Archivos diarios: 20 mayo, 2014
Boletín urgente: incursión militar en Aldea B´ontaq de Barillas y en Yich K’isis en San Mateo Ixtatan.
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
La irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales sigue siendo la constante en el territorio norte de Huehuetenango. Pues el el ejército de Guatemala realiza una incursión en comunidades del municipio de Barillas y en San Mateo Ixtatán en Huehuetenango.
El gobierno central tiene conocimiento de que para realizar acciones, incursiones o cualquier otra actividad de tropa militar o el despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil debe de informar y coordinar con las autoridades del Gobierno Plurinacional de las Nacionalidad Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Porti y Mestizas del territorio, no hacerlo sigue minando las condiciones para establecer cualquier proceso de acercamiento o en un futuro un proceso de diálogo para resolver la problemática provocada por las empresas.
¿Qué sucedió en la Aldea B´ontaq en Barillas?
A través de una serie de reportes realizados por comunicadores comunitarios y de la Radio Snuq Jolom Konob’ a las 8 de la noche pudimos confirmar la versión de las autoridades comunitarias de B´ontaq de Barillas y de Yich K’isis en San Mateo Ixtatán.
La tranquilidad que escuchamos en la voz de uno de los representantes de la comunidad, nos confirmó que el ambiente en B´ontaq está en total calma. El representante inició su locución enviando un saludo a la población en el país y en el extranjero, haciendo énfasis a la gente de Huehuetenango que se encuentran viviendo en los EEUU. Como es común agradeció el espacio y la oportunidad para trasladar la información de lo ocurrido este día en la comunidad. Ven necesario poder informar y desmentir la versión que varios medios de comunicación están dando desde el mediodía.
Tres fueron las comunidades en donde el ejército intentó ingresar, B´ontaq en Barillas, en Pojom e Yich K’isis en San Mateo Ixtatán este martes 20 de mayo 2014, esto provocó la inmediata movilización de las comunidades quienes de forma pacífica no permitieron que el ejército de manera inconsulta estuviera en su territorio.
“Queremos desmentir lo que los medios de comunicación están publicando en este día”, afirmo el comunitario. Y reafirma que son los medios de comunicación corporativos quienes hacen uso de las redes sociales, paginas web, radios o diarios para desinformar y criminalizar a las comunidades.
Información de lo ocurrido
Pasado el medio día, llegaron a la comunidad 7 elementos del ejército de Guatemala, un oficial con el grado de subteniente al mando, para un total de 8 militares, entre ellos un acompañante de la seguridad ciudadana.
El subteniente y una mujer de seguridad ciudadana llegaron armados con el equipo reglamentario del ejército. Las autoridades de la comunidad siguiendo los acuerdos establecidos por el Gobierno Plurinacional decidieron detener el paso a este personal militar, porque cualquier autoridad que se movilice en las comunidades debe de solicitar permiso al Gobierno Plurinacional.
“las autoridades decidieron abordarlos porque ahora cualquier grupo delincuencial puede utilizar uniformes y armamento como el que usa el ejército y cometer delitos en contra de la población”
Cinco de los ocho militares portaban DPI pero tres no, para conocer la identidad de estos tres elementos se le pidió al subteniente que aclarara el motivo de la llegada de los militares y que este presentara la documentación de los elementos que no la portaban.
“Tenemos presente las masacres cometidas por el ejército durante el conflicto armado interno, por eso nos extraña la presencia de los militares, y ninguna de las autoridades comunitarias tuvo conocimiento previo de la incursión militar”
“Queremos desmentir que fueron secuestrados o detenidos ilegalmente, todo eso es mentira, lo único que se les pidió fue la identificación y la presencia de la armas cortas o fusiles que portaban, los soldados realizaron sus llamadas y nadie en la comunidad les negó o les coartó sus derechos, los militares aún están presentes en la comunidad.”
Otras comunidades al enterarse de la incursión militar se movilización y acuerparon a la comunidad de B´ontaq, las autoridades comunitarias pidieron que un oficial de alto rango se hiciera responsable de los 8 elementos y que llegara hasta el lugar para que oficialmente se retiraran. Las comunidades son respetuosas de los acuerdos que definieron y que el Gobierno Plurinacional informó al Estado y éste es uno de los procedimientos que el ejército irrespetó de nuevo.
A las 8:30 de la noche se presentó un oficial de alto rango «Teniente Coronel de infantería» del destacamento de Barillas para presentarse ante las comunidades comunitarias, para el retiro de los militares que se encontraban en la comunidad desde medio día.
El teniente realizó un chequeo para determinar que los soldados, no tenían ningún daño físico o emocional, luego de certificar que se encontraban bien se retiraron del lugar. Las autoridades de la comunidad recibieron comunicación de los comandantes de la 5ta. Brigada en Huehuetenango para coordinar el retiro del lugar.
La información que tuvo la comunidad, es que el ejército iba directamente a la comunidad de B´ontaq para realizar un acercamiento directo con la comunidad. Las autoridades les pidieron que dejen de realizar esas tareas cuando es responsabilidad de la comunidad cualquier asunto civil o a través del Gobierno Plurinacional.
En Pojom se tuvo noticia que el ejercito también intentó ingresar y la comunidad también de forma organizada y pacifica no les permitieron ingresar y tuvieron que retirarse de Pojom.
¿Que está pasando en Yich K’isis en el municipio de San Mateo Ixtatán?
En la comunidad de Yich K’isis es preocupante también para los vecinos la incursión de vehículos de la Policía Nacional Civil, del ejército y de la empresa Promociones y Desarrollos Hídricos, S.A. – PDHSA quienes llegaron a la comunidad e intentaban ingresar sin previa consulta a las autoridades de la comunidad.
Los vecinos al darse cuenta de la llegada de las fuerzas de seguridad se sorprendieron que estas acompañaran un vehículo de la empresa , misma que intenta construir una hidroeléctrica en el territorio y que a partir de este proyecto se ha perdido la paz y tranquilidad de las comunidades.
Cuando la gente les hizo la parada para consultar el motivo de su presencia, el capitán del ejército que iba al frente se mostró abusivo con la gente, luego no quisieron responder a las preguntas de los vecinos. Después regresaron con sus vehículos, saliendo de la comunidad.
Criminalización estrategia de Estado, empresa y medios de comunicación
Nuevamente las redes sociales utilizadas por medios de comunicación y de algunos periodistas en Huehuetenango volvieron a volcar sus esfuerzos en criminalizar a las comunidades.
Desde la una de la tarde Mike Castillo reportero de Prensa Libre en Huehuetenango en su cuenta de Twitter público que habían personas retenidas en una comunidad de Barillas, a las 2:20 de la tarde público que habían sido liberados los militares y 6:02 de la tarde informo nuevamente que militares de la 5ta. Brigada del ejército en Huehuetenango seguían retenidos cuando habían sido liberados desde las 2 de la tarde según su propia versión.
A estas publicaciones hicieron eco casi de inmediato Nuestro Diario, Emisoras Unidas, Radio Sonora, perfiles como Huehuetenango y Guate Noticiero en Twitter replicaron esa misma información.
Un funcionario de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDH en Huehuetenango también manejaba la misma información que los medios de comunicación.
«No es tras la muerte a lo que íbamos, es tras la vida»
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria-
Familiares de desaparecidos y desaparecidas durante el gobierno militar del Oscar Humberto Mejía Victores continúan luchando por esclarecer el lugar en donde se encuentran más de 140 desaparecidos entre los años 1983 y 85 documentados en el Diario Militar.
La Asociación Verdad y Justicia AVEJA realizo en la ciudad de Guatemala este martes 20 de mayo 2014 su primer actividad pública luego de 30 años de lucha para encontrar a sus familiares detenidos y desaparecidos, los 183 casos documentados en el Diario Militar forman parte de los 45 mil detenidos y desaparecidos durante el Conflicto Armado interno desde 1960 hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
Se cumplen 15 años del aparecimiento de un documento militar que comprueba la existencia de operaciones y planes del Estado para la desaparición de militantes guerrilleros irrespetando todos los convenios internacionales en materia de conflictos o guerra.
«A 18 meses de haber dictado sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso «Gudiel Álvarez y otros («Diario Militar») contra el Estado de Guatemala», el gobierno actual desobedece el cumplimiento de la misma», cita un comunicado de AVEJA.
El Estado continua sin darle cumplimiento a la sentencia emitida por la CIDH, trascendió recientemente que el gobierno de Otto Perez Molina continua evadiendo toda sentencia de la CIDH y hace esfuerzos por anular la memoria y los delitos cometidos durante el conflicto armado.
De 140 casos de detención y desaparición forzada solamente 6 personas han sido localizadas e identificadas: Amancio Samuel Villatoro, Moisés Saravia López, Sergio Saúl Linares Morales, Juan De Dios Samayoa, Hugo Adail Mérida, Zoilo Canales Salazar.
Todos ellos localizados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG en el año 2003, durante un proceso de exhumación en la antigua base militar de San Juan Comalapa en Chimaltenango, Guatemala junto con 220 personas indígenas que fueron masacradas en la década de los años 80s.
* Verso de Enrique Noriega que Arnoldo Ramírez plasmó en uno de sus grabados en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la década de los años 70. Información Iduvina Hernández.
La sentencia de genocidio y la persistente presencia del racismo en Guatemala.
Santiago Bastos – Prensa Comunitaria [1]
Para cerrar la semana en la que recordábamos que hace un año se emitió la sentencia que condenó al general Ríos Montt por genocidio y el delito deberes contra la humanidad, reconociendo así estos delitos de lesa humanidad en la actuación del ejército y del Estado de Guatemala a principios de los 80, el Congreso de la República emitió una insólita resolución que negaba la existencia del genocidio en este país.[2]
Fue un burdo intento de poner punto final a uno de los asuntos políticamente más importantes y espinosos heredados de “la paz”; que se sitúa en la línea de los acontecimientos que siguieron al fin del juicio, cuando la Corte de Constitucionalidad retrotrae el proceso a instancias del CACIF. Todas estas acciones muestran que la relación entre el racismo y violencia de Estado que demostró en aquellos aciagos años, sigue presente ahora, tantos años después.
El genocidio en el proceso de paz
Para tratar este asunto, vamos a empezar en un punto intermedio en la historia: esos acuerdos de paz que terminaron con el conflicto armado. En aquel proceso, racismo y violencia, dos elementos fundamentales de la sociedad guatemalteca y el conflicto en concreto, fueron tratados de forma separada.
Por un lado, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas reconoció la discriminación étnica, pero la resolvió de una forma muy acorde al multiculturalismo del momento: otorgando algunos derechos culturales, pero negando los referidos al espinoso tema de la propiedad de la tierra y la autonomía política. Y desde luego, sin hacer ninguna mención al hecho de que las masacres y la tierra arrasada se habían centrado en territorios mayas. De la misma manera, en los acuerdos referidos a la violencia sufrida y ejercida –el de Derechos Humanos, Reasentamiento, Desmilitarización, la misma amnistía- tampoco hay mención alguna del hecho de que la mayoría de las víctimas de la represión brutal y generalizada fueran comunidades indígenas arrasadas por una política sistemática de muerte.
Hubo que esperar a la publicación del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999 para que esta relación entre racismo y violencia de Estado, este hecho tan evidente en la historia, en los recuerdos y en las imágenes, encontrara un sustento. Ante los datos tan contundentes como de que en los años registrados habían muerto o desaparecido más de 200.000 personas, de las que el 83% eran indígenas y que el 93% habían sido ocasionados por el Ejército u otros cuerpos de seguridad, no había mucho que decir.
No se trataba de las bajas producidas en el conflicto entre dos partes, era otra cosa. Era el resultado de una política sistemática de exterminio por parte del Estado, era la mayor matanza de población indígena perpetrada en América Latina en el siglo XX. Eso es un genocidio.
Ése fue el mérito del informe de la CEH en este aspecto: permitió llamar por su nombre a algo que no había sido oficialmente reconocido. Seguramente por esa indefinición en el momento de los acuerdos, causó tanto revuelo algo que ya se sabía; y que si hubiera sido resuelto entonces, quizá no hubiera obligado a todo esto.[3]
La contundencia de las cifras no dejaba lugar a dudas respecto a la dimensión étnica de las masacres y la muerte planificada. Por ello, aunque ahora pueda sonar redundante, hay que insistir en que este episodio trágico, este momento de horror no se puede entender sin el racismo. Yo siempre he advertido contra del uso acrítico y generalizado del término “racismo”. Habla de algo tan importante que hay que usarlo con propiedad para que no pierda su fuerza analítica y política. Pero en este caso no creo que quepa ninguna duda.
Si tenemos en cuenta la definición clásica de Memmi de racismo como “la valorización generalizada y definitiva de una diferencias, reales o imaginarias… con el fin de justificar sus privilegios o su agresión”,[4] no se puede usar otra palabra para hablar de una ideología, de unos comportamientos y estrategias que permiten matar a cientos de miles de personas porque se les considera un “enemigo interno” -en el caso del genocidio perpetrado contra el pueblo ixil, por ser indígenas.
La planificación de las masacres como una estrategia militar no deja lugar a dudas sobre la voluntad de exterminio de esas comunidades de “indios comunistas” que amenazaban el orden.[5] Con esta justificación masacraron a miles de hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niñas y niños, todas ellas población civil desarmada, no sólo ixiles, sino achi’s, q’anjobales, akatekos, kaqhikeles y muchos más
La sentencia y el racismo
Tras esta constatación, el juicio celebrado hace un año y la sentencia referida al caso de los ixiles, mostró la posibilidad de cerrar el debate en torno al genocidio ocurrido a inicios de los 80, y acallar las voces que con argumentos más políticos que jurídicos o académicos lo negaban.
Y no me refiero sólo a la sentencia –un ejercicio jurídicamente impresionante en sus más de 700 páginas. Me refiero a que en los más de 50 días que duró el juicio –y que se reflejan en esas páginas-, de la mano de hombres y mujeres que actuaron como testigos y peritos, el genocidio fue quedando desgranado, desmenuzado en cada una de sus acciones, al mostrar una por una las formas en que se dieron estas acciones de muerte sobre personas civiles desarmadas . Permitieron demostrar que hubo una planificación militar de las masacres; cómo se utilizó el terror y el miedo; cómo el abuso sexual contra las mujeres fue sistemático; todo ello contado y referido por quienes los habían padecido –y con algún apunte por parte de quienes lo habían ejecutado.
Ante tal avalancha de información pormenorizada ¿cómo negar la calidad de extermino sistemático de la población ixil supuestamente levantada? Este juicio no sólo nos demostró que hubo genocidio: nos mostró cómo se ejecutan los genocidios y quiénes los perpetraron –quizá por ello la única forma de invalidarlo era acudiendo a una de las güizacherías propias de los abogados grises acostumbrados a los juegos torcidos.
También fue muy importante este juicio, porque puso nombres y apellidos y puso caras a las personas de carne y hueso involucradas en todos estos hechos. Por un lado, puso caras, rostros, lágrimas y sonrisas a los y las testigos, verdaderos protagonistas de todo el proceso, cuyas fotografías recorrieron el mundo entero, retornando con ello la centralidad de “lo maya” a estas personas de carne y hueso, nombre y apellido, que sobrevivieron los horrores de la muerte.
Y el juicio también sirvió para avanzar en algo a lo que la CEH renunció: dar nombres, poner caras a los responsables de todas estas atrocidades. Quizá eso fue demasiado, y ahí es donde el juicio por genocidio sirvió para mostrarnos cómo pese a declaraciones y firmas de paz, pese a testimonios e informes, funcionarios internacionales y dependencias gubernamentales, el racismo sigue presente en la vida política de Guatemala y siempre asociado a la violencia de Estado.
El juicio sirvió para conocer y dar a conocer a los responsables directos de las prácticas genocidas. De hecho, se ha dicho mucho que el juicio se torció cuando un tal “Mayor Tito Arias” fue nombrado de forma explícita como responsable de la represión en Nebaj. Eso ya pasaba a un nivel de responsabilidades individuales de personas en activo –y muy activas.
Pero también se ha dicho –el mismo CALDH así lo hace- que un momento fundamental y por ello crítico en relación a la declaración de nulidad por la Corte de Constitucionalidad; fue el peritaje desarrollado por Marta Casaus. Y lo fue porque en su intervención, ella mostró cómo las acciones genocidas desarrolladas contra los ixiles –y de ahí contra cualquier otro pueblo- no fueron resultado de una mente enferma ni de una conducta desviante, ni siquiera de una estrategia militar desesperada; sino que fueron el fruto de una ideología que rige todo el comportamiento social de nuestro país: el racismo. Por eso mucha gente no se quejó o directamente no se enteró de lo que pasaba en el altiplano aquellos años: era algo que –por duro que parezca- entraba en la normalidad, lo “natural”. El genocidio no era una anomalía, sino la máxima expresión de una forma de entender y organizar la sociedad, siempre necesitada de la violencia para mantener su orden: el racismo.
Porque, y esto es lo importante, el racismo y la violencia que conlleva, son medios para mantener los privilegios de unos pocos sobre las mayorías. Y lo que Marta Casaus mostró es que además de los responsable materiales directos, habían quienes se beneficiaban directamente de tanto terror y tanta maldad. Como nos mostró Plaza Pública en esos días, algunos de ellos también habían puesto su granito de arena en las acciones directas.[6]
Lo importante es que como grupo, como sector dominante en la historia de este país, habían provocado ese genocidio cuando sintieron que su situación de privilegio se veía amenazada. No les importó que finalmente en este país murieran 200.000 personas, que 400 aldeas desaparecieran, que miles de mujeres fueran violadas, que un millón de personas tuvieran que salir de sus casas, con tal de mantener un sistema en que solamente ellos y ellas han salido históricamente beneficiados. Por eso han hecho todos los esfuerzos por cortarla posibilidad de seguir con la vía jurídica que podía llegar hasta ellos.
La persistencia del desprecio por la vida y la violencia de Estado
En la actualidad, treinta años después de aquella barbarie, siguen dispuestos a mantener sus privilegios por encima de la verdad, o la justicia, como siempre ha sido.
Hablando de este tema, un político vinculado a estructuras gubernamentales, me dijo que él pensaba que en momentos de transición como el que vivíamos en Guatemala, la verdad, la justicia y la reconciliación no podían ir juntas; y que según él había que privilegiar la reconciliación por encima de las otras dos. Esta actitud es un ejemplo claro de cómo el pensamiento oligárquico debe bastante de su poder al hecho de ser compartido y apropiado por quien no se beneficia directamente de él –este político no proviene de ese sector ni goza de sus privilegios-.
Pero sobre todo muestra la base racista de ese pensamiento y las acciones que conlleva: ¿de qué “reconciliación” se puede hablar si se basa en negar la justicia a quienes han sido masacrados e históricamente humillados? ¿entre quiénes será la reconciliación si niega la dignidad y el derecho a la verdad de quienes fueron mascarados, torturados, violadas, expulsados? ¿han preguntado a las víctimas y sus familias si están de acuerdo con esta idea?
Este desprecio por la verdad histórica y sobre todo por la mayoría de la población que está detrás de estas palabras, siempre como forma de mantener la situación privilegiada de unos pocos, es la misma que estuvo detrás –delante, a los lados, encima- de las actuaciones del CACIF y de la Corte de Constitucionalidad en las semanas siguientes a la sentencia con la que finalizó el juicio. Estas acciones en que se volvió a mostrar el desprecio por la gente, por los indígenas y por todas las víctimas, fueron una demostración de poder e impunidad, un acto de violencia simbólica que actualizó de golpe toda la violencia de treinta años atrás. De nuevo, racismo y violencia del Estado aparecen juntas.
Y no sólo en estas acciones. El mismo desprecio por la vida de las personas, las comunidades y los pueblos que permitió el genocidio en los 80 y se expresó en la resolución de la Corte de Constitucionalidad hace casi un año, es el que está detrás de la forma en que los últimos gobiernos están tratando las demandas que surgen de las comunidades –muchas de ellas, las mismas que fueron arrasadas hace 30 años-.
La forma en que se han negado a reconocer la capacidad de las comunidades para decidir su futuro, acusándolas como siempre de estar manipuladas en las consultas comunitarias y vecinales y en todas las acciones emprendidas para defender el espacio de vida que les queda. La forma de tratar a líderes y a todas las personas movilizadas como delincuentes, terroristas y acabar disponiendo de su vida y su libertad en juicios que son burlas a la justicia. La persecución, hostigamiento y muerte de ellos de una forma sistemática y planificada.
Todo ello nos vuelve a hablar del desprecio absoluto contra esa población que es mayoritaria en el país, de la negación de su calidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas. De nuevo es racismo, y de nuevo lleva aparejado la fuerza del Estado contra aquellos que cuestionan las actividades y políticas que sólo benefician a unos pocos, los mismos que desde hace siglos han manejado la maquinaria estatal únicamente para mantener sus intereses.
Como nos recordó la sentencia emitida hace un año ahora y las reacciones que la siguieron –terminando en esta resolución del Congreso que Alfonso Porres dice que “mi cabeza no alcanza a definir tan espléndida argumentación de nuestra realidad” [7]-, y como podemos comprobar en las noticias que nos llegan de Monte Olivo, de San Rafael Las Flores, de Huehuetenango y de muchos más lugares, en Guatemala el racismo sigue estando en la base de una violencia multiforme que el Estado usa para mantener unos privilegios y que buena parte de la sociedad mantiene para sentirse parte de esos pocos.
[1] Basado en el texto preparado para el Simposium “Dignificando la verdad de los pueblos”, 9 de mayo 2014.
[2]http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Genocidio-negado-legisladores_0_1138086211.html
[3] No es difícil pensar en por qué no se trató: finalmente era un acuerdo entre cúpulas de unas partes en conflicto, sin la participación de la población o sociedad civil como tanto se argumentó en esos años.
[4] Albert Memmi (1972) El hombre dominado. Un estudio sobre la opresión. Cuadernos para el Diálogo. Madrid.
[5] La pregunta de si esta brutalidad fue por sumarse a las guerrillas, o por el mero hecho de levantarse ellos mismos, desde entonces ha provocado un fructífero repaso a las relaciones entre estos dos actores, y dejando bastante de lado la versión de “entre dos fuegos” que algunos actores quisieron manejar alrededor de la idea de genocidio.
[6] “Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra”, Martín Rodríguez Pellecer, Plaza Pública, 21 agosto 2013. http://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra.
[7] “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”, Alfonso Porres, Prensa Comunitaria 17 mayo 2014
«Todo está cargado en la memoria»: un museo para no olvidar
Amancio Samuel Villatoro / Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular
Por Quimy De León y Nelton Rivera -Prensa Comunitaria-
…arma de la vida y de la historia[1]
“El engaño y la complicidad
de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.”
Pocos son los parques aún existentes en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, El Sauce es uno de ellos. Para llegar hasta él basta con dirigirse hasta la primera y segunda avenida con primera calle de la zona 2, cerca del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica – INCA.
En una de las esquinas hay una casa amarilla de adobe con techo de lámina que le da vida al parque. Está habitada por una familia indígena, las mujeres colocan todos los días un puesto de comida. Los jueves, y sábados sin falta hay un farol rojo hecho con una pelota plástica que anuncia la venta de tamales y paches. Otro de los referentes de los alrededores son los baños sauna que dan movimiento a las cercanías al parque.
En esa misma cuadra está la casa 1-53 de la primera calle. Como otra cualquiera, la abre un portón corinto ancho y tiene el techo de dos aguas. Pero de común esta casa no tiene nada: en ella se da la cotidianidad del trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG-, quienes le dieron espacio al Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular, que se abrió el 30 de enero del 2012, el mismo día en que en el año de 1984 desaparecieron a Amancio Samuel Villatoro.
Amancio ha aparecido: una decisión díficil e importante
Amancio Villatoro formó parte de las Fuerzas Armadas Rebeldes –FAR-, una de las principales organizaciones revolucionarias. También era dirigente de la Central Nacional de Trabajadores –CNT- y del Comité Nacional de Unidad Sindical –CNUS- al momento de su desaparición.[2]
La mañana del 30 de enero de 1984, Amancio salió de su casa en la colonia Primero de Julio en Mixco, llegó al centro de la ciudad y cuando transitaba por la calle de la “Laguna” sobre la Segunda Avenida y 15 calle de la zona 1, fue interceptado y detenido-desaparecido.
Después de muchos años de búsqueda, los restos de Amancio fueron encontrados el día 3 de septiembre de 2003 a dos metros con veinte centímetros de profundidad. Apareció junto a los restos de cinco personas más: Moises Saravia López, Sergio Saúl Linares Morales, Juan De Dios Samayoa, Hugo Adail Mérida, Zoilo Canales Salazar –la identidad de este último fue dada a conocer el 30 de enero del 2014.
La FAFG les localizó en la fosa IX mientras realizaban trabajos de exhumación en un cementerio clandestino ubicado el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa en Chimaltenango. Estas exhumaciones fueron realizadas junto con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA-, y resultado de este trabajo, en 52 fosas clandestinas diferentesaparecieron las osamentas de 220 personas.
Para la identificación de Amancio la FAFG inició un proceso científico forense arqueológico, luego antropológico y finalmente un análisis genético para confirmar su identidad. “Se tomaron las muestras, un fragmento de fémur derecho y dos piezas dentarias, de estas tres se analizaron dos”. Para la prueba genética se tomaron tres muestras a sus familiares, que permitieron finalmente hacer la identificación: a su hija Norma Carolina, su hijo Sergio Raúl y su esposa María del Rosario Bran de Villatoro. Con los tres resultados positivos, fue posible confirmar la identidad de Amancio 19 años después de su desaparición.
Norma Carolina y María del Rosario se encontraban en el cementerio de la Verbena el día ocho de noviembre de 2011. Recibieron una llamada telefónica desde la FAFG en la que les dieron la noticia que día con día durante años habían esperado: Amancio había aparecido, había sido identificado.
Cuando los restos de una persona aparecen años después después de haber sido detenido–desaparecido, para la familia se cierran las esperanzas más fuertes que guardaban: que apareciera con vida. Cuando no es así, llega entonces el momento de aceptar que está muerto, y lo que comúnmente ocurre es que necesitan darle sepultura para tener un lugar a donde visitarlo.
La familia Villatoro tomó una decisión trascendental: exponer la osamenta de Amancio. De ésta manera le permitirían al mundo entender la historia desde un memorial, desde un museo:
«La decisión era si cremarlo o enterrarlo en un cementerio. En ese momento lo hablamos con Fredy Peccerelli director de la FAFG y él nos permite utilizar un espacio dentro de la fundación.
El museo inicia en una fase vivencial muy difícil, que es la aceptación de los hechos. Lo más doloroso que se puede tener es la aceptación de que los hechos ocurrieron, es sumamente doloroso como familiares de desaparecidos, Nunca nos preparamos para el momento de encontrarlo, esto es lo que más preocupa, es difícil prepararse para el momento de encontrar a un familiar, pero estamos tratando desde el museo de preparar desde la experiencia propia de cómo vivir ese momento al encontrarlos.»
Visitando el museo
Por la decisión que tomó la familia y las gestiones que hicieron, los directivos de la FAFG les dieron un primer ambiente en donde están sus oficinas para que la familia materializara una de las decisiones más importantes de sus vidas, la de colocar y exhibir los restos de Amancio. Querían que este lugar fuera un espacio de recuerdo y de memoria colectiva, un espacio para no olvidar. Es una prueba contundente del terrorismo del Estado cometido contra 145 mil desaparecidos y desaparecidas durante el conflicto armado. Amancio ha aparecido y está ahí para contarnos su historia y a través de la de él, tenemos la posiblidad de conocer una parte de la historia del país.
Los muros de la casa están pintados de blanco, bajo un techo de dos aguas está el primer ambiente del museo. Cuando uno recién entra, lo primero que observa es la gigantografía con los rostros de 140 de las 183 personas que sufrieron desaparición forzada y que posteriormente fueron asesinadas como lo documenta el Diario Militar.[3]
En el segundo ambiente se encuentran cinco espacios que corresponden a las otras cinco personas que aparecieron en la misma fosa con Amancio: Moises Saravia López, Sergio Saúl Linares Morales, Juan De Dios Samayoa, Hugo Adail Mérida. La que falta es la de Zoilo Canales Salazar que acaba de ser identificado. En éste mismo espacio está una muestra fotográfica de Daniel Herandez-Salazar titulada “Revelación… El poder de la memoria en el país del olvido”, montada para el segundo aniversario del museo en el 2014.
En una de las paredes están las fotografías de Mario López Larrave, Manuel Colom Argueta, Oliverio Castañeda De León, Antonio Ciani García y Alberto Fuentes Mohr quienes fueron asesinados también por las fuerzas del Estado durante los años setenta y ochenta. Debajo de ellos aparecen las fotografías de Florentino Gómez López, Ismael Velásquez Ortíz y Edgar René Aldana Ruano, sindicalistas desaparecidos de la Central Nacional de Trabajadores –CNT-.
En el centro de otro de los ambientes se encuentra ubicada en la osamenta de Amancio colocada dentro de una urna de vidrio, hablándonos, dando su propio testimonio con su presencia . Detrás en la pared está expuesta la ropa que él llevaba el día de su captura. El pantalón con el que fue encontrado y un texto que escribió su compañera de vida
“El último recuerdo que tengo fue verlo vestido con un pantalón jeans marca Levis color azul y camisa blanca de manga corta. Esa mañana preparé y le entregué su ropa…”
María Del Rosario Bran de Villatoro.
Una chispa para entender la historia
En el museo trabaja Salomón Estrada Mejía, que con su sonrisa amplia y franca recibe a quienes lleguen de visita. A través de sus palabras y sus relatos nos traslada hacia nuestra memoria reciente. Mediante una conversación amena contextualiza y narra la historia del país, principalmente los hechos ocurridos durante la década de los años ochenta.
Salomón paciente y detalladamente explica sobre el Diario Militar y la importancia de continuar empujando los procesos de esclarecimiento y búsqueda de los desaparecidos en Guatemala. Igual que la familia de Amancio, él ha dedicado más de 28 años a la búsqueda de uno de sus hermanos desaparecidos: Félix Estrada Mejía, quientambién aparece en este documento.
Desde que abrió sus puertas, el museo ha recibido muchas visitas de estudiantes de universidades del país, de educación media, también personas de los distintos movimientos sociales, sindicalistas del país como de los Estados Unidos, entre otros. El libro de visitas está lleno de firmas y recuerdos de personas de Japón, Alemania, Suecia, Bélgica, México, El Salvador etc…
De otros pueblos apoyaron para que Samuel Villatoro -uno de los hijos de Amancio- llevara fuera del país la experiencia del museo. Así, el caso de su padre y la lucha por la memoria ha podido darse a conocer en República Dominicana, Filipinas, Estados Unidos, México. Nestor -otro de los hijos- ha hecho lo suyo posicionándolo en Holanda, Bélgica, Brasil y muchas partes de los Estados Unidos.
El Museo cuenta con el apoyo de la FAFG para seguir contando con los espacios físicos de la casa y con aportes de amigos, familiares y la solidaridad que llega de otros lugares, peor desde su inicio se enfrentan a la dificultad económica para el funcionamiento. Samuel lo ve como un reto pero no como un obstáculo para continuar con el trabajo.
“Lucía Cuevas ha aportado mucho con el documental llamado El Eco del dolor de mucha gente. Lleva con ella la mención del esfuerzo del museo en distintas partes del mundo junto con su documental”.
Este pequeño gran museo abre un camino y una esperanza para otras personas y se suma a los esfuerzos por la memoria y la justicia, en estos días tan convulsos en los que se hace imperativo no olvidar.
Décadas de preguntas sin respuestas
Este museo nace de la necesidad de hablar, de contar, de expresarse que tiene la familia Villatoro: Nestor, Samuel, Norma Carolina, Sergio y María del Rosario Bran. Esta familia, como otras cientos más en Guatemala, ha guardado por décadas silencio, ha esperado en silencio el momento en el que puedan saber qué pasó con sus seres queridos.
Cuando un familiar ha sido desaparecido, el tiempo transcurre lleno de preguntas sin respuestas ¿Por qué? ¿En dónde están? ¿Quién les hizo esto? ¿Por qué se los llevaron? Vivir la experiencia de desaparición forzada es parte de experimentar el horror de la represión que mantuvo por décadas todo en silencio, ese mismo silencio que buscan imponer sobre el genocidio que niegan, a pesar que ya existe una sentencia histórica.
En la capital, como en otros lugares del país, muchas familias guardaron silencio, la historia no se contó, el miedo ha logrado contener la verdad y la memoria. Poco se ha contado sobre lo ocurrido a cientos de personas sindicalistas, estudiantes, obreras, por mencionar algunos sectores.
“Nos obligaron a ocultarlo, a mantenerlo oculto por muchos años, desde nuestra niñez y adolescencia casi por treinta años. Muchas veces por el temor a tocar un tema que hablarlo en Guatemala era casi sentencia de muerte.”
“Es cuando aparece mi padre que decidimos romper con ese silencio y comenzamos a hacerlo mucho más público, decidimos dar a conocer su historia y la historia de más de 45 mil desaparecidos y aportar en la lucha de 45 mil familias para que continúen buscando a su ser querido.”
La importancia del museo tiene justo ese valor: mantener viva la memoria. Samuel, Salomón y los demás familiares de desaparecidos retan cada día al olvido. El museo muestra a la sociedad y al mundo la lucha por la memoria, por la justicia y que ojalá ésta alcance a los responsables de la desaparición forzada.
El Diario Militar
El Diario Militar es un documento desclasificado del ejército de Guatemala que apareció en febrero de 1999. Una persona se puso en contacto a Kate Doyle, una analista norteamericana que ha trabajado por años en archivos de seguridad de los EEUU. Durante una visita que realizo a Guatemala, ella recibió un documento de 74 páginas, escrito principalmente a máquina y con algunos apuntes hechos a lapicero, que también contiene las fotografías de algunas de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas.
El Diario Militar contiene descrita la desaparición de 183 personas identificadas como miembros de tres de las cuatro organizaciones guerrilleras (Fuerzas Armadas Rebeldes – FAR, Partido Guatemalteco del Trabajo – PGT y Organización del Pueblo en Armas – ORPA) ocurrida durante el gobierno militar del General Óscar Humberto Mejía Víctores. En la mayoría de los casos en este documento, el ejército describe cómo, cuándo y dónde fueron capturados, y en él aparecen las fichas de seguimiento de cada persona y el uso de códigos como “300” que significa que fueron asesinados extrajudicialmente “… en esencia era un registro militar de los desaparecidos”.[4]
Amancio Samuel Villatoro forma parte de los 183 casos de desaparecidos y desaparecidas entre los años 1983 y 1985 contenidos en el Diario Militar. Aparece en la página 18 del documento con el código Y-55. La Y significa que formaba parte de las FAR y el número de militante detenido de esta organización.
“Mi padre es una evidencia de lo que sucedió, una evidencia física de la responsabilidad del Estado y la confirmación de la participación del ejército y la policía nacional en la desaparición forzada de quienes aparecen en el Diario Militar”.
Las familias de 28 de las 183 personas que aparecen en el “Diario Militar” demandaron al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos –CIDH- por ser responsable de desaparición forzada y, por tanto, por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Visite el Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular
Atención: De lunes a viernes de 8 AM a 4:30 PM.
Dirección: 1 calle 1-53 zona 2 Guatemala. Parque “El Sauce”.
[1]León Gieco, canción “La memoria”
[2] Samuel Villatoro. Entrevista sobre su padre Amancio Villatoro. Guatemala año 2013. Los testimonios que siguen son de la misma entrevista.
[3]Cuarenta y dos de los casos restantes fueron puestos en libertad. Uno de ellos Álvaro Sosa quien logró escapar para poder salvar su vida.
[4]Kate Doyle en el Video documental Granito de arena «como atrapar a un dictador» de Pamela Yates marzo 2012.
Prensa Comunitaria Km. 169 