Archivos diarios: 1 febrero, 2014

“Ríos Montt tiene una amnistía de facto”

GUATEMALA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

A 34 años de la masacre de la embajada de España en Guatemala, en la que murieron 37 personas, se lanza una plataforma para apoyar la lucha contra la impunidad en este país, en especial en el caso del exdictador Efraín Ríos-Montt.

Emma Gascó Redacción
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Para denunciar la política de “tierra arrasada” y las masacres, una delegación de campesinos mayas ixiles y k’iches del Comité de Unidad Campesina (CUC) ocupó pacíficamente la embajada de España junto con un grupo de estudiantes. Pese a las gestiones del embajador Máximo Cajal por evitar la matanza, las fuerzas de seguridad incendiaron el edificio. Los gritos de auxilio se escuchaban desde afuera, pero no los dejaron salir, ni permitieron que los bomberos, que esperaban en la puerta del edificio, extinguieran el fuego. Era el 31 de enero de 1980. El padre de la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú murió en aquel incendio, que todavía no ha sido esclarecido. Poco después de los asesinatos, el CUC decidió integrarse en una de las guerrillas.

34 años después, Máximo Cajal, que consiguió salir de la embajada casi de milagro, escucha las palabras de Sofía Duyos durante el primero de una serie de actos para acompañar a las organizaciones de derechos en Guatemala, celebrado el jueves 30 de enero. “El juicio a Efraín Ríos-Montt ha sido histórico”, explica Duyos, litigante en el caso. Tras más de una década de trabajo y amenazas, y con más de cien recursos en contra, el 10 de mayo de 2013 el ex dictador fue condenando a 80 años de cárcel inconmutables. “Se estima que durante su gobierno se produjeron 420 masacres y 400 aldeas fueron arrasadas”, recuerda Duyos.

El veredicto, además, ordenaba investigar a todos los responsables de las matanzas, lo que significaba un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad del actual presidente Otto Pérez Molina. La importancia de la sentencia trascendía las fronteras de Guatemala. Era la primera vez en América Latina que un jefe de Estado era condenado por genocidio.

Trabas a la condena

La alegría no duró demasiado. A los diez días de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad anulaba todo el proceso realizado desde el 19 de abril en adelante, lo que incluía la condena. Pero, en su última maniobra, el equipo defensor ha llegado mucho más allá, hasta retrotraer el juicio a noviembre de 2011, cuando todavía Ríos-Montt no había sido encausado y no se habían presentado todavía los testimonios.

“En la actualidad está en la Corte de Apelaciones, pero esta resolución puede durar meses. Sesenta magistrados se han negado a integrar la corte. Así que tenemos una amnistía de facto”, expone Sofía Duyos. Para entender el entramado, conviene tener en cuenta que Francisco García Budiel, el principal abogado defensor del exdictador, es un “reconocido abogado de los Zetas, de los narcos”, recuerda la abogada. “Y desde 2011, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Avemilgua, ha dicho que está dispuesta a empuñar las armas de nuevo. Es decir, mantienen la amenaza”, explica Prudencio García, que formó parte del Comité de Esclarecimiento Histórico que investigó los crímenes del conflicto.

“Si no acompañamos y les damos visibilidad a los testigos, van a ir desapareciendo, los van a ir matando”

Duyos hace hincapié en que “los jueces se están jugando la vida, así como los testigos”. Por este motivo, Marta Casaús, profesora y experta en el caso, insiste en la necesidad de apoyar a las organizaciones que se enfrentan a la impunidad en Guatemala: “No van a matar a una jueza, porque nos vamos a enterar. Pero si no acompañamos y les damos visibilidad a esas víctimas [que testificaron en el juicio], van a ir desapareciendo, las van a ir matando”. A muchas de las mujeres violadas, explica Casáus, las volvieron a buscar a sus aldeas y las volvieron a violar para impedir que fueran a declarar. Aún así, testificaron.
“Llamamos a formar una red de apoyo de las víctimas para darles seguridad. Es necesario que se realice este acompañamiento hasta que se cumpla la sentencia”, dice Casaús. Juan Pablo de Laiglesia, que fue embajador en Guatemala entre 1988 y 1992, recuerda el papel que tuvieron, por ejemplo, las brigadas internacionalistas para “romper el aislamiento” y “brindar seguridad” en aquella época anterior a los acuerdos de paz de 1996. “Éste es el inicio de una serie de acciones”, explica Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora de las ONG para el Desarrollo.

Comunidades frente a una empresa gallega

“El mapa de las masacres que se produjeron durante el conflicto coincide con los territorios donde se quieren imponer megaproyectos, como hidroeléctricas y minas”, explica Ángel Poyato. La impunidad de ayer se vincula con la actual, viene a decir Poyato. Desde 2005, se han realizado, según Naciones Unidas, 74 consultas comunitarias para decidir si se quiere o no la implantación de estos proyectos. En muchos casos, las comunidades, amparadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los han logrado frenar.

En el norte del departamento de Huehuetenango el conflicto sigue abierto. Las comunidades, que han expresado su rechazo al proyecto hidroeléctrico Cambalam, han sufrido el asesinato dos personas visibles en la oposición y el encarcelamiento de muchas otras. En este caso, el “acompañamiento” implica presionar a la empresa gallega Ecoener- Hidralia Energía, responsable del proyecto, y al Gobierno español. Con este objetivo, otra red de apoyo, la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala, ha recogido 1.900 firmas para entregar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada de Guatemala e Hidralia Energía.