Archivos diarios: 20 mayo, 2013

Palabras que piden justicia por Genocidio

Reportaje: Diana Cameros – Prensa Comunitaria

En una misma mesa, sobrevivientes, representantes del pueblo ixil, querellantes adhesivos del proceso del Juicio por Genocidio, organizaciones sociales y abogados, realizan una conferencia de prensa, en el marco de que la Corte de Constitucionalidad y sus magistrados, deben resolver a través de un fallo,  un ocurso de queja que presentó la defensa de Efraín Ríos Montt, según ellos porque no se respetó el debido proceso durante el juicio por Genocidio. Esto pone en riesgo la sentencia condenatoria realizada por el Tribunal Primero A de Mayor riesgo dirigido por la Jueza Jazmín Barrios, a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, en contra de Efraín Ríos Montt, militar y presidente de facto en 1982 y 1983.  

                                                                      Foto: Diana Cameros

10: 50 AM Pedro Diego Mateo, representante de las víctimas del Ixcan:
“Nos dirigimos a la Corte de Constitucionalidad y hacemos un llamado a que mantengan la sentencia firme. Pedimos al pueblo de Guatemala que acompañe la lucha por la Justicia y para mantener la sentencia por Genocidio. Llamamos a la comunidad Internacional para que sigan acompañando y respaldando al Pueblo Ixil, al pueblo de Guatemala en esta lucha.“
11:00 AM Señora Ana Lainez, alcaldesa Indígena de la Alcaldía Indígena de Nebaj:
“Se ha dado un paso a la justicia, se puede soñar, que se mantenga firme la sentencia por Genocidio. Esto le da a las mujeres la posibilidad de denunciar. Si esta sentencia se mantiene es un mensaje de que es posible.
Que la justicia tiene como caminar. Que se siga caminando. Hace falta mucho y pedimos que no se intimide a los operadores de justicia. Como ha sucedido con la Jueza que se le han dicho tantas cosas, cuando fue su trabajo el que hizo. Nosotros luchamos por la vida y simplemente que nos dejen vivir.

                                             Foto: Diana Cameros

11: 30 Iduvina Hernández – SEDEM: el pueblo Ixil nos ha dado un ejemplo digno y de paciencia. Por más de una década han abonado a este proceso judicial. El pueblo de Guatemala debe sentirse orgulloso por lo alcanzado conjuntamente, que las organizaciones y querellantes hemos hecho camino en el derecho de garantías, que el Estado de derecho en Guatemala y el marco del derecho internacional nos ha permitido.
Necesitamos el acompañamiento de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad inclusiva. No permitir discursos de odios, en panfletos y diversas actividades.
Respaldamos las solicitudes planteadas en la reparación digna.
Necesitamos superar la oscuridad que el odio nos ha mantenido por siglos.

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LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD BAJO LA LUPA O BAJO PRESION?

Por: Redacción de Prensa Comunitaria
El día de hoy, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben resolver a través de un fallo,  un ocurso de queja que presentó la defensa de Efraín Ríos Montt, según ellos porque no se respetó el debido proceso durante el juicio por Genocidio.
Ríos Montt, fue sentenciado por el Tribunal Primero A de Mayor riesgo dirigido por la Jueza Jazmín Barrios, a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
La mayoría de opiniones sobre el fallo que se dará el día de hoy, es que debe respetarse la resolución del máximo tribunal, independientemente de su resultado. Sin embargo es preciso evidenciar que la sentencia que concluyó en asegurar que si se cometió el delito de Genocidio, trasciende el ámbito judicial, hasta el campo ideológio, político, económico y por su puesto al de la historia y la verdad de los pueblos, las pruebas son contundentes, quedaron en evidencia las atrocidades cometidas por el ejército en contra de población civil, hasta la intención del exterminio.
Uno de los aspectos más importantes, ha sido lo relatado por personas, hombres y mujeres ixiles, expresión de memoria viva que se suma a las voces que quedaron plasmadas en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico – CEH y el del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI; tenemos entonces un reto como sociedad para estar a la altura de la valentía de quienes a pesar de lo que significa, hablaron sin miedo, logrando con ello hacerle justicia a toda la sociedad.
También es cierto que se ha estado ejerciendo presión de todo tipo, para que esta resolución de la CC, favorezca a Ríos Montt, esta proviene además de grupos de poder económico, familiares de militares, medios de comunicación y el mismo gobierno, una cosa es respetar lo que se hace apegado a derecho y otra no cuestionar y no criticar cualquier decisión que sea bajo los niveles de presión acostumbrada hacia el sistema de justicia para beneficiar a las elites.
No se puede negar que la Corte de Constitucionalidad está bajo presión, pero también se puede afirmar que está bajo la observación de toda la sociedad para que cumpla con su papel de tribunal colegiado independiente.

15 de mayo: Militares con sus familiares realizaron un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad CC, como medida de presión para que este organismo falle a favor de las acciones legales presentadas contra el juicio por genocidio.

Montana Exploradora (Mina Marlin) y sus devastadores efectos:

Yuri Melini CALAS  y Carlos Loarca PLURIJUL/Fotografía Cristina Chiquin.


Cristina Chiquin

El día 20 de mayo se cumplen tres años del otorgamiento de las medidas cautelares  dadas por la Comisión interamericana de derechos humanos CIDH, que deben proteger la salud y la vida de 18 comunidades Mayas en San Miguel  Ixtahucán y Sipacapa, municipios de San Marcos. 
Estas medidas fueron otorgadas debido a los efectos provocados por la Mina Marlin (Montana Exploradora de Guatemala S.A. en sus inicios subsidiaria de Glamis Gold Co. y hoy subsidiaria de Goldcorp, explota los recursos naturales, especialmente el oro en territorio de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos[1]) que se encuentra desde hace 7 años operando en dicho territorio. Hasta la fecha las medidas cautelares  han sido incumplidas.
Yuri Melini del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala – CALAS y Carlos Loarca de Pluralismo Jurídico – PLURIJUR, en conferencia de prensa expusieron su preocupación, por el surgimiento de enfermedades ambientales y crónicas producidas por la contaminación industrial provocada por la Mina.
Y se denunció la aparición de enfermedades como hidroarsenicisimo y arsenicosis en la población y en los animales como el ganado, en ambos  municipios, estas enfermedades ambientales son de intoxicación lenta y de larga duración. Se les denomina así, según Carlos Loarca “porque son específicamente en donde están ubicadas explotaciones mineras”


“la enfermedad se llama hidroarsenicismo más conocida como acre, es la que le da a las personas y al ganado.  Estas enfermedades han sido  identificadas en América, principalmente en Chile y Argentina, Estados Unidos y México y ahora en Guatemala producto de la explotación de la Mina Marlin”


  

  
El 4 de diciembre del año 2012, fue presentada ante el ministerio Público una denuncia penal por los efectos atroces que está causando la Mina Marlin en la salud y en el ambiente de los dos municipios. En dicha denuncia fueron presentados 100 casos para su investigación. 
Las medidas cautelares puestas por la CIIDH están encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las 18 comunidades afectadas, desde agosto del año 2012 se creó una mesa de concertación con el gobierno en donde esté se comprometió a instalar una planta de tratamiento para el agua contaminada con arsénico.
Hasta el día  de hoy no se ha cumplido con la instalación de dicha planta. Actualmente el gobierno, la empresa y la municipalidad han llegado a un acuerdo municipal, en dicho acuerdo no queda claro que la empresa es la responsable de pagar todos los daños por la contaminación que causan. 
A pesar de que es la empresa quien tendría que pagar, el acuerdo plantea que las comunidades paguen la gestión del agua.  De esta manera esté convenio estratégico interinstitucional entre el Estado de Guatemala y la empresa, no cumple con las medidas previstas por la CIDH. 
Además de pedir el dinero a las comunidades, se les pidió también materiales y que sean las mismas comunidades que den la mano de obra para la construcción de los proyectos de agua.  
Según estudios científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, se comprobó que las personas que viven más cerca de la Mina Marlin, tenían mayor concentración de mercurio, arsénico, cobre y zinc en la orina.
Dichas sustancias generan enfermedades diversas que pueden llevar a la muerte y que afectan gravemente al medio ambiente. 
Criminalización y Persecución

Se denunció que posterior a las movilizaciones realizadas por la población de Sipacapa y San Miguel Ixtahucan, y después de la denuncia por el incumplimiento de las medidas cautelares, se empezó a citar por parte del ministerio público de San Marcos  a varias personas de los dos municipios, esto demuestra que se quiere iniciar nuevamente con la criminalización.
ENFERMEDADES AMBIENTALES CRONICAS, REGIONALES Y ENDEMICAS POR LA MINA MARLIN A TRES AÑOS DEL INCUMPLIMIENTO SISTEMATICO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA CIDH 

Atrás del mal intencionado CACIF



Por Nelton Rivera. 
¿Porque tan viscerales los empresarios?, ¿que subyace a su injerencia pública sobre el poder judicial?, ¿por qué defienden a un Genocida?, ¿por qué niegan el genocidio? le tomo dos días al CACIF vociferar sendas amenazas  en contra de la resolución emitida por la jueza Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y el juez  Pablo Xetumul, quienes dirigieron el Juzgado de Mayor Riesgo A y emitieron sentencia condenatoria por genocidio. 
Con qué descaro se muestran amenazantes los señores del capital mal habido, acaso no recuerdan que sus ancestros llegaron de Europa a este país, del cual siguen siendo ajenos. Según Julio Castellanos Cambranes se impusieron con la guerra y la religión sobre los pueblos originarios hace 500 años y fueron ellos mismos los que realizaron el primer genocidio como resultado de la  invasión y colonización en el siglo XVI.[1]
Primero se apoderaron de nuestras tierras y luego convirtieron a los pobladores en esclavos y siervos. Se apoderaron de sus cuerpos y en la mayoría de los casos, de sus mentes”.[2]
Hay que ver, que son sin vergüenzas, acaso no fueron sus abuelos y abuelas quienes formaron sus inmensas riquezas, acapararon gigantescas extensiones de tierras como resultado del despojo y saqueo contra los pueblos originarios, durante la colonia, luego durante el periodo liberal y el establecimiento del monocultivo del café como modelo agro exportador, acaso no fueron ellos mismos los que continuaron con el Genocidio durante el siglo XIX. 
Ahora quieren negar y anular la aplicación de justicia para el pueblo maya Ixil, pretenderán que quede en el olvido, cuando fueron ellos mismos y sus padres, quienes proclamándose anti comunistas, financiaron y participaron dentro de las filas del MLN desde 1954.  Formaron escuadrones de la muerte como las organizaciones: Nueva Organización Anticomunista (NOA), Comité de Resistencia Anticomunista de Guatemala (CRAG), y Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO)[3]  por mencionar algunas, ademas cogobernaron durante los 36 años de guerra junto a los militares y hasta la fecha no han dejado de tener poder.
En conferencia de prensa y a través de un comunicado que titularon “CACIF llama a la Corte de Constitucionalidad  a preservar gobernabilidad y futuro del país”, José Santiago Molina actual presidente del CACIF y ex presidente de la Cámara del Agro fue el encargado de dirigir el desagravio en contra de la condena por Genocidio contra el ex general golpista Efraín Ríos Montt, desconociendo dicha resolución y reafirmando el apoyo abierto al Genocidio y a uno de sus principales ejecutores. 
Según ellos expresan “que las consideraciones que el tribunal ha efectuado sobre el delito de genocidio, evidencian que se ha hecho una calificación inadecuada de esa figura, “que la violencia ocurrida durante  el conflicto armado, en el que guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí”, acusan al tribunal de “vulnerar la legítima defensa” del genocida, afirman que la aplicación de justicia en este caso “abona a la polarización” por un sesgo ideológico, además de haber existido “presión de personas y organizaciones internacionales”.  
Por otro lado Santiago Molina representa al sector más duro proveniente de la Cámara del Agro, siendo uno de los protagonistas para que la iniciativa de ley 4084 “Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral” fuera desechada del Congreso de la República, en una lucha abierta contra el campesinado guatemalteco. 
En diciembre del 2012 el sector oligárquico violentó la autonomía del poder legislativo, la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej denuncio estas acciones como “golpe técnico al Congreso de la República” y que el “Estado de Guatemala está secuestrado por el poder económico tradicional” para evitar la aprobación de la iniciativa de ley 4084 que llevo 12 años de negociación. 
Nuevamente el CACIF quiere asestar un golpe técnico al poder judicial ejerciendo presión mediática, económica y política contra la Corte de Constitucionalidad buscando que magistrados y magistradas que la conforman sean quienes reviertan la resolución emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo A y con ello anular la condena por Genocidio y dejar en libertad al genocida. 
¿Quién está al lado de  los oligarcas?
En una de las acciones públicas del CACIF, durante la conferencia de prensa realizada el 12 de mayo,  se vieron las viejas caras del sector empresarial; llamó mi atención que también aparecieron rostros indígenas, de de quienes en los últimos años han apoyado las estrategias de criminalización y ataques contra de las comunidades en defensa del territorio, el movimiento indígena, campesino y popular, operadores políticos encargados de desarticular las luchas comunitarias para beneficiar a las empresas. 
Sobresalen representantes de la nueva Cámara Empresarial Maya como Francisco Raymundo, miembro de la Convergencia Indígena Kab’Awil, quien durante el gobierno de Álvaro Colom representó, junto a otras personas, los intereses de empresas transnacionales, respaldando el intento de crear un “Reglamento para el Proceso de Consulta del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”, mismo que beneficiaría las operaciones de mineras, hidroeléctricas, entre otras. 
En esta misma línea se encuentra otro personaje, actual presidente de GUATEMAYA, Luis Tepeu Pirir, quien ha sido denunciado varias veces, por promover agresiones, atentados y violaciones de los derechos del pueblo maya Kakchikel de San Juan Sacatepéquez, Luis Tepeu es reconocido por ser uno de los operadores de la empresa Cementos Progreso[4]y liderar a uno de los grupos que ha promovido conflictividad comunitaria, junto a las autoridades municipales. 
No es de extrañar entonces que frente a una condena por genocidio cometido durante 1982 y 1983 en contra del pueblo maya Ixil, el CACIF salga acompañado por estos personajes. 
La Jueza Jazmín Barrios al cerrar la audiencia histórica el 10 de mayo, dejó abierta la posibilidad de profundizar la investigación, sobre otras personas que tengan responsabilidad material e intelectual sobre genocidio. Se abre una brecha para juzgar las atrocidades cometidas no solo por el ejército de Guatemala, sino también por las elites económicas y políticas que fueron parte de ese proyecto para garantizar el estatus quo de una minoría que ahora intenta anular la sentencia. 
“Se ordena al ministerio publico continuar con la investigación correspondiente en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos”[5]
No es casual entonces que frente a la condena del genocida de Ríos Montt y la sentencia histórica por Genocidio, salten las voces más feroces del sector oligárquico de este país. 
A ellos, hay que recordarles que el genocidio ha sido una práctica histórica que ellos y sus ancestros, han  realizado para mantener el modelo económico al que sirven y del que se benefician.

                                       Foto: Prensa Libre 13 de mayo de 2013.



[1]Aspectos socioeconómicos de la propiedad agraria en Guatemala bajo el Feudalismo Colonial. J.M. Fernández Fernández y J.C. Cambranes.

[2]Entrevista a Julio Cesar Cambranes. Margarita Carrera. Guatemala 9 de diciembre 2008.

[3]Guatemala: Memoria del Silencio. Apéndice 16. Capítulo I.

[4]Cementos Progreso mantienen el monopolio del cemento en Guatemala, es propiedad de la familia Novella Castillo y el  accionista mayoritario de Cementos Progreso, es el Grupo Cemcal Progreso.

[5]Fragmento  de la sentencia emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo A en contra del general Efraín Ríos Montt por Genocidio  y leída por la jueza Jazmín Barrios. Guatemala 10 de mayo 2013.