Empresa gringa, minería y criminalización de la Resistencia Pacífica de “La Puya”

Por Nelton Rivera. –Prensa Comunitaria.

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad de Guatemala resolvió ante la  petición de la agente fiscal  Ministerio Publico Blanca Araceli Monzón Soto de clausurar provisionalmente por dos meses el proceso iniciado en contra varios comunitarios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, por falta de pruebas.

La agente fiscal solicitó al juez un plazo de mes y medio para ampliar o incorporar nuevas pruebas, y éste aceptó el planteamiento. Tomó en cuenta la solicitud de Sergio Vives y de Armando Cabrera, abogados defensores, de ampliar a dos meses la investigación, pero no la de suspender las medidas coercitivas en contra de los tres comunitarios acusados injustamente el 3 de mayo del 2012 por la empresa EXMINGUA.

La demanda contra don Valerio Carrillo Sandoval, don Jorge Adalberto López Reyes y don Alonzo de Jesús Torres Catalán queda clausurada provisionalmente ante la falta de pruebas presentadas por el MP,  con la esperanza de que este proceso sea clausurado totalmente en 2 meses.

Me parece inaudito que parte de los medios de investigación que se están solicitando sea la identificación de los acusados, cuando ésta es parte del proceso del porqué se dictó el auto procesamiento. Esto nos lleva, señor juez, a reiterar nuestra formulación  inicial de que no existía hasta el momento los medios de investigación que permitieran obtener la evidencia de la participación de mi defendido Alonzo de Jesus con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Resulta que la identificación de mi cliente a la altura de la etapa intermedia una falta que se debe de considerar indicada en cuanto a la tarea de investigación.”
Abogado Sergio Vives.

Criminalización  de la resistencia pacífica

Con denuncias de dos supuestos trabajadores mineros y declaraciones del gerente de la EXMINGUA, el coronel del ejercito Mario Ricardo  Figueroa Archila como “testigo”, la empresa KCA – EXMINGUA busca criminalizar y judicializar a líderes y lideresas comunitarias, además de desarticular con estos procesos la resistencia comunitaria que ya alcanzó 21 meses de lucha.

A este proceso se suman las declaraciones de Marco Tulio Garrido Aquino, de Erick Adoni Gálvez Rivera, ambos trabajadores de EXMINGUA, como acusadores, y la declaración de los “testigos” Gerson Miseal Garrido y José Alejandro Ávila Mérida.[1]

La empresa gringa Kappes Kassiday & Associates KCA invierte miles de quetzales en su desesperación por hacer a un lado la resistencia de las comunidades en San José Del Golfo y en San Pedro Ayampuc, quienes se oponen de forma organizada a la construcción de una planta minera en su territorio por los efectos dañinos e y la destrucción irreversibles que causa la minería a cielo abierto.

La KCA tiene una fuerte  inversión millonaria en la licencia de exploración y explotación de la mina el “El Tambor” oficialmente conocida como Proyecto minero Progreso VII Derivada.  La empresa norteamericana compró los derechos de la Mina “El Tambor” a la empresa canadiense Radios Gold INC, quien frente a la decisión de miles de personas por defender el agua, la vida y el territorio, no tuvo mas camino que ceder  los derechos a otra empresa. [2]

El gobierno de Guatemala, bajo la presidencia de un general del ejercito financiado por los grupos tradicionales de poder, se ha dedicado en 2 años de gobierno a impulsar por cualquier medio y recurso todas las inversiones de empresas nacionales y transnacionales que  tienen su inversión en megaproyectos como minería, hidroeléctricas, geotérmicas, petroleras, areneras, mega carreteras, etc.

Las comunidades en “La Puya” cumplieron  21 meses de resistencia pacífica, evitando que la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA,   subsidiaria de la KCA haya logrado realizar trabajo alguno en los terrenos donde pretenden instalar la mina.

Frente a la resistencia que ha tenido la capacidad de avanzar en su lucha,  las empresas optaron por impulsar la violencia en las comunidades con atentados armados, asesinatos de lideres comunitarios, amenazas de muerte, agresiones verbales, psicológicas y físicas contra las personas que forman parte del FRENAM y la resistencia pacifica, agresiones contra periodistas comunitarios, intentos de desalojos violentos, mesas de dialogo. En fin, una sucesión acciones de la empresa y el gobierno que no le permiten a la KCA iniciar o avanzar en la construcción de su planta minera.

La criminalización y judicialización de la lucha de líderes y lideresas comunitarias de “La Puya” se suma a la implementada por la empresa española Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz y la empresa CINCO M S.A. con la  Hidro San Luis en contra de la lucha de las comunidades de Barillas, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango. Se suma también a la implementada por Cementos Progreso en contra de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez,  contra los  48 Cantones de Totonicapán impulsada por la empresa Energuate y decenas de procesos judiciales en contra de comunitarios y comunitarias en oposición a las empresas extractivas en sus territorios.


[1] Intervención de la agente Fiscal Blanca Araceli Monzón Soto. 3 de diciembre 2013.

[2] Violencia de Estado una amenaza para la Resistencia Pacifica contra la minería. Prensa Comunitaria. 3 de mayo 2013.

La Puya 5

Don Valerio Carrillo Sandoval, don Jorge Adalberto López Reyes y don Alonzo de Jesús Torres Catalán

La Puya 4Los dos abogados querellantes llevaron el expediente de este caso debidamente identificados con el nombre de “EXMINGUA”.

La Puya 3

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La Puya 1

Abogado Sergio Vives y abogado Armando Cabrera (Defensa: equipo legal de Madre Selva)

La Puya 6

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Publicado el 3 diciembre, 2013 en Guatemala y etiquetado en , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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