Archivos diarios: 22 noviembre, 2013
Honduras: Ellas seguiran resistiendo, no callaran ante las agresiones
Por Cristina Chiquin -Prensa Comunitaria, corresponsal internacional en Honduras
Elecciones Generales en Honduras 2013
En Honduras se instaló el «Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos y de las resistencias de las mujeres en el contexto electoral».
«Hoy las hondureñas se enfrentan a un contexto complejo y violatorio de sus derechos humanos, en el cual el derecho a la vida libre de toda violencia es diariamente lesionado.
En el 2012, un promedio de 50 mujeres fueron asesinadas cada mes en Honduras, la mayoría de ellas menores de 30 años, incluyendo niñas de corta edad. Además, las organizaciones civiles reportan más de cinco mil denuncias de violencia sexual para ese mismo período. Las denuncias de mujeres que enfrentan violencias han aumentado ante la Fiscalía de la Mujer. Sin embargo, la respuesta a la demanda de justicia es mínima. Algunos datos hablan de casi un 98 por ciento de impunidad respecto a las denuncias que las mujeres realizan ante los operadores de justicia.»[1]
Es así como las mujeres en sus diversas expresiones se organizaron para observar este proceso electoral 2013, en Honduras dos son las fuerzas político – electorales mayoritarias, una esta representadas por Iris Xiomara Castro Sarmiento del partido Libre, quien representa a sectores de centro, progresista , social demócratas y algunos sectores de Izquierda del país, la segunda fuerza esta encabezada por Juan Orlando Hernández del partido Nacional, espacio en donde se concentra los sectores conservadores y reaccionarios.
La realidad de Honduras no es muy distinta a la que se vive en Guatemala: militarización, criminalización, inseguridad, violencia política, despojo del territorio, violencia contra la mujer. Esta realidad ha llevado al pueblo hondureño a querer un cambio que no precisamente se viene realizando desde lo gubernamental.
Estos días previos a la elección en Honduras se puede percibir una constante alerta e incertidumbre ante cualquiera de los resultados electorales. Sobre todo porque se prevé que los grupos en el poder del país generen desestabilización y represión, como lo hace el actual gobierno y sobre todo por la experiencia de violencia en contra de las mujeres y el pueblo en general que se dio durante el Golpe de Estado contra el depuesto presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
A pesar de que hay un rechazo generalizado contra el partido nacionalista, quienes fueron los que promovieron y apoyaron el Golpe de Estado, se teme que éste al no obtener los resultados esperados quiera imponer a su candidato Juan Orlando Hernández a través del uso de la violencia.
Desde hace varios días se están observando serias violaciones de los derechos humanos, tal es el caso del mismo Tribunal Electoral de Honduras quien hizo firmar un acuerdo a los medios de comunicación tradicionales y delegaciones de observadores internacionales, con este acuerdo se compromete a no divulgar ningún tipo de resultado; desde los grupos de derechos humanos y medios de comunicación como Radio Globo y Cholusat Sur este acuerdo es percibido como un acto que atenta con la Libertad de Expresión e Información y es una evidente Coacción contra medios que no están plegados a los grupos de poder tradicionales que apoyaron el Golpe de Estado.
Por otro lado, las amenazas y señalamientos a mujeres artistas como Karla Lara, canta autora que es perseguida por haber apoyado la resistencia feminista durante el golpe de estado, Karla reestructuro la letra del himno nacional de manera que este respondiera a la lucha del pueblo en ese momento.
Otra forma de violencia que se manifiesta no solo en el contexto electoral, es la criminalización de la defensa del territorio, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, como ocurre en el caso de Bertha Caceres Flores lideresa y representante del pueblo Lenca y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Hondurasdes -COPINH, Bertha actualmente es la coordinadora del COPINH, durante este año 2013 está siendo perseguida judicialmente.
«Comunidades campesinas e indigenas en Río Blanco, Honduras, continúan denunciando que en los lugares donde hay megaproyectos como hidroeléctricas y minería, se centra el foco de la represión y la criminalización.
Como lo es el caso de Río Blanco, donde el pueblo indígena Lenca denuncia las amenazas y ataques por parte de la Policia Nacional y el ejército hondureño.» Cita un comunicado de COPINH.
El día 20 de noviembre fue detenida una delegación internacional de observación de derechos humanos que se dirigía a Río Blanco, la negación del paso de la delegación fue efectuada por personeros de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. -DESA, en coordinación con la Policía Nacional y el ejército de este país Centroamericano.[2]
Son diversas las anomalías y violaciones de derechos humanos que se están registrando en estos momentos en Honduras y que pueden llegar a desatarse después de los comicios electorales de este 24 de noviembre.
Cabe resaltar el ambiente militarizado que se encuentra en la ciudad capital de Tegucigalpa, especialmente los centros de acreditación de observadores y observadoras de derechos humanos y periodistas, ha puesto en alerta a las delegaciones internacionales.
Durante este proceso se espera que al menos un 70% de la población incluida dentro del padrón electoral participe en las elecciones 2013, del cual un 51% son mujeres, según información del Tribunal Supremo Electoral.
Desde las organizaciones y redes de mujeres que forman parte de este observatorio la actual candidatura de Xiomara Castro del partido Libre, no representa un cambio radical en la vida de las mujeres, sin embargo se espera que se de una apertura a más espacios para las demandas de las mujeres hondureñas, de ganar las elecciones presidenciales este domingo 24 de noviembre.
Queda acompañar y dar seguimiento a este proceso, en donde pese a la tensión y preocupación, la lucha de las mujeres sigue incansablemente en el territorio hondureño.
Ellas estarán atentas denunciando y accionando contra las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y la criminalización que actualmente viven.
Ellas seguirán resistiendo, no callarán ante las agresiones.
Justicia: Mataquescuintla dignidad y lucha por la defensa del territorio
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
Llanto de alegría, emoción y las sonrisas radiantes en los rostros de cinco comunitarios de Mataquescuintla Jalapa, tras recibir el fallo del juez de Jalapa, quienes fueron criminalizados, perseguidos y encarcelados de forma ilegal e injusta durante 7 meses. Guillermo, Gilberto, Gustavo, Cristian y Laura lograron su libertad y demostrar su inocencia tras una larga lucha contra toda la estructura judicial de este país.
Fue durante la audiencia celebrada este jueves 21 de noviembre del 2013 en el Juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra la naturaleza del departamento de Jalapa, el juez Braulio Hernández Ramírez, tras realizar un análisis y rechazar la petición del fiscal del Ministerio Publico, decidió declarar el Sobreseimiento ante la falta de certeza y por la debilidad de los medios de prueba presentados por el ente investigador.
Todos permanecen bajo prisión preventiva en la ciudad capital de Guatemala, Guillermo Enrique Carrera, Gilberto Valenzuela Lima, Gustavo Adolfo Cruz Albizures, Cristian Aroldo Pivaral y Laura Lorena Vásquez Pineda, pobladores del municipio de Mataquescuintla deberán de recuperar su libertad dentro de 3 días cuando la sentencia quede en firme.
Pobladores y pobladoras de Mataquescuintla esperaban a las afueras del juzgado, ubicado en el centro de Jalapa, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el Juez declaro su decisión de sobreseimiento del caso, en ese momento el abogado Carlos Bezares envió el aviso al celular de la hija de doña Lorena. Afuera del Juzgado aguardaban varios vecinos y vecinas de Mataquescuintla quienes recibieron con abrazos a los cinco comunitarios. El equípo de abogados de la defensa de los cinco comunitarios fue integrado por: Carlos Manuel Bezares, Noel Eloy Cordero, Lucia Xiloj, Oscar Gelberto Cruz, Pedro Rafael Maldonado, Oscar Jose Basto, Sergio Agustin.
Esta sentencia es una victoria para la resistencia pacifica de los pueblos de Jalapa y Santa Rosa, es un paso más de su lucha contra la extracción minera, demostrando que el gobierno y sus instituciones están al servicio de los intereses de las empresas nacionales y transnacionales.
“Doy gracias a Dios por recuperar mi libertad… no tengo más palabras” fueron las palabras de doña Lorena al salir de juzgado de Jalapa, junto a su hija y otros familiares.
“Bendito sea nos fue rebién, Dios al fin se hizo justicia, esta experiencia fue lo mas horrible de mi vida, realmente nosotros somos personas trabajadores, nunca hemos participado en la delincuencia como ellos nos dijeron, que nosotros habíamos hecho de lo peor, al fin se hizo justicia”. Fueron las palabras de Cristian Aroldo Morales Pivaral.
“Aquí a ellos los culparon hasta que hoy seis meses después pudieron demostrar que son inocentes y que la justicia llega a mediano plazo, porque creemos que no fue tan tarde. Creemos que fue una lucha y estamos concientes de las vicisitudes que pasaron ellos y ella en la cárcel, que fue muy duro. La angustia que paso la familia y el pueblo de Mataquescuintla muy apesarado y con muchas oraciones hacia nuestros hermanos detenidos, pero que hoy los abogados lograron demostrar con todas las pruebas, mas el juez que fue muy objetivo quien les otorgo la libertad.” Dr. Hugo Loy, alcalde municipal de Mataquescuintla, Jalapa.
La defensa de doña Laura
“Durante 7 meses el expediente lo tuvo la fiscalía de Crimen Organizado, lo que sucedió que durante toda la tramitación del expediente interpuso una serie de recursos que no nos permitía hacer la defensa. Porque elevaban el expediente a Sala y se ampara como 4 o 5 veces y al final se logro el traslado de la fiscalía de crimen organizado a derechos humanos con fiscal Maynor Aguilar.
Lo que tengo que decir es que este fiscal es super objetivo, esta fiscalía solicito la clausura provisional de este caso, porque no existían elementos suficientes para generar una acusación.
La propia fiscalía general estaba conciente de que el caso no daba para una acusación y que las personas que están en la cárcel eran totalmente inocentes. Porque incluso el armamento de la policía lo entrego la comunidad de Santa María Xalapan y todos los sindicados eran de San Rafael y de Mataquescuintla y era materialmente imposible que estuvieran en el lugar.
El MP pidió la clausura y toda la defensa lo que pidió fue el Sobreseimiento que quiere decir el fin absoluto del proceso, con esto quedan libre todo problema los sindicados, entonces lo que aun es mejor el resultado que el Caso de Barillas, creo que hemos tenido un actuar objetivo del Ministerio Publico, exceptuando el actuar de la fiscalía del Crimen Organizado.
A partir de ahora efectivamente tenemos ahora liberada a Laura que era lo que nosotros pretendíamos en este caso, veníamos preparados para destrozar la acusación, pero como el fiscal renuncio a presentar acusación si no que pidió la clausura, efectivamente lo que procedió fue el Sobreseimiento que fue lo que solicito toda la defensa.”[1]
«En el caso mal llamado ANTIMINEROS, no se hizo justicia, cesó la injusticia contra los sindicados a quienes se les fraguó una incriminación por conveniencia de algunas instituciones del Estado y de la explotación minera. Vamos a analizar que medidas tomar para que se les repara el daño, que la dignidad les fue mancillada.» Abogado Noé Loy, defensa de Gilberto Valenzuela Lima.
La conflictividad en Jalapa
La instalación de la empresa canadiense Tahoe Resources junto a la empresa subsidiaria Minera San Rafael en el municipio en el departamento de Jalapa provoco en un corto tiempo la conflictividad social y comunitaria en este departamento tras la construcción del proyecto minero “El Escobal”.
Como resultado de las formas violentas de operar de la empresa Minera San Rafael, se criminaliza la lucha comunitaria en contra de la minera San Rafael, se judicializar a lideres y lideresas comunitarias, existen 5 presos políticos y persisten las ordenes de captura en contra de otros lideres comunitarios, especialmente el presidente del Parlamento Xinka y lidere de la Montaña de Santa María Xalapan, don Roberto Ucelo. El Estado de Guatemala lejos de resolver la conflictividad puso al servicio de las empresas mineras toda su estructura institucional.
Durante los primeros días del mes de mayo del 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina implemento un nuevo Estado de Sitio en contra de las comunidades de los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa.
Criminalización
Este gobierno lanzo una feroz campaña mediática para criminalizar a las comunidades en oposición a la empresa Mina San Rafael, el mismo presidente justifico el Estado de Sitio como “Estado de Sitio contra el Crimen”[2]. Utilizando la figura de “Estado de Sitio” fuertemente criticado por comunidades, pueblos, organizaciones populares, campesinas, indígenas, de derechos humanos y de la comunidad internacional por ser una figura que no esta contenida dentro de la normativa constitucional de Guatemala.
En el medio de comunicación oficial del Estado fueron criminalizadas todas las personas capturadas durante el Estado de Sitio en Jalapa y en Santa Rosa “Los grupos criminales que operan en Jalapa y Santa Rosa atacaron a un grupo de agentes de la PNC y quemaron tres autopatrullas.”[3]
Es en esa misma vía que el jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Publico, Ronny López reafirma esta versión oficial “se presume que en estos lugares opera una estructura criminal, porque se ha registrado diversos actos fuertes, que han afectado la vida y la integridad de las personas, la propiedad privada e incluso tienen conocimiento de que ha habido amenazas contra los pobladores, pero eso es un extremo que estamos investigando”.[4]
En los medios de comunicación empresariales la empresa canadiense y la Minera San Rafael gastan miles de quetzales diarios tras pautar anuncios en televisión, radio e impresos promoviendo su campaña “orgulloso de ser minero”.
“Son criminalizados, porque los agarraron cuando fue el Estado de Sitio como chivos expiatorios, los tomaron a ellos y les querían implicar los hechos que jamás habían cometido. Fue un proceso que le llaman en términos legales “retardo malicioso”, el ministerio publico los estuvo criminalizando supuestamente por hechos que no cometieron. Queda demostrado todo lo contrario.”[5]
“Jamás habíamos vivido esto, es primera vez en la vida, primera vez en la historia, estamos viviendo una zozobra constante, tenemos la presión y la represión de ellos (Minera San Rafael), sabemos que son ellos los que están de tras esas situaciones y que para ellos seria felicidad que los procesaron y que los siguieran criminalizando por hechos que jamás habían cometido.”[6]
[1] Entrevista al abogado Carlos Bezares, defensa legal de la señora Laura Lorena Vásquez Pineda. Jueves 21 de noviembre 2013.
[2] Portada del Diario de Centroamérica. Viernes 3 de mayo del 2013.
[3] Decretan Estado de Sitio y capturan a 14. Diario de Centroamérica, Pág. 2 viernes 3 de mayo 2013.
[4] Ibídem.
[5] Entrevista con el alcalde de Mataquescuintla, Dr. Hugo Loy. Jueves 21 de noviembre 2013.
[6] Ibídem.
Prensa Comunitaria Km. 169 