Archivos diarios: 15 noviembre, 2013

Criminalización y judicialización: estrategia para garantizar los intereses mineros

Por Nelton Rivera. –Prensa Comunitaria.

Yolanda Oquelí

Yolanda Oquelí

“Detrás de este proceso está la misma metodología que usan las transnacionales a nivel nacional, de criminalizar a la gente que se están oponiendo, para poder desarticular y poder imponer su objetivo. Este proceso aunque una  sabe que no tiene uno culpa es desgastante. 

Esto infunde el temor en las comunidades, creo que eso es lo que hay detrás de todo esto. Lamento y me gustaría decirle a esta gente, que lo único que están logrando con este tipo de estrategias, es que la gente se volqueé más en contra de ellos.  No es criminalizando la lucha, pero eso es indicio que estamos tan mal en el país. Así nos damos cuenta que aquí en vez de arreglar la situación con las comunidades,  lo que hacen es meternos a la cárcel.

Detrás de esto hay un gran apoyo de parte del gobierno, este gobierno ha dejado ver claramente la criminalización que éste ha hecho a la lucha, a mi me parece que el objetivo de ellos es desarticular totalmente las resistencias a nivel nacional  y lograr sus objetivos con las transnacionales.

El animo de las comunidades sigue vivo, con estas situaciones que se están dando mas prendidos van a estar, la gente sabe perfectamente que nosotros hemos actuado conforme a la ley y núnca hemos tratado de ser criminales, ní en lo más mínimo lo hemos pesado, ní  siquiera pelear con los mismos que provocaron todo esto.

!Esto en vez de intimidarnos, más nos da valor en la lucha!”.  Yolanda Oqueli.

La Puya

La Puya

Judicialización de lideres comunitarios

Diez comunitarios y una comunitaria del municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala están siendo criminalizados por defender el territorio y los bienes naturales de sus comunidades.

Entre los comunitarios se encuentra Thelma Yolanda Oqueli Véliz,  lideresa y representante de la resistencia pacifica en “La Puya”. Once personas fueron acusadas en el Ministerio Publico del municipio de Palencia por tres trabajadores de la empresa minera EXMINGUA subsidiaria de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates –KCA.

De las once personas señaladas el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, decidió citar a nueve de ellos incluyendo a Yolanda Oqueli,  varias son las anomalías que se registraron en el actuar del juzgado  para citar a Yolanda y a 8 comunitarios más.

La acusación de los mineros:

Según hace constar en un documento del MP (Diligencia: No. 169-2012 / ref. OIPL.) de la Fiscalía Municipal del Ministerio Publico del municipio de Palencia con fecha del 3 de mayo del 2012, los trabajadores de la empresa KCA – EXMINGUA; Danilo Alvarado Monterroso, Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez interponen una denuncia en contra de un grupo de vecinos y comunitarios de San José del Golfo, quienes forman parte del Frente Norte del Área Metropolitana –FRENAM– y de la resistencia pacífica “La Puya”.

Preocupante es que en esta denuncia los trabajadores de EXMINGUA – KCA “reconocen” a varios  opositores al  proyecto minero, pero principalmente acusan a una de las lideresas que más agresiones ha sufrido desde que este proyecto  se instaló en el territorio; Yolanda Oqueli.

La denuncia contiene un listado de nombre de comunitarios: “Eusebio Muralles, Luis Humberto Ramírez, Julio Oliva, Jorge López, Yolanda Okeli, Sergio Pineda, Francisco Carrillo Catalán, Gregorio Catalán Morales,  Valerio Carrillo, Fernando Castro Carrillo y Juan Catalán”.

Según la versión de los mineros el 3 de mayo un grupo de aproximadamente 20 personas los interceptaron en el camino comunitario que conduce del entronque de los terrenos de la mina hacia el parque central de San José del Golfo,  aproximadamente a las 18:30 horas les bloquean el paso 4 vehículos, descendiendo el grupo “de los ANTIMINERO” quienes “portaban armas blancas (machetes)”, los trabajadores mineros acusan a Eusebio Muralles de portar un arma de fuego y que fueron amenazados directamente por él.

Proceso con anomalías

El juez que conoce este proceso es Adrián Rodríguez Arana, quién tiene una tacha moral emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH en el año 2013 por  “detención ilegal” de nueve lideres comunitarios de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango quienes se oponen a la instalación de la empresa española Ecoener Hidarlia Energía – Hidro Santa Cruz.

 “El Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, emitió el día viernes 22 de febrero 2013, una solicitud para que la Supervisión de Tribunales inicie un proceso de investigación administrativa a cuatro jueces, informa el diario Siglo 21.

Los jueces tachados por “Violación de los derechos humanos” son Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.

El Procurador solicita esta investigación por las violaciones de derechos humanos cometidos en contra de nueve líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, con su detención ilegal ocurridas el día 2 de mayo del año 2012.”[1] “En Santa Cruz Barillas hubo detenciones ilegales y violación de los derechos humanos”.

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal envío una citación al abogado Armando Cabrera quien es representante legal de Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto López Reyes quienes ya fueron presentados ante le juzgado. El juzgado creo confusió al resto de comunitarios citados, quienes no recibieron una sola de las citaciones de este juzgado anteriormente, razón por la cual desconocian el motivo de esta audiencia en tribunales.

Para el equipo de abogados de Madre Selva el acto de notificar a un abogado que no ha sido elegido para la defensa del resto de comunitarios es una violación seria. Este hecho representa la violación del debido proceso, principalmente el derecho humano que toda persona tienen para su defensa.

El derecho de defensa es un derecho humano que esta reconocido en la normativa legal del país y en la Constitución Política de la Republica, además de normativas internacionales de derechos humanos, como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, el Pacto Interamericano  de Derechos Civiles  y políticos: “artículo 14, el derecho de defensa en materia penal, al establecer que “toda persona acusada de un delito tiene la garantía mínima de disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”.   

Cronología de la audiencia día 14 de noviembre 2013

En esta audiencia es importante resaltar que el señor Danilo Alvarado Monterroso desistió continuar con su participación,  solamente asistieron Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez, acompañados por el abogado Fernando Linares Beltranena y la abogada Sandra Lucrecia Díaz Rodas.

A las 11 de la mañana estaba prevista el inicio de la audiencia,  pero el Juzgado tenia dos audiencias pendientes aún,  15 minutos más tarde aparece el abogado Beltranena diciendo que ya había logrado él mismo, que el juez adelantara su audiencia y que en ese momento debían de ingresar.

El oficial del juzgado sale a verificar los nombres de los comunitarios citados, en la sala del juzgado se encontraban ya los dos trabajadores de la empresa minera junto a sus dos abogados  y el fiscal del MP de Palencia.

11:30 de la mañana el Juez hace su ingreso a la sala, da inicio con la audiencia y a petición del abogado Beltranena expulsa de la sala a dos acompañantes de derechos humanos de Brigadas Internacionales de Paz, bajo el argumento de ser (extraños) y por lo tanto que no son sujetos procesales.

El juez continúa con la audiencia y verifica la presencia de los sujetos procesales, es en ese momento que el Juez hace ver que las cuatro personas citadas se presetan de forma voluntaria y que por razón que el Fiscal del MP no esta preparado para tomar la primera declaración, debe de realizarse una nueva audiencia.

Yolanda Oquelí y los tres comunitarios presentes alegaron no tienen abogado para su defensa, el Juez atiende a esta solicitud y decide suspender la audiencia por falta de abogado y la traslada para el mes de diciembre.

El Fiscal del MP de Palencia, Mario René García se pronuncio sobre la solicitud de audiencia del MP para ese día, para manifestarse en relación  de rebeldía de cuatro personas que no asistieron a esta audiencia, para quienes solicita la orden de aprensión.  En ese momento que el abogado Beltranena se adhiere a lo solicitado por el agente fiscal del MP de Palencia y el Juez resuelve a lugar la petición.

Llama la atención que los dos trabajadores de la empresa KCA- EXMINGUA no pudieron reconocer a las personas que ellos mismos denunciaron, a excepción de Yolanda Oqueli que era la única mujer presente,  un error con los  nombres y apellidos que aparecen en la denuncia, este es el caso de Fernando Carrillo Catalán quien alego que él no es la misma persona que aparece en la denuncia como: “Francisco Carrillo Catalán”. Tanto Marco Tulio Aquino Garrido y Erick Gálvez no pudieron reconocerlo en ese momento, haciendose la aclaración que son personas totalmente diferentes.

Finalizada la audiencia, en el pasillo del juzgado esperaban más comunitarios y comunitarias en solidaridad y apoyo, el cura de la iglesia católica de San José Del Golfo acompaño a los comunitarios durante la audiencia así como el equipo de abogados del Colectivo Madre Selva.

Para el equíopo de abogados de Madre Selva es preocupante que el Juzgado emitiera ordenes de aprensión en contra de varios comunitarios, quienes desconocen que existió  citación para que comparecieran ante el juez, no se les notifico personalmente de dicho proceso.

Comunitarios durante la audiencia

Comunitarios durante la audiencia

Yolanda Oqueli durante la audiencia

Yolanda Oqueli durante la audiencia

Juez Adrián Rodríguez Arana

Juez Adrián Rodríguez Arana

Comunitarios al finalizar audiencia

Comunitarios al finalizar audiencia

Yolanda Oqueli Yolanda Oqueli

Abogados de la Mina

Fernando Linares Beltranena y la abogada Sandra Lucrecia Díaz Rodas son los abogados querellantes que representan a los trabajadores de la empresa minera que hicieron la denuncia el 3 de mayo 2012, contra lideres de la resistencia pacifica en “La Puya”.

Ambos abogados fueron contratados por la empresa EXMINGUA anteriormente, los dos realizaron la defensa de uno de los gerentes de operaciones de la empresa, el militar Pablo Silas Orozco y de Juan José Reyes Carrera ambos trabajadores de dicha empresa minera subsidiaria de la KCA.

Silas Orozco y Reyes Carera fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Publico en noviembre del 2012, por amenazas y agresiones en contra de los comunicadores de organizaciones indígenas y campesinas, junto a otros comunicadores que documentaban las agresiones de los mineros en noviembre del 2012.

En el mes de octubre del 2013 estas dos personas fueron condenadas a 2 años de prisión conmutables por los delitos de COACCION Y AMENAZAS contra 5 periodistas, agresiones que se realizaron en el 2012 en San José del Golfo. Durante las audiencias estuvo presente el gerente de EXMINGUA, Mario Ricardo Figueroa Archila, quien se presento como asesor de los acusados y como representante legal de la empresa minera. Condenan a ex militar: trabajador de una empresa minera por amenazas a periodistas

Empresas mineras

Varias han sido las empresas transnacionales y nacionales que buscaron instalarse en este territorio,  el “Proyecto VII Derivada” o mina “El Tambor” es un  proyecto que se ubica a escasos 20 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala y que está en medio de las  comunidades de estos dos municipios.

Desde la llegada de la empresa canadiense Radius Gold Inc. Y la empresa sudafricana Gold Field Inc[2]; quienes adquirieron la licencia para exploración y explotación de oro a cielo abierto, las comunidades se organizaron y no permitieron la entrada de la empresa.  La conflictividad aumento cuando posteriormente los derechos de la mina fueron adquiridos por la empresa  norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA con sede en Reno California EEUU y la empresa EXMINGUA propiedad de militares.

Agresiones, amenazas, intimidaciones, difamación, atentados armados, intentos ilegales de desalojo por parte de las fuerzas policiales del Estado y asesinatos de opositores a la mina son las expresiones de la violencia con la que las empresas llegaron a San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para instalar su proyecto minero.

Atentados armados contra  comunitarios y comunitarias

Yolanda Oquelí sobrevivió precisamente a  un atentado armado, fue el 16 de junio del año 2012, cuando transitaba en una de las carreteras que conducen del lugar conocido como “La Puya” hacia el centro del municipio de San José del Golfo,  fue interceptada por sicarios, recibe dos impactos de bala en su cuerpo  sobreviviendo al ataque, luego de varios meses logró recuperarse y reincorporarse a la resistencia pacifica.

Otro de los lideres comunitarios no corrió con la misma suerte, Santos Fidel Ajau Suret,  líder comunitario fue asesinado cuando regresaba de la resistencia pacifica en “La Puya” hacia su comunidad. Fue el 9 de julio del año 2013.

“Ajau Suret tenía 54 años y le segaron la vida con tres balazos por la espalda y dos tiros de gracia. Y la noche de ese mismo día, hombres desconocidos realizaron disparos frente a la vivienda de la líder y activista social Yolanda Oquelí en San José del Golfo. Vale recordar que en julio de 2012, Oquelí, fue víctima de un atentado donde resultó gravemente herida y afortunadamente sobrevivió.”[3]

 


[1] “En Santa Cruz Barillas hubo detenciones ilegales y violación de los derechos humanos”. Prensa Comunitaria. Guatemala 23 de febrero 2013.

[2] Minería e impunidad. Francisca Gómez Grijalba. Prensa Libre, Guatemala 17 de julio 2013.

[3] Minería e impunidad. Francisca Gómez Grijalba. Prensa Libre, Guatemala 17 de julio 2013.

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