Archivos diarios: 11 septiembre, 2013

Barillas: grave revés de la “justicia” por el asesinato de Andrés Pedro Miguel

trubunal

Redacción – Prensa Comunitaria

Andrés Pedro Miguel fue asesinado el 1 de mayo 2012 en lugar conocido como Poza Verde por impactos de bala. Pablo Antonio Pablo Pablo y Estebán Bernabé Mateo resultaron gravemente heridos, logrando escapar con vida del atentado armado.

La “justicia” dio un grave revés para las comunidades, para el pueblo maya Q’anjob’al  y el resto de la población de Barillas que se encuentra en oposición y resistencia pacífica frente a la imposición de una hidroeléctrica de la empresa española Ecoener Hidralia Enegía – Hidro Santa Cruz, por considerarla nociva para la vida misma. 

El Tribunal A de Mayor Riesgo, resolvió el día miércoles 11 de septiembre, contrario a lo esperado por ellos, que los dos acusados de estos hechos, Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares no tuvieron responsabilidad en el asesinato de Andrés Pedro Miguel.

Por lo tanto, se les absolvió del homicidio y solamente declaró que Ricargo García López fuera condenado a 5 años de prisión por lesiones graves, que sólo quedaron como delitos de agravio, con carácter conmutable por Q.25.00 diarios, que podría pagar y no ir preso. A Oscar Armando Ortíz Solares el tribunal decidió dejarlo en libertad hoy mismo.

Muchos de los argumentos de esta sentencia no estuvieron vinculados a las pruebas presentadas a lo largo de este juicio, tal como el Fiscal del Ministerio Público Víctor Alvarado dijo en entrevista a Emisoras Unidas: “apelará el veredicto y dijo que la sentencia no estuvo basada en las pruebas presentadas1.

Dando una vuelta más a la impunidad, el Tribunal ordenó al Ministerio Público continuar con la investigación que ligue a proceso a la “persona responsable del asesinato de Andrés Pedro Miguel”. Así se echaba por tierra toda la plataforma acusatoria del MP, que se basó en demostrar que los dos acusados, ambos trabajadores de la hidroeléctrica son quienes eran los responsables de ese delito.

Ante el asombro de abogados, comunitarios, organismos de derechos humanos nacionales como internacionales y representantes de otros pueblos que asistieron a la audiencia, el Tribunal en su resolución, ordenó instituir una “mesa de diálogo en Barillas “entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres lideres comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica en el lugar atendiendo la diversidad y necesidades culturales de la región fijándoles como plazo de tres meses.“ Así fue declarado por la jueza Eugenia Castellanos, quien dio lectura a la parte resolutiva del juicio. 

Lo extraño de esta resolución es que en ninguna etapa procesal el Tribunal quiso reconocer o vincular directamente a la empresa hidroeléctrica. Incluso en su etapa conclusiva el abogado defensor Palacios Herrera se refirió en varias ocasiones, que no existía argumentación que vinculara a la empresa Hidro Santa Cruz. Pese a todo ello, el Tribunal emite una resolución buscando sentar a comunidades en un dialogo con la empresa. ¿Qué es lo que está detrás de esto?

Imposible no pensar en las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina en su reciente  visita a Barillas el 3 de septiembre, al decir que se abriría una mesa de dialogo este 19 de septiembre y que se esperaba una sentencia en este juicio. “El viernes se espera sentencia en el caso del juicio, hay pruebas contundentes y que se de la sentencia. No queremos impunidad y no importa quien sea, yo estoy para respetar la ley2.“

Es importante resaltar que el asesinato de Andrés Pedro Miguel, desencadenó el Estado de Sitio del 1 de mayo 2012 en contra el movimiento comunitario en defensa del territorio. Este muncipio ya había dicho que se oponía a este proyecto hidroelectrico y cualquier otro que significara explotar los bienes naturales de su comunidad. Así lo dejaron claro en la consulta comunitaria de Buena Fe celebrada en junio de 2007 y en decenas de actas firmadas en asambleas comunitarias realizadas y en de la municipalidad de Barillas, que también negó el permiso de construcción de este proyecto.

Lamentable, hoy de nuevo se inculpó indirectamente a la población que propone otro modelo de desarrollo al capitalista. Frente al despojo que ejercen las empresas y el gobierno, exigen el respeto a sus derechos humanos fundamentales -como el de la vida- y los colectivos -como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre su vida y su territorio.

Quedará esperar los recursos legales que el Ministerio Público vaya a presentar de cara a esta inesperada resolución con la que el Tribunal A de Mayor Riesgo resolvió este caso.

También habrá que esperar los recursos que los querellantes adhesivos al proceso puedan interponer ante esta resolución que niega nuevamente la justicia a los pueblos originarios en Guatemala, específicamente al pueblo maya Q’anjob’al y  pueblo mestizo de Barillas.

2Radio Sonora Twitter-.