Barillas: alarmante criminalización de la lucha social

Santiago Bastos y Quimy De León. – Prensa Comunitaria.

Dos inocentes detenidos otra vez

Miércoles 4 de agosto, tuvo lugar en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, la audiencia de Primera Declaración de Saúl Méndez Muñoz, y Rogelio Velásquez López, líderes comunitarios de Barillas, su lucha es por la defensa del territorio y  del agua.

Ellos fueron detenidos el martes 27 de agosto, en un operativo poco común, el hecho ocurrió en el ingreso a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Guatemala, cuando supuestos oficiales del DEIC de la Policía Nacional Civil PNC, sin portar identificación alguna los capturaron.

Saúl y Rogelio, viajaron desde Barillas, casualmente ahora son acusados de «participar» en dos linchamientos que se produjeron en Barillas, el primero en agosto de 2010 y el segundo en octubre de 2011, hechos totalmente confusos.

Rogelio y Saúl son líderes de la oposición de las comunidades frente a las actividades de la empresa española Ecoener Hidralia Energía en este territorio, razon por la cual fueron detenidos y encarcelados injustamente durante 8 meses el 2 de mayo del 2012 y ahora se les acusa injustamente de otros delitos.

Como ha quedado documentado y registrado en varios informes y estudios, Barillas es he convertido en un caso paradigmático en la oposición de las comunidades a la forma violenta y depredadora en que las empresas energética y mineras pretenden actuar en su territorios.[1]

Saul Aurelio Méndez, junto a su familia en una concentración pacífica. Caravana de Solidaridad con Barillas en Julio del 2013.

Antecedentes: prisión política injusta

De hecho, Rogelio y Saúl, por estas razones ya habían sido acusados injustamente. El día de su captura se hallaban en la Torre de Tribunales para cerrar el caso por el que estuvieron presos por 8 meses, por unos delitos que nunca se pudieron probar, porque efectivamente no participaron en los hechos que se les imputaba.

Se les acusaba, junto a siete comunitarios más, de haber participado en la toma del destacamento militar de Barillas,  el día 1 de mayo de 2012.  Después de la marcha de indignación que se dio cuando dos personas –reconocidas por todos como trabajadores de Hidro Santa Cruz- asesinaron a Andrés Pedro Miguel  y dejaron muy malheridos a Pedro Antonio Pablo Pablo  y Esteban Bernabé Mateo.

Ante estos hechos el Gobierno decretó un Estado de sitio, que entro en vigencia hasta el día 4 de mayo.  El día 2 de mayo un  grupo de personas civiles realizaron de forma arbitraria e ilegal la captura de 9 personas, entre los que se encontraban los líderes de la oposición a la empresa.

Sin ninguna garantía y violando todos los derechos humanos y legales, fueron llevados al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 de la capital, a más de 20 horas de distancia de sus hogares, donde les encarcelaron  injustamente por ocho meses.

Pese a todos los alegatos del equipo de la defensa sobre la inconsistencia de los delitos que se les achacaban – atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica, coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público-; los fiscales del MP y la acusación particular a cargo de la empresa insistieron en los cargos.

Finalmente, el día 9 de enero de 2013, el juez de Santa Eulalia encargado del caso tuvo que declarar la libertad de los nueve barillenses, pues las pruebas aportadas por el MP no podían demostrar las acusaciones.[2]

Fueron felizmente recibidos por miles de personas en el parque central de Barillas y en sus comunidades, porque el pueblo continuo mantenido la oposición a las actividades de la empresa Hidro Santa Cruz y ellos regresaron como heroes de la lucha,  pese al continuo hostigamiento de la empresa y el Gobierno.[3]

Esta acción judicial contra los barillenses opuestos a la hidroeléctrica, se puede considerar como un claro caso de criminalización de la lucha social, pues se tergiversó  la legalidad para acabar por la fuerza con la resistencia, convirtiendo a los comunitarios acusados en presos políticos.

Tan evidente fue la violación de los derechos de los presos, que la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una resolución por el caso de la detención arbitraria, en contra de cuatro de los jueces que intervinieron en el caso[4] ya que cada uno de ellos cometió  reiteradas violaciones durante el momento que tuvieron en sus manos la aplicación de justicia con los casos de los 9 líderes.

El Grupo contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas también emitió una resolución en donde recomendó la inmediata libertad y deliberó entre otras cosas que la detención de las nueve personas fue arbitraria.[5]

Antonio Rogelio Velásquez López junto a su familia. Recibimiento en Barillas cuando quedaron en libertad el 13 de enero de 2013.

Una nueva falacia

Pese a haber salido libres, los presos políticos no habían recobrado la calma: la situación de miedo, precariedad laboral e indefinición legal no se terminaría hasta que se cerrara el caso definitivamente. Por eso, esta vez hicieron las 20 horas de viaje desde Barillas con la ilusión de que sería la última por este motivo: habían sido llamados para la audiencia de cierra del caso.

Sus esperanzas se vieron frustradas cuando en la espera para la audiencia, en plena Torre de Tribunales, aparecieron dos agentes Agentes de la Unidad de Capturas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), vestidos de particular y detuvieron a Saúl Méndez Muñoz, y Rogelio Velásquez López.[6], La detención, de nuevo se realizó de forma irregular: “Los policías pudieron generar que se declarara la rebeldía de mis defendidos y que se ordenara una nueva captura por no comparecer a la audiencia”[7].

Después fueron trasladados a la dirección general de la Policía en Gerona y fotografiados por medios de comunicación, lo cual viola el artículo 13 constitucional pues ellos no han sido previamente indagados por tribunal competente.[8]

En el momento de la detención, la acusación fue por participar ambos en supuestos actos de  linchamiento ocurridos en Barillas en agosto de 2010 en el que resultó un hombre y una mujer muerta y en noviembre de 2011, en el que un hombre resultó muerto y dos heridos.[9]

Lo peregrino de la acusación da mucho que pensar sobre las verdaderas razones de esta acción. No puede ser casualidad que se acuse a dos de los dirigentes que ya estuvieron injustamente encarcelados de haber participado ambos dos, en dos linchamientos separados entre sí por varios meses y ocurridos ya hace tiempo.

¿Quién activo este caso y porque?

Ellos, sus familiares y vecinos de sus comunidades niegan categóricamente cualquier participación, y apuntan a un paso más la responsabilidad de Hidro Santa Cruz. Un dirigente de la Sociedad Civil de Barillas así lo veía:

“Ahorita están acusando a Rogelio y a Saúl de un crimen que sucedió hace como tres años. No es por problemas de la empresa sino por un asesinato donde ellos nada que ver. Pero como la empresa hace de todo para amedrentar a la gente, entonces de eso se están valiendo ahorita”[10]

Puede ser que el Gobierno pretenda decir y argumentar que hace algo en contra de la violencia imperante y los linchamientos, que son especialmente virulentos en esa área. Y además fortalecer el estigma de que los pueblos indígenas son violentos e ingobernables, cuando estos hechos sacan a flote la ausencia total del Estado, la incapacidad de la aplicación de la justicia, de las autoridades y la impunidad que vive el país.

Puede ser que la coincidencia con el esperado cierre del caso 92/2012 pretenda alargarlo más –de hecho, “la diligencia fue suspendida tras la aprehensión”[11]– o que se pretenda incidir en los resultados del juicio contra los dos supuestos asesinos de Andrés Pedro Miguel, también en estos días y en la Torre de Tribunales.[12]

Mas extraño aun, es que haya sido el mismo presidente Pérez Molina, acompañado de ministros, el obispo de Huehuetenango y el procurador de los derechos humanos quienes llegaran a Barillas, en una visita inesperada y sorpresiva para las comunidades a pretender abrir una supuesta «Mesa de diálogo» en estas condiciones:

a. Fase conclusiva del juicio contra dos trabajadores de la empresa.

b. Clausura del caso 92-2012 contra lideres comunitarios detenidos injustamente.

c. Perseguidos políticos.

d. 23 ordenes de captura vigentes aun en contra de comunitarios y comunitarias de Barillas.

e. Próxima audiencia de clausura del caso 65-2012 también contra lideres comunitarios opuestos a la empresa.

f. La toma pacifica de la carretera comunitaria en la Poza Verde por la resistencia contra la hidroeléctrica, que cumple este 7 de septiembre 5 meses de haber paralizado cualquier labor de la empresa.

g. Reiteradas violaciones de los derechos humanos que ha cometido la empresa española en contra del pueblo de Barillas.

Hemos visto en el caso Barillas, el uso de la judialización de la protesta social como forma de chantaje para imponer a la empresa mediante el terror y la pretensión de usar a los presos políticos como moneda de cambio. Esto no nos extraña.

Es evidente que estamos ante un paso más en la estrategia de criminalización de la lucha de las comunidades de Barillas en la defensa de su territorio y del agua.

La falsedad para desacreditar la lucha social

Se está yendo demasiado lejos en la criminalización de la lucha social, para imponer un régimen de corte transnacional y militar, mediante mecanismos de terror y amedrentamiento en donde la judialización juega un papel clave.

Con la detención de Saúl y Rogelio, la intención no solamente es enviar un mensaje a la población de lo que les ocurrirá si siguen en oposición a la empresa, sino que además desacreditan la lucha por la defensa del territorio y del agua, desacreditan la defensa de los defensores de derechos humanos.

Pues con los delitos que ahora se les imputa de “asesinato y feminicidio” por dos hechos de linchamiento en donde participaron cientos de personas en presencia de las autoridades. También busca neutralizar al mismo movimiento de derechos humanos, pues al defender su lucha legítima, intentan hacer parecer incoherentes por apoyar a personas acusadas de tremendos delitos.

Carlos Bezares, uno de los abogados defensores de Saul y Rogelio, dijo en entrevista que “son falacias ad hominem[13] en contra de éstas personas y de las luchas por la defensa del territorio, colocándoles crímenes que le son abominables al movimiento de derechos humanos” intentando con esto dejarles aislados y sin apoyo.

El objetivo de fondo es que se cree tal mentira que se olvide el problema de fondo, la manera violenta y criminal usada para imponer a una empresa de origen español: Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz. S.A.

¿Condiciones para el dialogo?

Con dos detenciones falaces, intimidaciones, injusticias, persecución política, criminalización de las luchas sociales, mentiras y engaños es muy difícil dialogar, peor aún si en el diálogo se intenta negar que el conflicto es originado por las empresas transnacionales y crear la idea de que el conflicto es entre grupos y personas de Barillas por que unos no aceptan el “desarrollo” y otros sí. Estas siguen siendo formas autoritarias y equivocadas de resolver los problemas sociales.

Para que los pueblos se recuperen de la memoria de la infamia y de estos nuevos actos de terror, se requiere justicia y respeto. Esto pasa porque las empresas nacionales y transnacionales se retiren de los territorios donde han cometido todos estos delitos. Cuando los pueblos sean tomados en cuenta, respetados en su forma de vivir en este mundo, entonces podremos empezar a hablar de desarrollo.

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[1] Informe de Verificación de la situación de Derechos Humanos realizado por la comisión de la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej y la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos Humanos – Guatemala, Informe de Hegoa, como en el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012, entre otros.

 [2]Prensa comunitaria “salen libres” https://comunitariapress.wordpress.com

[3] Prensa comunitaria “recibimiento2” https://comunitariapress.wordpress.com

[4] Informe Resolución Procuraduría de Derechos Humanos por el caso Barillas,

[5] Resolución El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

[6] “Capturados por participar en linchamiento”, Policía Nacional Civil, htttp://pncdeguatemala.blogspot.com /2013/08/capturados-por-participar..

[7] Carlos Bezares, abogado de los líderes comunitarios, Detienen a líderes campesinos, El Periódico, 28 agosto 2013.

[8] “Detenidos dos defensores del agua contra empresa española Hidralia en Barillas, Guatemala”, Periodismo humano, 29 agosto 2013, http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/detenidos-dos-defensores-del-agua-contra-empresa-espanola-hidralia-en-barillas-guatemala.html

[9] “Capturados por participar en linchamiento”, Policía Nacional Civil, http://pncdeguatemala.blogspot.com/2013/08/capturados-por-participar…).

[10] Entrevista, 2 de septiembre 2012

[11] Detienen a líderes campesinos, El Periódico, 28 agosto 2013

[12] Benito Morales, abogado coordinador del juicio del caso 118/92 afirma que el nombre de Saúl Velásquez apreció en varias ocasiones en la audiencia.

[13] Un argumento usado para desacreditar a una persona que defiende una postura.