Archivos Mensuales: octubre 2013

Judicialización y criminalización contra las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

El pueblo de San Juan Sacatepéquez sigue siendo criminalizado y judicializado por defender el territorio. Cuatro líderes comunitarios de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel enfrentan la Causa 02036-2013, Expediente MP: 2011- ante los juzgados del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

Mariano Camey, Lorenzo Car Hernández, Margarito Camey Zet, Juan Zet, Oswaldo Car y Jaime Azurdia, fueron denunciados ante  la Fiscalía Distrital del Ministerio Publico por el empresario y terrateniente Guillermo Francisco Sánchez Ayau, dueño de la Finca San José Ocaña, en el municipio de San Juan Sacatepéquez. Estos líderes comunitarios  fueron acusados injustamente de los delitos de amenazas, coacción, asociación ilícita y perturbar la posesión.

Mariano Camey fue detenido el 6 de julio 2013 cuando hacía la entrega de un lote de flores resultado de su trabajo, en la Terminal de la zona 4 de la ciudad capital. Al ser informados de la detención, miembros de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez se trasladaron al Juzgado para conocer los motivos de su captura y en ese momento cuando fueron detenidos Lorenzo Car Hernández y Margarito Camey Zet.

Este miércoles 23 de octubre 2013 debía de realizarse una nueva audiencia,  pero el juez que conoce la causa, la canceló. De haberse realizado, los comunitarios podrían haber quedado absueltos de enfrentar el juicio o el juez podría haberlos ligado al mismo. Tras cancelar la audiencia, el juez fijó como nueva fecha para realizarla el 13 de noviembre 2013.

El Juzgado de Mixco realizó la primera audiencia de toma de declaración en contra de solamente 3 de líderes comunitarios detenidos el 6 de julio 2013, de 6 que fueron denunciados por el empresario. El juzgador tomó la decisión de ligarlos a proceso por el delito de perturbar la posesión, no así por los delitos de amenazas, coacción y asociación ilícita, fijando una medida sustitutiva de Q2,000.00 para salir bajo fianza.

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatépequez enfrentan procesos de criminalización y judicialización en contra de autoridades, lideres y lideresas comunitarias por su oposición a la instalación de una planta para producir cemento de la empresa Cementos Progreso y por defenderse de  la destrucción de los bosques por empresas como Planta Fiesta Verde y GIARFE S.A.

Antecedentes de la conflictividad comunitaria en San José Ocaña, San Juan Sacatepéquez

Las Doce Comunidades de San Juan Sacatépequez realizaron varias movilizaciones pacíficas y plantones con la participación de más de 9 mil personas maya Kaqchikel del territorio.

El 29 de diciembre del año 2011, cuando se realizaron las movilizaciones pacíficas en San José Ocaña, las comunidades presenciaron cómo dentro de la Finca se encontraba instalado un contingente de 250 efectivos de fuerzas Anti Disturbios de la Policía Nacional Civil en resguardo del finquero y terrateniente. [1] Este fuerte contingente policial era comandado por el entonces Subdirector general de operaciones de la PNC, Telémaco Pérez, ahora Director de la PNC.

Uno de los principales responsables de la conflictividad es el empresario Guillermo Francisco Sánchez Ayau, propietario de varias fincas en San José Ocaña, y que también aparece como propietario de la empresa Plantas Fiesta Verde vinculada la actividad del mercado de la madera, aserradero y exportación.  Otra de las empresas propiedad de Sánchez Ayau es la empresa GIARFE S.A. quienes producen café en estas fincas y luego lo exportan al exterior.[2] 

Las comunidades denunciaron que entidades del Estado facilitaron permisos para la tala inmoderada de más de 40 hectáreas de bosque de bosque en San José Ocaña,[3]  lo que provocaría la destrucción del medio ambiente y dañaría seriamente los principales pozos y nacimientos del agua. Las movilizaciones para detener la tala del bosque fueron realizadas del 26 de octubre al 9 de noviembre del 2011 frente a la entrada principal de la Finca,.

La  principal beneficiaria con la tala del bosque es la empresa Plantas Fiesta Verde, la cual se dedica a la actividad de extracción de madera, cuenta con aserraderos y comercializa la madera en el exterior. También la empresa GIARFE S.A. se dedica a la producción de Café principalmente para la exportación.


[1] Vecinos rechazan tala de bosque  en una finca. Prensa Libre. 29 de diciembre 2011.

[2] Vecinos de San Juan Sacatepéquez alarmados por presencia de la PNC. Comité de Unidad Campesina CUC. 21 de diciembre 2011.

[3] Vecinos rechazan tala de bosque  en una finca. Prensa Libre. 29 de diciembre 2011.

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Justicia: Plantón contra la impunidad

Quimy De León – Prensa Comunitaria

Un buen grupo de personas se movilizó  a las seis de la tarde del miércoles 23 de octubre, movidos por la indignación y el rechazo a la noticia que circuló en medios corporativos, respecto de la posible Amnistía para Efraín Ríos Montt, un ex militar golpista sentenciado por Genocidio el 10 de mayo de 2013,  por la jueza Yasmin Barrios en una sentencia histórica.

Prensa Libre y otros medios de comunicación corporativos, publicaron una supuesta resolución de la Corte de Constitucionalidad,  mal interpretando la mismo y creando la incertidumbre ante la posibilidad que la CC otorgaba la amnistía a Ríos Montt.

Para organizaciones de derechos humanos tanto el genocidio como los delitos contra los deberes de humanidad NO SON AMNISTIABLES[1]. Un aspecto relevante es que la Corte está pidiendo al Tribunal de Mayor Riesgo A que fundamente respecto al decreto 8-86 y no está pidiendo amnistía. El  mal manejo de la información  nuevamente está generando desinformación y zozobra pues la información no había sido oficial y esta ya circulaba, a pesar de que aún no se ha resuelto nada.  “Ramón Cadena director de la CIJ –Comisión Internacional de Juristas– para Centroamérica, indica que el Decreto 8-86, fue prácticamente una “auto amnistía” que se decretó el Ejército y los militares que gobernaron durante la dictadura militar[2].“ y que ya no está vigente.

Por esta clara intención de confundir y aplicar la justicia,  hubo  movilización ante la CC “Porque no puede aplicarse amnistía a casos de Genocidio“ era una de las consignas, “Todos y todas contra la impunidad”,  estos hechos auto convocaron a manifestarse  frente a la Corte de Constitucionalidad.  Finalmente fue la Corte y cinco de sus magistrados de siete, quienes ordenan a la sala primera emita una resolución en la que se analice el alcance de las amnistías decretadas, la corte no le indica a la sala como debe resolver.

Fue un grupo de estudiantes quienes se auto convocaron en redes sociales, dijeron que esta era la primera de varias acciones que harán para mostrar su descontento y fijar sus posturas de rechazo frene a las resoluciones sesgadas de la CC. Más de cincuenta personas estuvieron ahí, también hubo representación de organizaciones de derechos humanos y de mujeres.

Las palabras tomaron su espacio en forma de poesía, muchos y muchas leyeron, también hubo discursos y pronunciamientos, quedan a la espera de la resolución del tribunal respecto de lo que le ordenara la Corte de Constitucionalidad, con su presencia dijeron ¡Si hubo Genocidio! ¡ No hay Amnistía!

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[1] AMNISTÍA NO ES APLICABLE A DELITOS DE GENOCIDIO Y
DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Guatemala, 23 de octubre 2013.

[2] Figura de amnistía no es factible para Ríos Montt. La Hora, 23 de octubre de 2013.

Urgente: Comunicado sobre la mala interpretación de aplicación de Amnistía, por la Corte de Constitucionalidad

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Guatemala: El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, organizaciones de Derechos Humanos y asociaciones de victimas del coflicto armado realizaron una conferencia de prensa con caracter urgente, para trasladar su posicionamiento ante la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala pudiera amparar con una Amnistía a un militar condenado por genocidio.

Desde temprana hora de este miercoles 23 de octubre varios medios de comunicación corporativos publicaron la noticia sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad CC, en otorgar una Amnistía al ex general golpista Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de carcel por Genocidio y por delitos por deberes contra la Humanidad el 10 de mayo del 2013.

Lea y divulgue el comunicado:

Nota aclaratoria: Omisiones en el texto “La Región Norte de Huehuetenango: breve cronología del conflicto”

Por un error involuntario en el texto titulado “La Region Norte de Huehuetenango: breve cronología del conflicto” que publicamos el pasado 1 de octubre, como parte del boletín Norte de Huehuetenango: la defensa de la vida frenta al poder del dinero, no aparecieron las fuentes de las noticias en que se basaba nuestro análisis. Razón por la cual estamos haciendo un ejercicio de corrección y autocrítica para mejorar nuestra labor.

En Prensa Comunitaria siempre hemos cuidado mucho el citar las fuentes de los datos de los que proviene nuestra información, pues estamos convencidxs que para hacer comunicación y análisis sólidos, debemos basarnos en información verificable y pública.

Por eso, presentamos nuestras disculpas a quienes nos leen, y volvemos a publicar acá la nota completa -ahora con todas las fuentes.

Quimy De León y Santiago Bastos – Prensa Comunitaria.

La Región Norte de Huehuetenango: breve cronología del conflicto

Quimy de León y Santiago Bastos – Prensa Comunitaria

Cuando hablamos de la región norte de Huehuetenango, nos referimos a los municipios de San Juan Ixcoy, Soloma, Santa Eualia, Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. Estos territorios son habitados mayoritariamente por el pueblo maya q´anjob´al, así como chuj, popti y mestiza. Esta población fue fuertemente reprimida y victima de genocidio. También resultado del conflicto armado, otros grupos han llegado a este territorio después de refugiarse en México escapando de la rerpesión y la guerra vivida en el país,

En los últimos meses se han dado una serie de hechos en esta región, que es necesario analizar y entender de forma conjunta y dentro de un marco histórico mucho más amplio. Al menos hay que remontarse a los años 2006 y 2007 con la realización de las consultas comunitarias por la defensa de los recursos naturales. Y a partir del año 2010 se da el inicio de la penetración empresarial en los territorios indígenas, acompañadas por una serie de actos anómalos y criminales, hasta hoy impunes.

En este texto no haremos este recorrido, sino que nos ocuparemos de resaltar los últimos hechos que a nuestro juicio han ido delimitándo una estrategia por parte del gobierno y las empresas, que incluye a toda la región.

Hechos relevantes

A principios del 2013, la conflictividad estaba focalizada en Barillas y los conflictos provocados por las intenciones de imponer a la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A., en contra de la voluntad de la población. La población de los otros municipios, sabía de las intenciones de concesionar sus territorios a proyectos hidroeléctricos. Pero fue en estos primeros meses que ya se hizo más evidente que empezaban los conflictos sociales con la llegada de las empresas.[1]

7 de abril de 2013: Secuestro y asesinato de Daniel Pedro Mateo, líder q´anjob´al de Santa Eulalia (Huehuetenango) que defendía el agua y el territorio.[2] Opuesto a las actividades de  la Hidroeléctrica San Luis S.A. y Maderas San Luis, propiedad de CINCO M Sociedad Anónima, con fuertes vínculos con el Grupo Magdalena, uno de los principales grupos económicos en la generación de energía del país, producción de azúcar para exportación y de biocombustibles en la región Centroamericana propiedad de la familia Leal. [3]

 7 de abril de 2013: Resistencia Pacífica en Barillas hasta la fecha, la población se encuentra en resistencia en un plantón pacífico afuera de las instalaciones de la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. en el lugar conocido como Poza Verde.[4] Se han mantenido de manera continua pese a las amenazas, denuncias judiciales, intimidaciones e incluso un intento de secuestro a una persona que participaba de este movimiento.[5]

9 de mayo, en el centro de Barillas supuestos agentes del DEIC secuestran al líder Maynor López, y lo intentan sacar de la población. Ante la reacción de la gente, agentes de la PNC presentes responden con gases lacrimógenos. El vehiculo sale de Barillas pero es detenido por la población de San Mateo Ixtatan y finalmente se libera a López.

27 de agosto de 2013:  Saul Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez López fueron detenidos cuando se dirigían a la audiencia del caso 92/2012, por el que estuvieron presos durante ocho meses detenidos ilegal e injustamente. Esta audiencia, que era para suspender la pena y poder cerrar el caso, no se puedo realizar. Fueron detenidos por su supuesta participación en un linchamiento ocurrido en 2011.[6]

El miércoles 4 de septiembre se realizó la audiencia de primera declaración de este caso en Santa Eulalia. Se ligó a proceso a, y ahora las acusaciones se refirieron a un linchamiento distinto, ocurrido en 2010. [7]

28 de agosto de 2013: Provocaciones en San Mateo Ixtatán. El gobernador departamental José Antonio López llegó a Yalan Witz “a solicitud de los empresarios de la empresa Promociones y Desarrollos Hídricos S.A. PDHSA con el fin de autorizar de manera prepotente la ejecución del proyecto hidroeléctrico”. La población se hizo presente de manera pacífica y quienes estaban en esa reunión, reaccionaron de manera violenta golpeando a mujeres, niños.

Promociones y Desarrollos Hídricos S.A. PDHSA “adjudicó a Hidralia Energía la elaboración de estudios de factibilidad y diseño de dos proyectos hidroeléctricos en el río Jolom. Y en este mismo municipio está en trámites para la aprobación de la hidroeléctrica Pojom I de 10 MW de potencia por la empresa Generadora del Río S.A. y Pojom II, de 23 MW, por Generadora San Mateo S.A”.[8] Su representante legal es Otto Manfredo Oliveros.[9] Estas empresas están vinculadas a Puntos Fríos y Financieros de Centroamérica, S.A. siendo su dueño Carlos Eduardo Rodas Marzano, hermano de Rodrigo Rosemberg.[10]

3 de septiembre de forma sorpresiva, el Presidente Otto Pérez llegó a Barillas  acompañado de los ministros de Gobernación, Energía y Minas, Medio Ambiente, el Procurador de los Derechos Humanos y de Monseñor Ramazzini, para participar en un diálogo a puerta cerrada sobre Hidro Santa Cruz.[11] Como sólo se había invitado a las asociaciones microregiones favorables a la empresa, el movimiento social se hizo presente y exigió que la reunión fuera pública. El Presidente habló al público presente y aceptó la entrada de representantes del movimiento  social, pero la reunión no se llevó cabo. Dejó a los barillenses esperando y volvió a convocar para el 19 de septiembre en Huehuetentenago.[12]

11 de septiembre: Sentencia del Juicio por el atentado ocurrido en Barillas el 1 de mayo de 2012. El Tribunal A de Mayor Riesgo presidido por la jueza Patricia Bustamante, resolvió el día miércoles 11 de septiembre, contrario a lo esperado, que los dos acusados de estos hechos, Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares no tuvieron responsabilidad en el asesinato de Andrés Pedro Miguel y les absolvió. Por el contrario, deja la posibilidad de acusar a Pablo Antonio Pablo –herido en de atentado- de esta muerte.[13] En una publicación del día 20 de septiembre, Prensa Libre refuerza esta idea de convertir a Pablo Antonio Pablo, líder de la lucha de Barillas, de nuevo en un criminal.[14]

Por otro lado, saliéndose de sus atribuciones, el Tribunal  ordenó instituir una “mesa de diálogo en Barillas y que debía ser “entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres líderes comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica.”[15]

13 de septiembreautorización de un proyecto hidroeléctrico en San Mateo Ixtatán. Fue publicado en el Diario Oficial un acuerdo donde el Ministerio de Energía y Minas autoriza el proyecto para instalar el proyecto hidroeléctrico San Andrés que explotará los ríos Primavera, Varsovia y Palmira, otorgado a la generadora San Andrés sociedad anónima. Esto en la comunidad El Platanar, en San Mateo Ixtatán.[16]

19 de septiembre  Las y los representantes del movimiento social de los municipios del norte de Huehuetenango acudieron a las oficinas del Gobernador para asistir a la reunión a la que les había convocado el Presidente. Sin embargo, éste estaba en la Academia de la PNC y la reunión no se llevó a cabo, dejando de nuevo esperando a los representantes de la población organizada.[17] Las razones dadas suponían un menosprecio para quienes acudieron. [18]

Simultáneamente, como un apoyo a los representantes del movimiento social, hubo plantones pacíficos en varios puntos de la carretera que cruza el norte del departamento.[19]

28 y 29 de septiembre  Al igual meses antes, supuestos agentes del DEIC secuestran a Maynor Lopez en Barillas y lo sacan de la localidad en helicóptero. Esto provoca una serie de movilizaciones que son respondidas con lujo de fuerza y la llegada de PNC a Barillas.[20] Ante ello, la población organizada se concentra en la carretera en San Juan Ixcoy, Pet en Santa Eulalia y San Mateo, en estos dos últimos lugares las fuerzas de seguridad actuaron con violencia.[21]

El saldo de estos últimos hechos son cinco personas heridas, dos de ellas por arma de fuego en San Mateo Ixtatán, tres gravemente heridos y un militar muerto, llamado Víctor Miguelito Soria Pacheco. Según la prensa corporativa, murió de un disparo por la espalda.[22] Según la Radio Jolom Konob citando a testigos, el soldado se había herido por un accidente, debido a dificultades que tuvo al intentar disparar su arma, por lo que el arma se disparó en su contra.[23]

El montaje de una provocación para militarizar la región

Los hechos que se han ido dando en los últimos meses, evidencian una estrategia de provocación y de desgaste político y moral hacia la población, que lleva años pidiendo que se les escuche. Pareciera que se busca llegar a la situación que amerite la implantación del Estado de sitio,  la militarización y el terror.

Este proceso ha ido provocando una respuesta cada vez más común y colectiva en todo el Norte del departamento, que ha sido de organización coordinada y resistencia, pero en todo momento pacífica.

Se corrobora la línea general de comportamiento del gobierno y y el Estado ante los conflictos provocados por la presencia de empresas extractivas, utilizando la fuerza militar y el terror para beneficiar a éstas en contra de la población misma.

La detención de Mynor López a nuestro juicio, es una provocación. La mayoría de la población repudia la persecución política y la cantidad de recursos que el gobierno utiliza para perseguir a la población, y este hecho resultó ser la gota que rebasó el vaso.

Al mismo tiempo, hay un despliegue policiaco y militar, que ha reprimido a la población sin casi mediar palabra. Cuando la población empezó a concentrarse en los caminos como medida de protesta y resistencia para ser escuchados por las autoridades, utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar y reprimir la organización social legítima. En Barillas el resultado de no atender esta conflictividad con responsabilidad ha sido un saldo tres personas heridas y un soldado fallecido,.

Pareciera que nuevamente están creando un escenario, que han dicho que hasta podría ser un Estado de Sitio, con el objetivo evidente de defender los intereses de las empresas nacionales y transnacionales, en este caso hidroeléctricas que pretenden instalarse en toda la región norte de Huehuetenango. Con ello se busca profundizar el proyecto militar de control y de miedo y  debilitar, neutralizar, terminar y desarticular la lucha y resistencia comunitaria que se expresa en la defensa del territorio y la vida y que han lo han expresado a través del derecho de consulta.

Afirmamos que se les lleva al límite, por las siguientes razones:

  • Se han desatendido e ignorado todas las solicitudes y exigencia del respeto a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas de la población que ha mostrado su voluntad para resolver la conflictividad por la vía pacífica. Se ha ignorado, subvalorado y no se han atendido cientos de acciones democráticas y pacíficas de la población, que ha utilizado todos los espacios existentes en el marco del “estado de derecho.”

 En ese sentido, los llamados al diálogo son siempre en función de imponer a las empresas, por lo que realmente no se crean espacios para dar voz a la población que defiende el agua, el territorio y la vida misma. La experiencia de Barillas sobre el diálogo ha sido una total falta de respeto pues se ha ignorado a la mayoría y sus opiniones.

 En algunas de estas acciones se puede ver la estrategia de abrir expectativas que después se cierran bruscamente. Así ha ocurrido con los últimos llamados al diálogo del Presidente -a los que no acude-.

  • La muestra de la capacidad de impunidad con la que se desenvuelven las autoridades y la empresa es una muestra de fuerza y un aviso del abuso de poder. No se ha hecho justicia por todos los hechos, amenazas y antentados ocurridos en contra de la población, como el asesinato de Andrés Pedro Miguel y el atentado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Al revés, la sentencia se puede considerar una burla a su dignidad.
  • Se usa la violencia estatal como la forma básica –prácticamente única- de actuar respecto a la población que muestra su oposición a las actividades, utilizando la ley de forma parcial y tergiversada, y llegando al uso del terror y la militarización. El Gobierno apoya y defiende indudablemente los intereses de las empresas con la imposición de sus proyectos.

Preocupaciones y reflexiones

Por todo lo anterior, pareciera ser que en muy pocos meses, se han intensificado las acciones de terror relacionadas con empresas hidroeléctricas, dirigidas hacia la población que resiste pacíficamente ante éstas que evidentemente no están llevando ni ofreciendo ningún desarrollo sino todo lo contrario.

Hay un mensaje que se está enviando con mucha claridad, “iremos por las buenas o por las malas.” Esto se constató con la implementación del Estado de sitio en esta localidad, que duró 18 días desde el 4 de mayo de 2012, a partir de los hechos no esclarecidos del 1 de mayo que detonaron con el asesinato de un campesino. Esta apuesta violenta e invasora está llevándose a cabo gracias a la impunidad que campea en el país, al respaldo gubernamental y de los medios corporativos. Todos estos hechos, parecieran estar conectados unos con otros, toda una operación estratégica, como si viviéramos en una guerra sin cuartel. Y que todo está llevándose al límite, a la desesperación o a la muerte.

Así, pues, ante el fortalecimiento de la oposición a las hidroeléctricas y a la forma de imponerlas en cada uno de los municipios afectados y ante las respuestas cada vez más comunes de toda la región, los hechos de los días 28 y 29 de septiembre han buscado forzar la situación de tal manera que la gente  deje su vía pacífica de respuesta y haya excusas  para imponer un estado de sitio y militarizar la zona. Con ello se logaría imponer las empresas por la fuerza en toda la región, al mismo tiempo que se disminuye la fuerza social y la organización comunitaria mediante el terror.

Ante la resistencia pacífica y el ejercicio de la gente a expresar su derecho de organización y de defender sus derechos, entonces han intentado a pesar de lo evidente del despliegue militar en contra de población desarmada, crear versiones colocándo a la población como la causante de los hechos violentos y al ejército y la policía nuevamente como víctima.

Sin embargo no ha sido así, la gente se ha concentrado pacíficamente y ha resistido la represión violenta de la policía y el ejército. Por eso, se han visto obligados a cambiar de táctica y a aceptar el diálogo que siempre han solicitado los pobladores. Por ahora, una victoria de la vida sobre la muerte, esperemos.


[1] La mayor parte de esta información fue publicada en la nota “Violencia e impunidad: el escenario del falso “diálogo” con el pueblo de Barillas”, Quimy de León, Prensa Comunitaria 20 septiembre 2013. 

[2]Pueblo de Santa Eulalia exige el esclarecimiento del secuestro de Daniel Pedro Mateo lider Q´anjob´al”, Prensa Comunitaria, 15 abril 2013; “Homenaje y despedida a Daniel Pedro”, Prensa Comunitaria, 24 abril 2013; “Daniel Pedro, los ideales de la vida”, Manuela Camus, Prensa Comunitaria, 18 abril 2013.

[3] “Frente a los Megaproyectos: lucha y resistencia social”. Luis Solano. El Observador. Septiembre 2008.

[4] “Una expresión más de Resistencia Pacifica en Barillas”, Prensa Comunitaria, 7 de agosto de 2013.

[5]Nuevo amanecer para la resistencia pacífica en Santa Cruz Barillas”, Pernilla Nordwell – Prensa Comunitaria, Desinformémonos, no 115, octubre 2013.

[7]Barillas: alarmante criminalización de la lucha social” Prensa Comunitaria, 5 de septiembre 2013.

[8] Guereña, Arantxa y Zepeda, Ricardo. El desarrollo que no queremos. El conflicto en torno al proyecto hidroeléctrico de Hidralia Energía en Guatemala. Informes de investigación de INTERMON OXFAM. Diciembre 2012.

[9] Enfoque No. 26, 11 de enero de 2013.

[10] Con información de Luis Solano. Sobre el caso de Rodrigo Rosemberg, puede consultar “¿Quién urdió el crimen?” Luis Solano, El Observador 17 y 18, febrero-abril, 2009.

[12]Diálogo de Barillas vuela por los aires”, Prensa Comunitaria, 3 septiembre 2013.

[14] “Familia de Barillas denuncia amenazas”, Prensa Libre, 20 septiembre 2013.

[16] ; “El MEM autoriza Hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán”, Siglo 21, 13 septiembre 2013; “Guatemala: Autorizan proyecto hidroeléctrico San Andrés”, Central America Data, 21 octubre 2013

[18]Violencia e impunidad: el escenario del falso “diálogo” con el pueblo de Barillas”, Quimy de León, Prensa Comunitaria 20 septiembre 2013.

[20]Pueblo de Santa Cruz Barillas exige la libertad de Maynor Lopez”, Prensa Comunitaria 28 septiembre 2013; “Capturan presunto cabecilla en Santa Cruz Barillas” Ministerio de Gobernación”, 29 septiembre 2013; “Disturbios en Santa Cruz Barillas por captura de líder”, El Periódico, 29 septiembre 2013; “Capturan a hombre implicado en disturbios en Barillas” Prensa Libre, 29 septiembre 2013.

[22] “Muere soldado en disturbios en Santa Cruz Barillas” El Periódico, 30 septiembre 2013; “Muere un soldado durante disturbios en Santa Cruz Barillas”, Emisoras Unidas, 29 septiembre 2013.

[23] “Fallece soldado”, Jolom Konob’, 29 de septiembre 2013.

Nuevo intento de callarnos la boca: atentado en contra de VEA CANAL

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Por Redacción Prensa Comunitaria.

Lamentamos un nuevo ataque a la libertad de expresión  en contra de  la prensa alternativa y crítica. Esta vez fue un atentado armado en el que murió Viltor García asistente de seguridad de la familia Rottman, periodistas y propietarios de VEA CANAL.

El atentado ocurrió frente a la residencia de la familia Rottman, “cuando desde un vehículo Mitsubishi negro, con vidrios polarizados, le dispararon tres impactos de bala”  contra Viltor García hiriéndolo en el estómago. Según Karina de Rottman salía de turno e iba a descansar. Hace una semana ya habían sufrido un atentado, atacando a golpes a trabajadores de seguridad de la familia Rottman[1].

Vea Canal se ha caracterizado por dar el espacio a grupos, organizaciones, comunidades quienes han denunciado el despojo, saqueo y crímenes cometidos en todo el país por la imposición del modelo capitalista, con la pretensión de explotar la naturaleza mediante empresas extractivas nacionales como transnacionales. Este canal también ha propiciado programas a organizaciones indígenas y campesinas como Waqib´Kej con su programa Siwan Tinamit.

El abordaje y enfoque de sus programas de análisis y debates abiertos con desde una perspectiva crítica y abierta a la clase política y las élites económicas. Éstos son dirigidos por Otto Rottman, Karina de Rottman, Miguel Ángel Sandoval entre otros, quienes también han salido del estudio de televisión hacia las calles a mostrar su descontento los sábados cada 15 días junto a sectores populares para mostrar su repudio e indignación frente al gobierno.

Los ataques a periodistas y prensa alternativa están siendo cada vez más comunes, especialmente en contra de quienes evidencian las injusticias y las estrategias de los grupos de poder, disputando el discurso dominante de los medios de comunicación corporativos y pro gubernametales.


[1] Matan a guardaespaldas de personal de “Vea Canal“ El periódico. Domingo 20 de octubre de 2013.