La sentencia de genocidio y la persistente presencia del racismo en Guatemala.

exposicion 3

Santiago Bastos – Prensa Comunitaria [1]

Para cerrar la semana en la que recordábamos que hace un año se emitió la sentencia que condenó al general Ríos Montt por genocidio y el delito deberes contra la humanidad, reconociendo así estos delitos de lesa humanidad en la actuación del ejército y del Estado de Guatemala a principios de los 80,  el Congreso de la República emitió una insólita resolución que negaba la existencia del genocidio en este país.[2]

Fue un burdo intento de poner punto final a uno de los asuntos políticamente más importantes y espinosos heredados de “la paz”; que se sitúa en la línea de los acontecimientos que siguieron al fin del juicio, cuando la Corte de Constitucionalidad retrotrae el proceso a instancias del CACIF. Todas estas acciones muestran que la relación entre el racismo y violencia de Estado que demostró en aquellos aciagos años, sigue presente ahora, tantos años después.

El genocidio en el proceso de paz

Para tratar este asunto, vamos a empezar en un punto intermedio en la historia: esos acuerdos de paz que terminaron con el conflicto armado. En aquel proceso, racismo y violencia, dos elementos fundamentales de la sociedad guatemalteca y el conflicto en concreto, fueron tratados de forma separada.

Por un lado, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos  Indígenas reconoció la discriminación étnica, pero la resolvió de una forma muy acorde al multiculturalismo del momento: otorgando algunos derechos culturales, pero negando los referidos al espinoso tema de la propiedad de la tierra y la autonomía política. Y desde luego, sin hacer ninguna mención al hecho de que las masacres y la tierra arrasada se habían centrado en territorios mayas. De la misma manera, en los acuerdos referidos a la violencia sufrida y ejercida –el de Derechos Humanos, Reasentamiento, Desmilitarización, la misma amnistía- tampoco hay mención alguna del hecho de que la mayoría de las víctimas de la represión brutal y generalizada fueran comunidades indígenas arrasadas por una política sistemática de muerte.

Hubo que esperar a la publicación del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999 para que esta relación entre racismo y violencia de Estado, este hecho tan evidente en la historia, en los recuerdos y en las imágenes, encontrara un sustento. Ante los datos tan contundentes como de que en los años registrados habían muerto o desaparecido más de 200.000 personas, de las que el 83% eran indígenas y que el 93% habían sido ocasionados por el Ejército u otros cuerpos de seguridad, no había mucho que decir.

No se trataba de las bajas producidas en el conflicto entre dos partes, era otra cosa. Era el resultado de una política sistemática de exterminio por parte del Estado, era la mayor matanza de población indígena perpetrada en América Latina en el siglo XX. Eso es un genocidio.

Ése fue el mérito del informe de la CEH en este aspecto: permitió llamar por su nombre a algo que no había sido oficialmente reconocido. Seguramente por esa indefinición en el momento de los acuerdos, causó tanto revuelo algo que ya se sabía; y que si hubiera sido resuelto entonces, quizá no hubiera obligado a todo esto.[3]

La contundencia de las cifras no dejaba lugar a dudas respecto a la dimensión étnica de las masacres y la muerte planificada. Por ello, aunque ahora pueda sonar redundante, hay que insistir en que este episodio trágico, este momento de horror no se puede entender sin el racismo. Yo siempre he advertido contra del uso acrítico y generalizado del término “racismo”. Habla de algo tan importante que hay que usarlo con propiedad para que no pierda su fuerza analítica y política. Pero en este caso no creo que quepa ninguna duda.

Si tenemos en cuenta la definición clásica de Memmi de racismo como “la valorización generalizada y definitiva de una diferencias, reales o imaginarias… con el fin de justificar sus privilegios o su agresión”,[4] no se puede usar otra palabra para hablar de una ideología, de unos comportamientos y estrategias que permiten matar a cientos de miles de personas porque se les considera un “enemigo interno” -en el caso del genocidio perpetrado contra el pueblo ixil, por ser indígenas.

La planificación de las masacres como una estrategia militar no deja lugar a dudas sobre la voluntad de exterminio de esas comunidades de “indios comunistas” que amenazaban el orden.[5] Con esta justificación masacraron a miles  de hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niñas y niños, todas ellas población civil desarmada, no sólo ixiles, sino achi’s, q’anjobales, akatekos, kaqhikeles y muchos más

La sentencia y el racismo

Tras esta constatación, el juicio celebrado hace un año y la sentencia referida al caso de los ixiles, mostró la posibilidad de cerrar el debate en torno al genocidio ocurrido a inicios de los 80, y acallar las voces que con argumentos más políticos que jurídicos o académicos lo negaban.

Y no me refiero sólo a la sentencia –un ejercicio jurídicamente impresionante en sus más de 700 páginas. Me refiero a que en los más de 50 días que duró el juicio –y que se reflejan en esas páginas-, de la mano de hombres y mujeres que actuaron como testigos y peritos, el genocidio fue quedando desgranado, desmenuzado en cada una de sus acciones, al mostrar una por una las formas en que se dieron estas acciones de muerte sobre personas civiles desarmadas . Permitieron demostrar que hubo una planificación militar de las masacres; cómo se utilizó el terror y el miedo; cómo el abuso sexual contra las mujeres  fue sistemático; todo ello contado y referido por quienes  los habían padecido –y con algún apunte por parte de quienes lo habían ejecutado.

Ante tal avalancha de información pormenorizada ¿cómo negar la calidad de extermino sistemático de la población ixil supuestamente levantada? Este juicio no sólo nos demostró que hubo genocidio: nos mostró cómo se ejecutan los genocidios y quiénes los perpetraron  –quizá por ello la única forma de invalidarlo era acudiendo a una de las güizacherías propias de los abogados grises acostumbrados a los juegos torcidos.

También fue muy importante este juicio, porque puso nombres y apellidos y puso caras a las personas de carne y hueso involucradas en todos estos hechos. Por un lado, puso caras, rostros, lágrimas y sonrisas a los y las testigos, verdaderos protagonistas de todo el proceso, cuyas fotografías recorrieron el mundo entero, retornando con ello la centralidad de “lo maya” a estas personas de carne y hueso,  nombre y apellido, que sobrevivieron los horrores de la muerte.

Y el juicio también sirvió para avanzar en algo a lo que la CEH renunció: dar nombres,  poner caras a los responsables de todas estas atrocidades. Quizá eso fue demasiado,  y ahí es donde el juicio por genocidio sirvió para mostrarnos cómo pese a declaraciones y firmas de paz, pese a testimonios e informes, funcionarios internacionales y dependencias gubernamentales, el racismo sigue presente en la vida política de Guatemala y siempre asociado a la violencia de Estado.

El juicio sirvió para conocer y dar a conocer a los responsables directos de las prácticas genocidas. De hecho, se ha dicho mucho que el juicio se torció cuando un tal “Mayor Tito Arias” fue nombrado de forma explícita como responsable de la represión en Nebaj. Eso ya pasaba a un nivel de responsabilidades individuales de personas en activo –y muy activas.

Pero también se ha dicho –el mismo CALDH así lo hace- que un momento fundamental y por ello crítico en relación a la declaración de nulidad por la Corte de Constitucionalidad; fue el peritaje desarrollado por Marta Casaus. Y lo fue porque en su intervención, ella mostró cómo las acciones genocidas desarrolladas contra los ixiles –y de ahí contra cualquier otro pueblo- no fueron resultado de una mente enferma ni de una conducta desviante, ni siquiera de una estrategia militar desesperada; sino que fueron el fruto de una ideología que rige todo el comportamiento social de nuestro país: el racismo. Por eso mucha gente no se quejó o directamente no se enteró de lo que pasaba en el altiplano aquellos años: era algo que –por duro que parezca- entraba en la normalidad, lo “natural”. El genocidio no era una anomalía, sino la máxima expresión de una forma de entender y  organizar la sociedad, siempre necesitada de la violencia para mantener su orden: el racismo.

Porque, y esto es lo importante, el racismo y la violencia que conlleva, son medios para mantener los privilegios de unos pocos sobre las mayorías. Y lo que Marta Casaus mostró es que además de los responsable materiales directos, habían quienes se  beneficiaban directamente de tanto terror y tanta maldad. Como nos mostró Plaza Pública en esos días, algunos de ellos también habían puesto su granito de arena en las acciones directas.[6]

Lo importante es que como grupo, como sector dominante en la historia de este país, habían provocado ese genocidio cuando sintieron que su situación de privilegio se veía amenazada. No les importó que finalmente en este país murieran 200.000 personas, que 400 aldeas desaparecieran, que miles de mujeres fueran violadas, que un millón de personas tuvieran que salir de sus casas, con tal de mantener un sistema en que solamente ellos y ellas han salido históricamente beneficiados. Por eso han hecho todos los esfuerzos por cortarla posibilidad de seguir con la vía jurídica que podía llegar hasta ellos.

La persistencia del desprecio por la vida y la violencia de Estado

En la actualidad, treinta años después de aquella barbarie, siguen dispuestos a mantener sus privilegios por encima de la verdad, o la justicia, como siempre ha sido.

Hablando de este tema, un político vinculado a estructuras gubernamentales, me dijo que él pensaba que en momentos de transición como el que vivíamos en Guatemala, la verdad, la justicia y la reconciliación no podían ir juntas; y que según él había que privilegiar la reconciliación por encima de las otras dos. Esta actitud es un ejemplo claro de cómo el pensamiento oligárquico debe bastante de su poder al hecho de ser compartido y apropiado por quien no se beneficia directamente de él –este político no proviene de ese sector ni goza de sus privilegios-.

Pero sobre todo muestra la base racista de ese pensamiento y las acciones que conlleva: ¿de qué “reconciliación” se puede hablar si se basa en negar la justicia a quienes han sido masacrados e históricamente humillados? ¿entre quiénes será la reconciliación si niega la dignidad y el derecho a la verdad de quienes fueron mascarados, torturados, violadas, expulsados? ¿han preguntado a las víctimas y sus familias si están de acuerdo con esta idea?

Este desprecio por la verdad histórica y sobre todo por la mayoría de la población que está detrás de estas palabras, siempre como forma de mantener la situación privilegiada de unos pocos, es la misma que estuvo detrás –delante, a los lados, encima- de las actuaciones del CACIF y de la Corte de Constitucionalidad en las semanas siguientes a la sentencia con la que finalizó el juicio. Estas acciones en que se volvió a mostrar el desprecio por la gente, por los indígenas y por todas las víctimas, fueron una demostración de poder e impunidad, un acto de violencia simbólica que actualizó de golpe toda la violencia de treinta años atrás. De nuevo, racismo y violencia del Estado aparecen juntas.

Y no sólo en estas acciones. El mismo desprecio por la vida de las personas, las comunidades y los pueblos que permitió el genocidio en los 80 y se expresó en la resolución de la Corte de Constitucionalidad hace casi un año, es el que está detrás de la forma en que los últimos gobiernos están tratando  las demandas que surgen de las comunidades –muchas de ellas, las mismas que fueron arrasadas hace 30 años-.

La forma en que se han negado a reconocer la capacidad de las comunidades para decidir su futuro, acusándolas como siempre de estar manipuladas en las consultas comunitarias y vecinales y en todas las acciones emprendidas para defender el espacio de vida que les queda. La forma de tratar a líderes y a todas las personas movilizadas como delincuentes, terroristas y acabar disponiendo de su vida y su libertad en juicios que son burlas a la justicia. La persecución, hostigamiento y muerte de ellos de una forma sistemática y planificada.

Todo ello nos vuelve a hablar del desprecio absoluto contra esa población que es mayoritaria en el país, de la negación de su calidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas. De nuevo es racismo, y de nuevo lleva aparejado la fuerza del Estado contra aquellos que cuestionan las actividades y políticas que sólo benefician a unos pocos, los mismos que desde hace siglos han manejado la maquinaria estatal únicamente para mantener sus intereses.

Como nos recordó la sentencia emitida hace un año ahora y las reacciones que la siguieron –terminando en esta resolución del Congreso que Alfonso Porres dice que “mi cabeza no alcanza a definir tan espléndida argumentación de nuestra realidad” [7]-, y como podemos comprobar en las noticias que nos llegan de Monte Olivo, de San Rafael Las Flores, de Huehuetenango y de muchos más lugares, en Guatemala el racismo sigue estando en la base de una violencia multiforme que el Estado usa para mantener unos privilegios y que buena parte de la sociedad mantiene para sentirse parte de esos pocos.

[1] Basado en el texto preparado para el Simposium “Dignificando la verdad de los pueblos”, 9 de mayo 2014.

[2]http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Genocidio-negado-legisladores_0_1138086211.html

[3] No es difícil pensar en por qué no se trató: finalmente era un acuerdo entre cúpulas de unas partes en conflicto, sin la participación de la población o sociedad civil como tanto se argumentó en esos años.

[4] Albert Memmi (1972) El hombre dominado. Un estudio sobre la opresión. Cuadernos para el Diálogo. Madrid.  

[5] La pregunta de si esta brutalidad fue por sumarse a las guerrillas, o por el mero hecho de levantarse ellos mismos, desde entonces ha provocado un fructífero repaso a las relaciones entre estos dos actores, y dejando bastante de lado la versión de “entre dos fuegos” que algunos actores quisieron manejar alrededor de la idea de genocidio.

[6] “Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra”, Martín Rodríguez Pellecer, Plaza Pública, 21 agosto 2013. http://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra.

[7] “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”, Alfonso Porres, Prensa Comunitaria 17 mayo 2014

 

 

 

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Publicado el 20 mayo, 2014 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. 2 comentarios.

  1. julio rolando santiz gutierrez

    tenemos que luchar pacíficamente para que se respete nuestra constitución política y que la verdad , la justicia imperen en nuestra guatemala

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