Cobán: un nuevo caso de desplazamiento forzado

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

Cuatro familias maya Q’eqchí de la comunidad Santa Elena Samanzana II de Cobán en el departamento de Alta Verapaz sufren del desplazamiento forzado de su territorio. Son veintiún personas, la mayoría mujeres y niños quienes tuvieron que abandonar absolutamente todo para salvar su vida. Han vivido aquí desde hace cincuenta años.

La comunidad se ha enfrentado a las amenazas y han sufrido varios atentados de personas que pretenden desalojarlos violentamente de su tierra, ahora están instalados en la ciudad capital. Se movilizaron por el apoyo del Comité Campesino del Altiplano CCDA, atrás dejaron la tierra, los cultivos, sus herramientas de trabajo, alimentos, vestido y sus hogares.

La realidad hoy de éstas personas es la de quien vive en la zozobra, de mucha consternación y preocupación.  Las familias de don Lorenzo Pop, don Pedro Saj Bol, don Domingo Choc y doña María Cristina Pop han dado un giro inesperado y triste. El dolor y la tristeza por sufrir semejantes violaciones de sus derechos se refleja en la mirada de doña María Cristina que tuvo que dejar todo lo que tiene, tuvo que huir con sus hijos por el miedo de perder la vida.

“En agosto de 2013 surge un supuesto propietario que dice ser dueño de esta finca, llega con hombres fuertemente armado, disparan y reprimen a los compañeros, en ese momento fueron dos personas heridas gravemente por armas de fuego.”[1]

Éstos hechos son un lamentable e infame recuerdo parecido a lo vivido en este país durante los años más duros del genocidio que provocó el desplazamiento forzado de millones de personas a las selvas o montañas, algunas personas tuvieron que refugiarse en otro país.

Que sucedió en Santa Elena Samanzana II

Durante la segunda semana de marzo llegaron aproximadamente treinta hombres armados, queriendo sacar de forma forzada de la tierra a las familias, destruyendo parte de sus casas y sus siembras. Algunas de estas tenían sembrado cardamomo, café, maíz y frijol.

Las cuatro familias Maya Q’eqchí tuvieron que sobrevivir varios días en la montaña, ubicándose entre el monte sin alimentos, sin resguardo, padeciendo de la enfermedad especialmente los niños fueron los más afectados.

“Fue el día viernes 14 de marzo cuando llego el grupo armado, los amenazan con sus armas de fuego, los encerraron  contra su voluntad dentro de la iglesia de la comunidad, después de encerrarlos  realizaron más de 50 disparos, no hubo heridos pero varias de las mujeres se desmayaron. Pero la intención de este grupo armado fue la de prenderle fuego a la iglesia con toda la población dentro de ella.”[2]

Representantes de la comunidad reconocieron a algunos de los atacantes a quienes identificaron como: Víctor Danilo García Pop,  Manuel Antonio García Pop,  Alberto Sun Pop, Francisco Pop Bol,  Guillero Eq Luc de la comunidad Oculá, Ricardo Cacao,  Marcos Chun, Francisco Chen, Alberto Chun y  José Xuc Col.

Uno de los representantes de la comunidad señaló cómo el señor Víctor Danilo García Pop los amenazó de muerte: “yo tengo al fiscal del Ministerio Publico, si yo quiero matar a cuantas personas no va a quedar nadie.”, refiriéndose posiblemente al agente fiscal del MP de Cobán.[3]

“Sospechamos junto con los compañeros que el fiscal del MP puede ser pariente del supuesto propietario que está buscando apropiarse de la tierra, pusimos la denuncia serán las autoridades quienes investiguen, nosotros solo tenemos sospechas de esto, ojala se haga una investigación profunda para que determinen quienes son los responsables y los castiguen.”

 “tienen que salir de aquí, si van a salir por las buenas, si no van a salir muertos”… “luego comenzaron a cortar los cultivos, cortaron todo, la semana pasada nos sacaron a cuatro familias apuntándonos con sus armas, nos tocó que escondernos bajo el monte, escondidos entre el monte, con una semana sin comer.”[4]

Desde 1993 las familias pidieron al INTA que resolviera entregarles el título de propiedad, luego el INTA trasladó el expediente al Fondo de Tierra, allí ha estado estancada la entrega de la titulación. Esto da vía libre para que grupos armados afines a empresas o terratenientes operen con total impunidad. FONTIERRA reconoce que la tierra sigue siendo del Estado de Guatemala, también reconocieron en una reunión con directivos del CCDA que esta disputa de la tierra los supuestos herederos de un terrateniente no han logrado demostrar que ellos tengan derecho o propiedad de la tierra.

Cronología de los hechos:

Viernes 14 de marzo: 21 personas integrantes de 4 familias sufren desplazamiento forzado y se esconden en el monte.

Domingo 16 de marzo: las cuatro familias Q’eqchí junto con el Comité Campesino del Altiplano – CCDA realizan una conferencia de prensa para denunciar éstos hechos.

Martes 18 de marzo: representantes del Comité Campesino del Altiplano – CCDA se reúnen con un directivo de FONTIERRA para analizar el caso de las 4 familias desplazadas, especialmente la tenencia de la tierra. También se hizo la denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guatemala.

Miércoles 19 de marzo: La Procuraduría de los Derechos Humanos se reúne con campesinos de Cobán, afectados por los intentos de desalojos extrajudiciales.

El desplazamiento forzoso

“Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”[5]

Fue durante el conflicto armado en Guatemala que el desplazamiento forzado de la población civil tomo relevancia de forma crítica por el carácter masivo y destructivo que tomó (CEH, 1999). Se estima que un millón y medio de personas fueron desplazadas de forma violenta de sus territorios durante los primeros 3 años de la década de los años 80.  El desplazamiento “Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conforman cohesión.” [6]

Muchas veces fue para evadir las ofensivas y operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de ser población civil, en muchos de los casos “el ejército quemó las viviendas con todo adentro; otros no pudieron sacar sus cosas y se marcharon dejando todo como estaba…”[7]

Esto es muestra de la deshumanización el resultado del desplazamiento forzado, es la utilización de la política del terror y la violencia lo que empuja como último recurso a una persona o a un grupo a para abandonar su tierra, trabajo para movilizarse a otro lugar en donde pueda resguardar la vida, o exigir sus derechos. (Cuchumbe-Holguin,  Vargas-Bejarano. Colombia 2007). Varias de las expresiones utilizadas por grupos paramilitares o fuerzas de seguridad del Estado para lograr el desplazamiento forzado están: las masacres, el asesinato selectivo de una familiares o de miembros de una comunidad y las amenazas e intimidaciones constantes.

[1]Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[2]Ibidem.

[3] [3] Conferencia de Prensa CCDA, Leocadio Juracan. Guatemala 16 de marzo 2014.

[4]Conferencia de Prensa CCDA, representante de la comunidad de la comunidad Santa Elena Samanzana II.

[5] (Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

[6]Guatemala historia de un país en conflicto. Capítulo 3, CEH.

[7] Ibidem.

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