Archivos Mensuales: marzo 2014

La Luz de la Resistencia

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Cristina Chiquin

La asociación “Luz de los héroes y mártires de la resistencia”, denunció hoy las agresiones hechas por un grupo de personas que está saboteando el proyecto comunitario de luz que desde hace dos años ha beneficiado a más de 480 familias que en el pasado integraron las Comunidades de Población en Resistencia(CPR).

El proyecto consiste en una hidroeléctrica comunitaria promovida y trabajada por la misma gente de  las comunidades. Esta hidroeléctrica presta el servicio de electricidad para las y los pobladores de las comunidades de Unión 31 de Mayo, San Antonio la Nueva Esperanza, El tesoro Nueve de Marzo y San Marcos La Nueva Libertad, ubicadas  en la Zona Reyna de Uspantán, Quiche. También se presta la luz como un servicio público, por lo que genera alumbrado eléctrico a  las calles, centro de salud, escuelas, salones comunitarios, auxiliaturas comunitarias e iglesias diversas, entre otros.

El proyecto se sostiene en base al seguimiento y mantenimiento que dan las y los asociados  y el costo por familia es una cuota de sólo Q20.00 mensuales. Este dinero es destinado al funcionamiento del proyecto. El proyecto está legalmente inscrito como parte de la asociación “Luz de los héroes y mártires de la resistencia” .

“Nuestro Proyecto es totalmente comunitario: nosotros lo construimos y cuidamos, las decisiones se toman en asambleas y el beneficio es para la gente que vive en nuestra comunidad”[1]

A diferencia de los megaproyectos que se quieren instalar en la región, la hidroeléctrica comunitaria  respeta los bienes naturales y su beneficio es directamente para las y los pobladores del lugar.  Solamente se utiliza una pequeña cantidad de agua del río, no cuentan con embalse y se cuida la montaña. Cabe destacar que en la zona Reina no hay ninguna empresa dando electricidad y es la turbina de la hidroeléctrica comunitaria que es la  única que brinda luz a las familias.

Atentando contra la vida

Sin embargo, se denunció que un grupo de personas promovidas por el Alcalde  de Uspantan, Víctor Hugo Figueroa Pérez del Partido Patriota, se oponen al proyecto comunitario, generando acciones violentas y promoviendo faltas en el acuerdo comunitario para la manutención del proyecto  como la de no pagar la luz. El grupo de personas que ha generado estos problemas está conformado por Consejos de Desarrollo y alcaldes comunitarios que apoyan al Alcalde Municipal. No son socios del proyecto, pero han hecho conexiones eléctricas  sin consentimiento de la comunidad.

El pasado 19 de marzo, este grupo de personas, armadas con machetes, palos, piedras y otros objetos, retuvieron ilegalmente a miembros del Colectivo Madre Selva que ha acompañado a las comunidades, y amenazaron  con quitarle la vida a los dirigentes del proyecto.

Se denunció que detrás de estas acciones están intereses de empresas ligadas a megaproyectos que merodean la región de la Zona Reina.  Entre ellas está la Hidroeléctrica Palo Viejo, copropiedad de ENEL Green Power y la Familia Brol,  y la Finca San Francisco en Cotzal. El interés de ésta es conectar con el sistema de torres de transmisión que está a cargo de TRECSA, Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A.  y  pasar sobre los terrenos de las comunidades de la Zona Reina. También generan presión la Hidroeléctrica de Xalala, ubicada al Norte de la Zona Reyna, de donde se ha querido desalojar a mas de 1,200 personas de 14 comunidades.

Las amenazas y las agresiones han sido constantes. El Ministerio Público de Nebaj (Quiche) no ha respondido a las tres denuncias puestas por la comunidad por agresiones diversas.

Rechazo a Megaproyectos

Las comunidades de la Zona Reyna ya han reiterado su rechazo a los megaproyectos que se quieren implementar en la región y así lo expresaron en la Consulta Comunitaria que se realizo en Uspantán  el 29 de octubre de 2010.  Además, hay un conceso entre las comunidades de no permitir el paso de  la empresa TRECSA.

Por eso el proyecto de la hidroeléctrica comunitaria representa una amenaza para las  empresas trasnacionales que quieren imponer los megaproyectos hidroeléctricos  en el lugar. Este proyecto demuestra como una comunidad puede lograr energía sin el alto costo de los megaproyectos, y es una muestra la organización comunitaria que lucha por mantener su territorio. De ahí que las presiones se hagan sentir a base de querer dividir a la comunidad.

El agua es vida  y la Luz necesaria

Regina Valda Ramos López Asociada del proyecto comentaba

“El proyecto inicio desde el año 2000, y se inició con un estudio de utilizar el 5% del agua trabajando tres kilómetros de trabajo de zanja en donde estuvieron trabajando  hombres, mujeres y niños”

Este proyecto muestra cómo una comunidad a través de su lucha pudo  generar una organización solida que busca el beneficio comunitario. Su resistencia inició desde los años de la guerra y el genocidio en el país,  al que lograron sobrevivir y levantar una comunidad a pesar de haber vivido perseguidos por el ejército de Guatemala,.

El agua para las comunidades es parte de la vida. Por eso se pensó en un proyecto pequeño y es así como Regina Valda lo comentaba:

“Hicimos un proyecto pequeño porque sabemos que sin el agua no podemos vivir, ya que es vital  al igual que las montañas y sin ellas no habría agua, si destruimos todo nos quedaríamos sin nada. Entonces ésa es la ventaja: aprovechamos nuestros recursos y nosotros mismos decidimos por lo nuestro, porque ya estamos cansados de tantos engaños. Vivimos en las áreas lejos, nos mienten diciendo que estas hidroeléctricas grandes nos benefician y no es cierto, este beneficio se va para otros países. Nosotros estamos a la nariz de la hidroeléctrica Palo Viejo, a la nariz de Chixoy que hace muchísimos años ellos sacaron a muchas familias, y sin embargo alrededor de éstas no hay energía, nosotros vemos los engaños, ya no lo debemos permitir. Es momento de que nosotros aprovechemos lo nuestro y que sea para nosotros. Como pueblos mayas nos hemos despertado diciendo si podemos usar nuestros recursos sin dañarlos y cuidándolos”

De esta manera el proyecto “Luz de los héroes y mártires de la resistencia” es un ejemplo de la lucha de los pueblos por mostrar que lo que se busca es la vida y  que lo que se rechaza son los modelos de explotación y extracción que desde siempre han amenazado, saqueado y desalojado el territorio.

Esta hidroeléctrica comunitaria es la muestra de cómo a través de procesos organizados desde los pueblos se puede generar un futuro y un presente mejor.  Por ello estas comunidades piden que se respete su trabajo y organización, y que el Alcalde respete a la Asociación Campesina Popular de Desarrollo ACPD-SIERRA, que es dueña legal de las tierras, y a las comunidades que están en ellas.

Cr/Sb

[1] Comunicado Luz de los héroes y mártires de la resistencia”,

 

“Ninguna autoridad está obligada a acatar órdenes ilegales “

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Cristina Chiquin

El día 26 de marzo se realizo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad en donde el  Ministerio Público y los abogados de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), querellantes en el caso de Genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, buscaban objetar y dejar sin efecto la resolución emanada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que respalda la resolución dictada  por   la Jueza Carol Patricia Flores del Juzgado A de Mayor Riesgo, emitida el 18 de abril del 2013 que anulaba  el juicio por Genocidio y ordenaba retrotraer el proceso hasta el 23 de noviembre del 2011.

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El abogado Francisco Vivar, representante de la Asociación Justicia para la Reconciliación comentó:

“La Jueza Carol Patricia Flores argumenta que ella está dando cumplimiento a un amparo que en su momento fue resuelto a favor del Centro Para la Acción Legal para los Derechos Humanos y lo que hace es anular todo el proceso del juicio y retrotrae el proceso a noviembre del 2011. Sin embargo, ese amparo ya fue ejecutado… Es por eso que hemos reiterado lo que dijo la Jueza Jazmín Barrios:  “Ninguna autoridad está obligada a acatar órdenes ilegales “

“La Jueza Carol Patricia Flores tuvo que retomar el proceso y continuarlo… Ella anuló incluso resoluciones de la Corte de Constitucionalidad , porque fue la misma Corte que en su resolución del 20 de mayo del 2013 dice que el debate debe de continuar. Y hasta esta resolución se está llevando ella de forma ilegal”

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El Juicio por Genocidio inició el 19 de marzo del 2013 y concluyo el 10 de mayo del mismo año con una sentencia que encontró culpable a Efraín Ríos Montt por los delitos de Genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, condenándolo a 80 años de presión. Lamentablemente, en una acción ilegal, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto dicha resolución y ordenó el reinicio del Juicio.

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Durante la audiencia estuvieron presentes familiares de las víctimas  y sobrevivientes del Genocidio vivido  por el pueblo Ixil.  Efraín Ríos Montt fue encontrado culpable de ser el autor del asesinato de 1,771 indígenas Ixiles a manos del ejército, durante el periodo de 1982 y 1983. Los crímenes fueron perpetrados en el marco de la guerra interna de 36 años.

De esta manera, ahora queda esperar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dispone de cinco días hábiles para resolver la audiencia realizada.

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Cr/Sb

Cobán: un nuevo caso de desplazamiento forzado

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Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

Cuatro familias maya Q’eqchí de la comunidad Santa Elena Samanzana II de Cobán en el departamento de Alta Verapaz sufren del desplazamiento forzado de su territorio. Son veintiún personas, la mayoría mujeres y niños quienes tuvieron que abandonar absolutamente todo para salvar su vida. Han vivido aquí desde hace cincuenta años.

La comunidad se ha enfrentado a las amenazas y han sufrido varios atentados de personas que pretenden desalojarlos violentamente de su tierra, ahora están instalados en la ciudad capital. Se movilizaron por el apoyo del Comité Campesino del Altiplano CCDA, atrás dejaron la tierra, los cultivos, sus herramientas de trabajo, alimentos, vestido y sus hogares.

La realidad hoy de éstas personas es la de quien vive en la zozobra, de mucha consternación y preocupación.  Las familias de don Lorenzo Pop, don Pedro Saj Bol, don Domingo Choc y doña María Cristina Pop han dado un giro inesperado y triste. El dolor y la tristeza por sufrir semejantes violaciones de sus derechos se refleja en la mirada de doña María Cristina que tuvo que dejar todo lo que tiene, tuvo que huir con sus hijos por el miedo de perder la vida.

“En agosto de 2013 surge un supuesto propietario que dice ser dueño de esta finca, llega con hombres fuertemente armado, disparan y reprimen a los compañeros, en ese momento fueron dos personas heridas gravemente por armas de fuego.”[1]

Éstos hechos son un lamentable e infame recuerdo parecido a lo vivido en este país durante los años más duros del genocidio que provocó el desplazamiento forzado de millones de personas a las selvas o montañas, algunas personas tuvieron que refugiarse en otro país.

Que sucedió en Santa Elena Samanzana II

Durante la segunda semana de marzo llegaron aproximadamente treinta hombres armados, queriendo sacar de forma forzada de la tierra a las familias, destruyendo parte de sus casas y sus siembras. Algunas de estas tenían sembrado cardamomo, café, maíz y frijol.

Las cuatro familias Maya Q’eqchí tuvieron que sobrevivir varios días en la montaña, ubicándose entre el monte sin alimentos, sin resguardo, padeciendo de la enfermedad especialmente los niños fueron los más afectados.

“Fue el día viernes 14 de marzo cuando llego el grupo armado, los amenazan con sus armas de fuego, los encerraron  contra su voluntad dentro de la iglesia de la comunidad, después de encerrarlos  realizaron más de 50 disparos, no hubo heridos pero varias de las mujeres se desmayaron. Pero la intención de este grupo armado fue la de prenderle fuego a la iglesia con toda la población dentro de ella.”[2]

Representantes de la comunidad reconocieron a algunos de los atacantes a quienes identificaron como: Víctor Danilo García Pop,  Manuel Antonio García Pop,  Alberto Sun Pop, Francisco Pop Bol,  Guillero Eq Luc de la comunidad Oculá, Ricardo Cacao,  Marcos Chun, Francisco Chen, Alberto Chun y  José Xuc Col.

Uno de los representantes de la comunidad señaló cómo el señor Víctor Danilo García Pop los amenazó de muerte: “yo tengo al fiscal del Ministerio Publico, si yo quiero matar a cuantas personas no va a quedar nadie.”, refiriéndose posiblemente al agente fiscal del MP de Cobán.[3]

“Sospechamos junto con los compañeros que el fiscal del MP puede ser pariente del supuesto propietario que está buscando apropiarse de la tierra, pusimos la denuncia serán las autoridades quienes investiguen, nosotros solo tenemos sospechas de esto, ojala se haga una investigación profunda para que determinen quienes son los responsables y los castiguen.”

 “tienen que salir de aquí, si van a salir por las buenas, si no van a salir muertos”… “luego comenzaron a cortar los cultivos, cortaron todo, la semana pasada nos sacaron a cuatro familias apuntándonos con sus armas, nos tocó que escondernos bajo el monte, escondidos entre el monte, con una semana sin comer.”[4]

Desde 1993 las familias pidieron al INTA que resolviera entregarles el título de propiedad, luego el INTA trasladó el expediente al Fondo de Tierra, allí ha estado estancada la entrega de la titulación. Esto da vía libre para que grupos armados afines a empresas o terratenientes operen con total impunidad. FONTIERRA reconoce que la tierra sigue siendo del Estado de Guatemala, también reconocieron en una reunión con directivos del CCDA que esta disputa de la tierra los supuestos herederos de un terrateniente no han logrado demostrar que ellos tengan derecho o propiedad de la tierra.

Cronología de los hechos:

Viernes 14 de marzo: 21 personas integrantes de 4 familias sufren desplazamiento forzado y se esconden en el monte.

Domingo 16 de marzo: las cuatro familias Q’eqchí junto con el Comité Campesino del Altiplano – CCDA realizan una conferencia de prensa para denunciar éstos hechos.

Martes 18 de marzo: representantes del Comité Campesino del Altiplano – CCDA se reúnen con un directivo de FONTIERRA para analizar el caso de las 4 familias desplazadas, especialmente la tenencia de la tierra. También se hizo la denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guatemala.

Miércoles 19 de marzo: La Procuraduría de los Derechos Humanos se reúne con campesinos de Cobán, afectados por los intentos de desalojos extrajudiciales.

El desplazamiento forzoso

“Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”[5]

Fue durante el conflicto armado en Guatemala que el desplazamiento forzado de la población civil tomo relevancia de forma crítica por el carácter masivo y destructivo que tomó (CEH, 1999). Se estima que un millón y medio de personas fueron desplazadas de forma violenta de sus territorios durante los primeros 3 años de la década de los años 80.  El desplazamiento “Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conforman cohesión.” [6]

Muchas veces fue para evadir las ofensivas y operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de ser población civil, en muchos de los casos “el ejército quemó las viviendas con todo adentro; otros no pudieron sacar sus cosas y se marcharon dejando todo como estaba…”[7]

Esto es muestra de la deshumanización el resultado del desplazamiento forzado, es la utilización de la política del terror y la violencia lo que empuja como último recurso a una persona o a un grupo a para abandonar su tierra, trabajo para movilizarse a otro lugar en donde pueda resguardar la vida, o exigir sus derechos. (Cuchumbe-Holguin,  Vargas-Bejarano. Colombia 2007). Varias de las expresiones utilizadas por grupos paramilitares o fuerzas de seguridad del Estado para lograr el desplazamiento forzado están: las masacres, el asesinato selectivo de una familiares o de miembros de una comunidad y las amenazas e intimidaciones constantes.

[1]Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[2]Ibidem.

[3] [3] Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[4]Conferencia de Prensa CCDA, representante de la comunidad de la comunidad Santa Elena Samanzana II.

[5] (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

[6]Guatemala historia de un país en conflicto. Capítulo 3, CEH.

[7] Ibidem.

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Presentación del libro “Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala”

libro diakonia

“En los últimos años, después de haber cerrado en falso el ciclo del conflicto armado, Guatemala ha entrado de lleno a las dinámicas de la economía global a través de lo que se ha revelado como la más dañina de sus formas: la denominada acumulación por desposesión que practican oligarquías nacionales en alianza con transnacionales dedicadas a las actividades extractivas: minería, petróleo, hidroeléctricas, agrocombustibles, etcétera.

La prepotencia, violencia e impunidad con que actúan estas empresas, apoyadas por el Estado que sigue utilizando todas sus herramientas –especialmente las represivas– para apoyar los intereses renovados de la oligarquía, ha sido contestada por las comunidades y pueblos que están dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan.

Eso es lo que de manera general se muestra en este estudio. Se describen los procesos desarrollados en tres lugares en los que la presencia del capital dedicado a actividades extractivas generó un ambiente de conflictividad, que se manifiesta en división comunitaria, intimidación, personas asesinadas, perseguidas y detenidas. Las medidas represivas y la falsedad de los mecanismos de “diálogo” tomadas por el gobierno sólo han servido para agudizar la situación.

Así ocurrió en San Juan Sacatepéquez con la planta cementera San Gabriel de la empresa Cementos Progreso, propiedad de la familia Novella Torrebiarte; en el Valle del Polochic con el ingenio Chabil Utzaj del grupo Pellas Chamorro de Nicaragua; y en Barillas con la empresa Hidro Santa Cruz S. A., propiedad de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, de Luis Castro Valdivia. Las tres tienen otros capitales en base a préstamos e inversiones.

A partir del análisis de estos tres procesos, se exponen las lógicas que están detrás de los tres actores implicados en los procesos de despojo y resistencia: las comunidades, el Estado y las empresas. Ése busca ser un aporte específico de este trabajo: mostrar los procesos, factores y racionalidades que están detrás de las dinámicas de despojo, lucha y resistencia en las que estamos insertos.

La conflictividad ha ido en aumento en todo el país conforme las formas autoritarias se refuerzan, los gobiernos han apostado de forma más clara por defender los intereses corporativos y actúan en contra de los derechos ciudadanos establecidos en la ley. Con este trabajo intentamos mostrar que lo que está en juego es el futuro de Guatemala: si la inserción en la economía global va a hacerse una vez más a costa de las necesidades de la mayoría de la sociedad; o si la sociedad guatemalteca, las comunidades y organizaciones, podrán cambiar el rumbo de la historia mediante el ejercicio de sus derechos.

Esta publicación es parte de un sueño, de un proyecto que se pensó y se realiza dentro de una concepción compleja y colectiva del trabajo político, de análisis y de comunicación. Es un producto del trabajo de un grupo de personas que creemos que es necesario enfrentar la realidad actual desde el aporte de todos y todas.

El objetivo es contribuir a las luchas de la gente con el análisis, la reflexión y la difusión. Este constituye nuestro granito de arena.

Es necesario nombrar a muchas más personas y en especial a quienes en cada uno de los lugares nos acogió y a este proyecto como suyo. Sin ellas hubiera sido imposible realizar este trabajo y otros más. Esperamos haber recogido sus palabras, aspiraciones, preocupaciones y contribuir a defender su derecho a ser escuchadas. Este documento es de ellas y para ellas, y sabemos que le darán un uso que multiplique su esfuerzo.

El sueño desde el principio es que esto sea parte de una investigación dentro de una dinámica más amplia, cuyo objetivo es que los hechos terribles que se relatan acá no vuelvan a suceder, para que los pueblos y los sujetos tengan un lugar digno, el lugar que se merecen, en el presente y el futuro de este país.”

Cobán, Alta Verapaz

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Guatemala

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Pueblo Kaqchikel denunció injerencia de Ministerio de Cultura

Foto Consejo de Pueblos Kiché

Foto Consejo de Pueblos Maya Kaqchikel

Por el Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel

 “Dejamos en claro que como Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel no formamos parte ni avalamos la “elección” de los representantes 2014-2016 en el Consejo Departamental de Desarrollo” porque sigue siendo un ente excluyente y paternalista y que ha sido tutelado por un Ministerio del Estado que sigue las líneas del partido oficial”.[1]

Representantes del pueblo Kaqchikel en Chimaltenango están en desacuerdo con la reciente elección del CODEDE en este departamento. En una conferencia de prensa denunciaron que autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes tuvieron injerencia dentro de esta elección.

Según los dirigentes todo comenzó ante el acercamiento de los representante indígenas del CODEDE en el Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel para socializar su preocupación y situación de abandono por las organizaciones que respaldaron su “elección” hace dos años y de exclusión y marginación en la toma de decisiones en el Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel departamental.

El Consejo preocupado porque se repita la misma situación organizaron una reunión el sábado 22 de marzo para discutir su posición política frente a la elección del representante titular y suplente en el CODEDE. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y los operadores del partido oficial forzaron la elección para el mismo 22 de marzo sin respetar los acuerdos anteriores y sobre todo violando los preceptos de la misma ley en sus artículos 1, 2, 3 y 9 del decreto 11-2002; en el artículo 10 de su respectivo reglamento y de los principios, normas y procedimientos propios del Pueblo Maya Kaqchikel.

Rechazaron categóricamente la actitud de división que está generando el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes, generando la división en el pueblo Kaqchikel de Chimaltenango.

Hicieron un llamado a pronunciarse ante los abusos y a profundizar su articulación interna para hacer valer los derechos colectivos así mismo a posicionar y exigir el respeto al ejercicio del derecho de libre determinación, respaldado por el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

Por último expresaron que la “elección” de los representantes de los Pueblos Mayas, Garífuna y Xinka en el Sistema de Consejos de Desarrollo no sustituye la obligación Constitucional del Estado de consultar a los Pueblos, previo a la implementación de medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectar los derechos colectivos.

“Hacemos el llamado a los otros departamentos del territorio maya Kaqchikel a estar alertas y vigilantes ante acciones y organización de asambleas malintencionadas y manipuladas por interés personales, grupales y partidarias”.

Descargue aquí el comunicado de prensa

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[1] Conferencia de prensa en Chimaltenango. Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel. Sábado 22 de marzo 2014.