Archivos diarios: 23 enero, 2014

Lideres comunitarios de Barillas quedaron en libertad

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Santa Eulalia, Huehuetenango. Arturo Pablo, Adalberto Villatoro y Francisco Juan quedaron en libertad.

El Jusgado de Santa Eulalia retiro los cargos en contra de los tres lideres comunitarios de Barillas, en horas de la tarde son acompañados por el equípo de abogados, familiares y el pueblo de Santa Eulalia que acompaña solidaridamente en las instalaciones del juzgado de Paz.

El abogado defensor Sergio Vives expresó que los tres lideres comunitarios ahora podrán solventar su inocencia frente a las acusaciones en su contra y que será a través del debido proceso que ellos puedan cerrar este caso.

Representantes de los pueblos de Huehuetenango en horas de la tarde celebraron la liberación de los tres lideres comunitarios de Barillas:

“VICTORIA POLITICA DE LOS PUEBLOS SOBRE LA JUDICIALIZACION DE LAS DEMANDAS COMUNITARIAS, QUEDAN EN LIBERTAD LOS LIDERES DE BARILLAS ADALBERTO VILLATORO, FRANCISCO JUAN Y ARTURO PABLO” Para la Nacion Bajo una profunda solidaridad colectiva y movilizacion politica de las naciones qanjobales, chuj y akakteko, el juzgado de Santa Eualalia deja en libertar a los lideres de la resistencia de Barillas detenidos en forma arbitraria hoy por la ma;ana. Una vez mas se demuestra el poder de los pueblos y la perversidad del sistema de justicia a favor de las emrpesas extranjeras.
Que viva la libre determinacion de los pueblos
Ni un preso politico mas…” Reconstitución Territorio Q’anjob’alana.

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Barillas: Detienen a tres defensores del agua, la represión continúa

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Fotografía: ADH

Por Quimy De León -Prensa Comunitaria.

Arturo Pablo,  los comerciantes Adalberto Villatoro y  Francisco Juan conocido como don Chico Palas, fueron detenidos en el juzgado de Santa Eulalia cuando se presentaron voluntariamente a una de las audiencias en relación a denuncias en su contra, los tres estan acusados dentro de la Causa penal 139-2013, Procesados por delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilicitas”; dichas acusaciónes responden a los intereses de la empresa española.

Los lideres de la Sociedad Civil de Barillas fueron capturados éste  jueves 23 de enero en el Juzgado de Paz de Santa Eulalia, Huehuetenango.  Además forman parte de la resistencia pacífica contra la instalación de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

Con  dos años de seria conflictividad en Barillas parece que a éste gobierno no le importa aumentarla, evidenciando su negativa en encontrar el camino que las comunidades y pueblos del norte de Huehuetenango con insistencia exigen para poder alcanzar la paz social y la tranquilidad en ese territorio.

En un comunicado representantes de las nacionalidades maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza de Huehuetenango rechazaron la captura de los lideres comunitarios, considerando este acción como un provocación e irrespeto hacia los pueblos.  Autoridades y representantes del norte de Huehuentenango realizaban una reunión con el gobierno de Guatemala al momento de la captura de los lideres.

“Consideramos esta acción como una clara provocación y estrategia de las empresas para desmovilizar las demandas comunitarias, desesperar a las comunidades para justificar el uso de la fuerza por parte del gobierno. Responsabilizamos a la empresa Hidro Santa Cruz y al juez de paz de santa Eulalia Rubén Zamora por lo que pueda pasar hoy en la zona norte de Huehuetenango si no se resuelve vía negociación esta situación.“[1]


Represión mediante la persecución penal

Los actores políticos y empresariales están utilizando el aparato judicial y el entramado jurídico  para neutralizar las acciones y la movilización de quienes se oponen a sus proyectos . Eso es lo que se llama  la judicialización de la protesta, una parte central de la estrategia de represión que utiliza herramientas “legales” para acabar con las formas de oposición y de organización.

Se trata de una forma de represión más sutil que las formas “clásica” de violencia directa, pero no por ello menos efectiva, pues consiste en

“…introducir a los movimientos sociales en largos procesos de confrontación legal que apuestan al desgaste interno de los movimientos y que dejan a los actores sociales en una situación de profunda desventaja… Aun teniendo la capacidad de llevarlo en orden, el resultado puede ser claramente inclinado en favor del Estado, por la vía de la corrupción de las autoridades”[2]

Puede utilizarse de dos maneras complementarias. Puede funcionar cambiando la legislación y convirtiendo en delitos las acciones de protesta constitucionalmente resguardadas. O puede funcionar a base de detener a los líderes por unos delitos comunes –secuestro, robo- que no se pueden probar pero que les condena a prisión.  Estos delitos son creados y denunciados por supuestos testigos, la mayoría ni si quiera son susceptibles de ser demostrados.

Licenciado y profesor Arturo Pablo, lider comunitario.

Profesor Arturo Pablo, lider comunitario de Barillas

¿Presos políticos?

De esta manera, aparece la figura del preso político.[3] El hecho de que su lucha sea la razón es lo que permite usar esta figura. Que se inventen delitos por opinar diferente de lo que se supone el sistema quiere respecto del modelo de desarrollo, expresarlo y organizarse para defender sus propias posturas en lo que pareciera ser una transgresión. Que el Estado niegue la condición de luchadores y defensores de sus derechos y la vida, usando los medios de comunicación para darles el carácter de delincuentes. Esas son las razones por las que se puede usar esta calificación.

Pese a esta forma de acusar inventado delitos, cuando el Estado incluye las acusaciones por terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, se está descubriendo. Está mostrando que existe una aceptación tácita del mismo Estado de que son presos políticos.

“Pretender ligar a un líder campesino al delito de terrorista, simplemente porque exige derechos, porque ejerce un derecho constitucional a manifestarse, a reunirse, a opinar de forma distinta;… entonces es el mismo estado a través del Ministerio Público quien decide que son presos políticos. Por la forma de persecución, implementando un estado de sitio, porque supuestamente se encuentra en peligro la estabilidad del Estado y especialmente la constitución, no puede percibirse esta realidad de otra manera, que no sea de carácter político”.[4]

Así pues a través de la judicialización de la protesta social se convierte en delincuentes y se detiene a personas que no han cometido delitos ni realizado acciones ilegales o violentas.  Se les imputan delitos creados ex profeso para el proceso. No son susceptibles de ser demostrados y son extremadamente exagerados como terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

Los presos por motivos políticos son sujetos a violaciones de derechos humanos tales como la detención ilegal, negación de juicios justos, violaciones al debido proceso, racismo y discriminación, malos tratos y torturas entre otros, es justamente lo que les da esta característica

Se trata de personas que solamente han defendido sus derechos, se han organizado, han expresado sus opiniones, sus luchas son las razones de la persecución penal. Y con su detención se busca minimizar las luchas sociales y afectar a la población completa.

Licenciado y profesor Arturo Pablo. Foto ADH.

Profesor Arturo Pablo. Foto ADH.

A quién afecta la represión

El encarcelamiento político afecta directamente a las comunidades, provocando dolor, zozobra a las familias y a quienes deciden continuar con la lucha o defensa de sus derechos. Impacta a otras comunidades y organizaciones, generando un desgaste profundo a nivel nacional con  la defensa penal, las campañas públicas y otras formas de lucha que pueden también llevar al miedo y a replegarse de la lucha.

El uso de la justicia en la política a beneficio de los intereses del capital demuestra cómo se fortalece la impunidad: por un lado persigue a hombres y mujeres que luchan por defender la vida y sus derechos y por el otro no actúa en contra de crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, corrupción y los abusos y violaciones a sus derechos precisamente a luchadores sociales.

Voces que no son escuchadas

Las voces que no se cansan de pedir justicia y que se vayan las empresas en la región norte en concreto Ecoener Hidralia/Hidro Santa Cruz, no son escuchadas y más bien se intenta silenciarlas.

 


[1] Comunicado Consejo de las Nacionalidades mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti del territorio Q’anjob’al. Consejo de Pueblos de Occidente CPO. Guatemala 23 de enero 2014.

[2] Pablo Romo, La Criminalización de la Protesta Social en México. Observatorio de la Conflictividad Social, Servicios y Asesoría para la Paz, AC. México, 2008.

[3] Como recuerda Edelberto Torres Rivas (“Anticomunismo y Estado Terrorista” El Periódico, 7de julio 2013, por ejemplo), durante las cuatro décadas del conflicto armado, apenas existieron presos políticos en Guatemala, pues esa figura fue sustituida por la del desaparecido o directamente la del asesinado

[4] En entrevista al abogado a Sergio Vives.

Sobre la reversibilidad de las conquistas

Jesus González Pazos -Miembro de Mugarik Gabe.

La crisis que vivimos, de forma más agresiva en el que era conocido como mundo rico, tiene dos caras. Por una parte, y aunque pretendidamente escondida tras la identificación de solamente económica, la que es reflejo de una sumatoria de varias otras crisis: política, civilizatoria, de valores, social, etc. Por otra parte, la que es resultado de la reacción que tiene el capitalismo global ante los primeros tiempos de la crisis económica. Éste aprovecha el momento para la implantación de un nuevo sistema, no solo económico sino también político, el denominado neoliberalismo, y al que se pretende someter a la mayoría de la población. Es a esta realidad y a esta cara de la crisis a la que pretendemos dedicar este texto en unos breves apuntes. Porque la imposición actual del neoliberalismo político-económico nos aporta, además de muchas frustraciones ya conocidas, también algunas valiosas enseñanzas teóricas y prácticas. Y el análisis de estos elementos es necesario para poder ubicarnos en mejores condiciones de enfrentamiento ante esa situación creada, recreada e impuesta por los poderes económicos dominantes.

En este sentido, y después de hablar mucho sobre los recortes sufridos de todo tipo y orden, de la abultada pérdida de derechos, tanto laborales como sociales y también políticos, la posiblemente mayor enseñanza que debiéramos extraer está en la reversibilidad posible de las conquistas anteriormente alcanzadas en todos los órdenes de la vida. Esta situación se produce cuando el poder queda en manos de quienes dominan y controlan el sistema en los últimos años, es decir, en manos de las élites económicas y sus fieles administradores de la clase política tradicional. Parte, en lo económico, de las conocidas medidas de recortes y privatizaciones para alcanzar, en lo político, la implementación de un sistema total y absolutamente fiel a los dictados del poder económico y con un cada día más bajo perfil democrático; lo que ya se puede denominar como democracia de baja intensidad que sustituiría incluso a la democracia representativa, propia del liberalismo o del llamado estado del bienestar.

A lo largo de estos años, desde el estallido de la crisis allá por el 2008, los ejemplos en este sentido se han ido dando y agrupando de forma continua y cualquiera podría hacer una enumeración rápida y numerosa. Pero posiblemente una de las últimas situaciones que mejor ilustran esto que apuntamos podemos encontrarla en el reciente anteproyecto de reforma de la ley sobre el aborto. Esta reforma nos ha retrotraído de golpe en una treintena de años atrás, por no decir hasta una época cercana al medievo, por lo menos en lo que a los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos se refiere y a las concepciones de la sociedad más moralistas, en su peor sentido, que se han exhibido por parte de quienes que quieren imponer dicha nueva ley sobre las mujeres.

Hombres y mujeres pensábamos, erróneamente, que la larga lucha de las últimas décadas habían colocado a éstas casi en las puertas de conseguir (por fin) el control sobre sus cuerpos, y las leyes existentes sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo era elementos de avance en este sentido. Sin embargo, la presentación por parte del gobierno del anteproyecto de reforma nos hace darnos cuenta que dichas conquistas no eran irrevocables, sino que de nuevo los derechos alcanzados se pueden perder y el retroceso será de décadas.

Si revisamos otra multitud de situaciones que se han ido dando en estos últimos cinco años, bien sea respecto a los derechos individuales o colectivos, bien respecto al derecho a la educación y a la salud universal y gratuita o pasando por una larga relación de otros derechos en ámbitos como el laboral, social y político, la reversibilidad de los mismos es indiscutible, es casi palpable y es del todo innegable. Por ejemplo, hasta hace unos pocos años en los centros de trabajo se luchaba por conseguir mejores condiciones laborales sobre un “colchón” importante de derechos alcanzados tras prácticamente un siglo de luchas obreras. Hoy, por el contrario, aceptamos la pérdida de ese “colchón” como si nunca hubiera existido, acatamos disminuciones salariales y cruzamos los dedos para no engrosar en cualquier momento las listas del paro y el empobrecimiento acelerado. Y en este campo laboral la evidencia del retroceso de las conquistas de un siglo se hace nuevamente indiscutible. Igual ocurre con las amenazas que ya se ciernen sobre otros derechos básicos políticos y ciudadanos como los de reunión, manifestación o expresión, ya amenazados por los anteproyectos que el gobierno español prepara bajo la próxima Ley de Seguridad Ciudadana o la enésima reforma del código penal.

El llamado estado del bienestar nos imbuyó (y nos engañó) en un casi convencimiento ciego de que muchos de los derechos conseguidos eran inamovibles y no se podrían perder nunca. Podríamos, en situaciones de crisis económicas, retroceder en algunos aspectos de forma temporal pero fácilmente recuperables cuando ésta se superara. Y sin embargo, ahora asistimos estupefactos en gran medida, inmóviles ante ello y con un miedo que nos fuerza a la pasividad, a esa vuelta atrás de muchos de los derechos, ya no de los más recientes, sino también de los históricamente conquistados hace décadas.

Y ante todo ello clase política tradicional, integrante del sistema hoy ya plenamente neoliberal pues éste traspasó los límites de la economía para alcanzar el campo político, sigue anclada y fuera de juego. El tablero político se sigue sustentando en la llamada democracia representativa (en realidad, y como ya se ha dicho, es cada día más una simple democracia de baja intensidad), donde precisamente el juego parlamentario es una pieza clave que hoy no representa sino eso, un simple juego sin poder de transformación de la injusta situación creada por las élites económicas, auténticas dictadoras sin necesidad de estar directamente presentes en la arena política.

Por todo ello y vista la reversibilidad de los derechos conquistados como enseñanza de esta situación, deberíamos extraer otra enseñanza correlativa a la anterior: si no hay lucha individual y colectiva la pérdida de conquistas históricas y recientes se seguirá agrandando ya que, como vemos continuamente, la voracidad del nuevo sistema impuesto ha perdido los viejos límites y la vergüenza respecto al respeto de los derechos y la dignidad de las personas y pueblos. Si no hay luchas y respuestas a este sistema neoliberal caminaremos por una senda ya iniciada con la pérdida de las conquistas, profundizando en un sistema que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos define brevemente con las siguientes palabras: “El fascismo que surge no es político, sino social y convive con una democracia de bajísima intensidad. La derecha en el poder no es homogénea, pero en ella domina la facción para la cual la democracia, lejos de ser un valor incalculable, es un costo económico y el fascismo social es un estado normal”.

2013/01/20