hallazgos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, FAFG, en el cementerio de La Verbena, zona 7 de la ciudad de Guatemala y esta gráfica elaborada por Paul Kobrak para su estudio sobre la organización y represión a la Universidad de San Carlos.

 

Total de asesinatos y desapariciones de universitarios, 
por año, de 1954 a 1996

 

 

El objetivo principal de la represión estatal durante las décadas pasadas era sembrar el miedo a la participación política en quienes son excluidos por el sistema. Esa política de Estado fue parcialmente exitosa, como lo muestran el apoyo de las capas medias urbanas al proyecto político de la «mano dura» pero, cada vez, más surgen voces de descontento, sobre todo desde las luchas campesinas y por la defensa del territorio, incluso de organizaciones tradicionalmente conservadoras como los 48 cantones de Totonicapán (que sufrieron la masacre de 6 de sus miembros en una manifestación el 4 de octubre 2012) y el Parlamento Xinka (cuyos municipios siguen bajo un Estado de Sitio ilegal).En las últimas semanas quedó claro que la élite económica, política y militar guatemalteca no está dispuesta a ceder en relación con las reivindicación de los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes. Sin embargo en su ceguera ideológica poco a poco han ido perdiendo la disputa por la memoria, en tanto que la suya es una memoria en la que pesa la vergüenza por haberse hecho de recursos económicos a base de crímenes cuya magnitud en todo el mundo es únicamente negada por ellos. Y aunque han desplegado todo el andamiaje del poder ejecutivo, legislativo, judicial y mediático, se ha hecho cada vez más evidente para miles de personas que al intentar detener el juicio por genocidio se intentan defender a sí mismos y no a los dos acusados.

Mientras tanto, la memoria de quienes lucharon por la libertad en Guatemala y fueron cruelmente masacrados, ejecutados, desaparecidos o perseguidos sigue en pie de lucha por que se haga justicia en Guatemala, no únicamente desde los órganos jurídicos, sino desde las estructuras económicas y políticas del país. Ese es el sentido de recordar hoy lo que pasó hace 35 años: garantizar que no se repita y mantener vivo el objetivo por el que miles de personas ofrendaron su vida. Porque como reza uno de los murales pintados por Arnoldo Ramírez Amaya en la Ciudad Universitaria, la revolución no se hace con el culo pegado a un escritorio.

Nota: Este artículo fue publicado en Prensa Comunitaria en mayo del 2013.