Archivos diarios: 12 abril, 2014

La Puya: Estamos en nuestro derecho de defender la vida

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Cristina Chiquin

En tribunal Octavo de Sentencia Penal, el 10 de abril de 2014 se llevó a cabo el debate oral y público en contra de tres comunitarios y defensores de la vida, ellos son: Jorge Adalberto López Reyes,  Valerio Carrillo y Alonso de Jesús Catalán, los tres son originarios de la comunidad El Carrizal del municipio de San Pedro Ayampuc, parte del  departamento de Guatemala.

El proceso legal que se lleva en contra de los tres comunitarios, es parte de una estrategia de criminalización y judicialización que la empresa minera Kappes Cassiday & Associates KCA y EXMINGUA impulsa en contra de la resistencia pacífica “La Puya.” Las razones son de sobre evidentes, es una forma de reprimir, amedrentar y quitar del medio a quienes se organizan para rechazar la implementación del proyecto minero “El Tambor” Progreso VII Deriviada que afectará directamente a los municipios de de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

Los delitos que el Ministerio Público  les imputa son:  Secuestro, Detención  ilegal, Lesiones, Coacción y Amenazas,  todo esto a partir de la acusación hecha por 3 trabajadores de EXMINGUA, delitos que supuestamente fueron cometidos  el 3 de mayo del 2012. Los querellantes en este proceso son los trabajadores de la empresa son Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez.

Sobre la acusación                            

Según la versión de los mineros, el 3 de mayo un grupo de aproximadamente veinte personas los interceptaron en el camino comunitario que conduce del entronque de los terrenos de la mina hacia el parque central de San José del Golfo,  aproximadamente a las 18:30 horas les bloquean el paso cuatro vehículos, descendiendo el grupo “de los ANTIMINEROS” quienes “portaban armas blancas (machetes).[1]

 Esta es otra acción de criminalización

La criminalización es uno de las acciones que se están convirtiendo en el común para la gente que defiende su vida en territorios en donde las empresas extractivas pretenden implantarse, así nos lo expresa el abogado Sergio Vives para este caso: “Este es un caso de criminalización de la protesta social, al tratar de perseguir penalmente a tres líderes comunitarios con el propósito de desarticular un movimiento social que se opone a un proyecto minero en los territorios que habitan”.

Los delitos de los que culpan a los líderes comunitarios, carecen de pruebas  y la defensa argumenta que por lo tanto es una falsa acusación. Durante la audiencia del 10 de abril se presentaron tres peritajes y cuatro testigos a favor de los querellantes adhesivos y el Ministerio Público que es también un ente acusador.  Y  por parte de la defensa un peritaje médico.

Los testigos presentados por los querellantes, durante sus testimonios narraban que la forma en que a ellos les constaba los hechos de agresiones contra los querellantes era mediante a que a ellos se  los habían contado, siendo estos testigos referenciales y no testigos presenciales.

“Los testigos han incurrido en serias contradicciones y una manifestación de imposibilidad de haber estado presentes en el lugar de los hechos, ya muchos de ellos lo dijeron que son testigos de referencia,  y ellos vinieron a dar testimonios de información que recibieron de otras personas por lo que son parte de las contradicciones  del proceso y también en el tema de los peritajes  y otras investigaciones que se hicieron que no tienen que ver con el tiempo y el lugar donde ocurrieron los hechos” Sergio Vives- Abogado de la defensa

El abogado representante de  los querellantes Fernando Linares Beltranena, en varias ocasiones trato de hacer preguntas que no tenían que ver con los hechos por los cuales se les acusa a los líderes, tratando de llevar el debate a poner en cuestión la resistencia pacífica que lleva la población en San José del Golfo.

Jorge Adalberto López Reyes,  Valerio Carrillo y Alonso de Jesús Catalán se mantuvieron serenos durante la audiencia pero en sus ojos se podía observar indignación y resistencia ante este nuevo hecho de intimidación del cual son objeto.

Y es que el hecho de salir de sus comunidades, dejar sus labores diarias y su lucha para responder a este hecho de criminalización indigna  y afecta no solo a quien vive  directamente la persecución de estas empresas extractivas si no que a toda una comunidad que trata de mantener su territorio y vida.

La vida frente a la criminalización

Don Alonso Torres Catalán, Agricultor de 67 años quien sufre de una lesión en sus rodillas y tiene que valerse del uso de un bastón para caminar, debe de someterse no solo al hecho de  la acusaciones falsas si no  a las pocas condiciones con que cuenta la Torre de tribunales, teniendo que estar horas y horas sentado o bajar algunos pisos a pie debido a la aglomeración de los elevadores.  Aun así su resistencia y dignidad puede verse en su rostro.

ante la criminalización el comenta

“A mí me da coraje porque la ley no es justa, si fuera justa no hicieran esto…nosotros estamos en resistencia por nuestros hijos porque es el ambiente donde ellos viven, pero por mis hijos  y por mis nietos yo hago esto”

Los tres líderes comunitarios expresaron que este tipo de intimidaciones son parte de las agresiones que ha tenido la empresa minera Exmingua contra la resistencia pacífica.

Ellos reivindican la lucha no violenta que llevan , a pesar de ello esta empresa se ha valido de mentiras y del uso de los organismos de justicia para  impulsar su estrategia de criminalización aduciendo hechos contrarios al actuar de la población.

El uso de esta estrategia tiene como objeto imponer un proyecto político, que tiene intereses trasnacionales, oligárquicos y militares, con trasfondos económicos y sociales que pretenden mantener el control sobre la población, la persecución legal es una herramienta  que el Estado ha utilizado siempre para perseguir a quienes atentan contra este proyecto que mantiene desigualdades y el que ha impulsado procesos como el Genocidio cometido en el país.

Es así como personas Jorge Adalberto López Reyes, Albañil y líder de la resistencia son criminalizados por tener claro la lucha que llevan y sobre todo por oponerse al saqueo de su territorio.

“Esto se esperaba que nos estén criminalizando que haya persecución y por ende nos haya llevado a los tribunales por algo que no es cierto, ya que esto viene de muy alto, ya que hay ministerios involucrados, gente de poder y que lo que persiguen es el dinero, sin importarles la vida de los ciudadanos honrados y trabajadores como lo es la gente de  San José del Golfo y  San Pedro Ayampuc” Adalberto López Reyes

Don Valerio Carrillo, también líder criminalizado, denunciaba como la empresa minera EXMINGUA también les han intimidado a través de sus trabajadores mineros para tratar de provocarles o tratar de desalojar la resistencia.

Uno de esos hechos ocurrió el 22 de noviembre del 2013 cuando mineros agredieron a mujeres y hombres  de la resistencia pacífica de la Puya y a comunicadores sociales y periodistas presentes.

Don Valerio reivindico su participación en la resistencia

“Yo estoy en la resistencia porque es un deber que tenemos de cuidar nuestra madre tierra para que no se contaminen las aguas, no se contamine el ambiente ya que con esto  se va hacer una contaminación muy grande, ellos van a decir que no hay contaminación mientras se llevan los recursos… a mí no me interesa el dinero a mí me interesa la salud, mía y de mis hijos”

La resistencia se mantiene, la firmeza de la verdad de la voz de la gente de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc  se expresa en la organización comunitaria que muestran en la resistencia pacífica de la Puya.

“El motivo principal de estar en la lucha pacífica que se  libra en la Puya, es que estamos consientes e informados  y estamos en nuestros derechos de defender la vida, el territorio y el agua” Adalberto López Reyes-Líder comunitario

El debate oral y público continuara el 29 de abril del 2014 en el tribunal Octavo de Sentencia Penal  a la espera de escuchar un último peritaje y a la espera de poder con esto entrar a la fase de conclusiones y obtener un fallo absolutorio en donde prevalezca la justicia.

[1] Criminalización y judicialización: estrategia para garantizar los intereses mineros/Nelton Rivera-Prensa Comunitaria 15 de noviembre del 2013

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