Archivos diarios: 4 febrero, 2013

Resolución de Audiencia de ofrecimiento de Prueba en Caso de Genocidio





Cristina Chiquin

Los días 31 de enero y 1 de febrero del 2013, fueron realizadas las audiencias de ofrecimiento de Prueba en el Caso de Genocidio y deberes contra la humanidad en contra de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

En donde se presentaron las pruebas de cargo y descargo que fueron entregadas por la defensa de los sindicados y la fiscalía del Ministerio Público así como los abogados querellantes adhesivos que representan a las familias victimas de genocidio.

El día 4 de febrero se llevo acabó la audiencia en la que se dio la resolución del Juez Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal B de Mayor Riesgo, quien acepto las pruebas entregadas por la Fiscalía del Ministerio publico que incluye documentos de planes y operaciones militares, testigos, entre otros y dio sin lugar las objeciones puestas por la defensa a las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Por otro lado el juez rechazo a los peritos y peritajes propuestos por la defensa por impertinentes y por estar fuera de momento procesal.

De esta manera la defensa argumento estar en desventaja y que se sentían indefensos frente a la resolución del juez y cuestiono dicha decisión, “Queremos un juicio no un linchamiento político” expresaron, por lo que presentaron un recurso de reposición.

La defensa buscó nuevamente con este recurso atrasar el proceso, los abogados querellantes y la fiscalía argumentaron que esté recurso no aplicaba dentro de la presente audiencia. Por lo que se le solicito al juez que no diera a lugar dicho recurso ya que los abogados de la defensa tuvieron que presentar sus peritos y sus pruebas anteriormente y no lo hicieron.

“Cuando uno hace el trabajo de defensa el trabajo es defender a una persona entonces los abogados de la defensa han pasado varios meses únicamente tratando de retrasar este proceso penal, sin embargo no han hecho absolutamente nada, efectivamente para defender a su cliente, entonces por ello no se han respetado en cuanto a los medios de investigación que en su oportunidad tuvieron que haber planteado, pero se dedicaron a retrasar el proceso

De esta manera uno de los abogados querellantes explicó porque tendría que quedar fuera este recurso de reposición ya que se plantea como estrategia de la defensa únicamente para retrasar los procesos.

Posterior a ello el Juez dio su resolución frente a las intervenciones de ambas partes y explicó la legalidad de sus direcciones rechazando el recurso de reposición, ya que sí se rechazaron los peritajes que solicitaba la defensa fue porque estaban fuera del momento procesal.

De esta manera el Juez Miguel Ángel Gálvez, explicó como la defensa trata de retrasar el proceso con argumentos que están fuera del momento procesal establecido.

Es así como se resolvió que el Tribunal de Sentencia encargado del Juicio de delito de genocidio y deberes contra la humanidad en contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, será el Tribunal A de Mayor Riesgo, precedido por la jueza Yasmín Barrios y será este tribunal quien defina la fecha de inicio del debate oral y público.

De esta manera concluyó la audiencia que dejó en espera a las familias victimas y abogados querellantes adhesivos para poder empezar el debate en el cual se espera tener como resultado la justicia por la masacre de 1,771 campesinos en los años 1982 y 1983 en el área Ixil.

Defensa de Sindicados

Juez Miguel Ángel Gálvez
Mujeres Ixiles al terminar audiencia.

Santa Cruz Barillas sigue de pie

Pese a la liberación de los presos políticos aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz

Quimy De León y Santiago Bastos

El pasado día 13 de enero de 2013, se celebró en Santa Cruz Barillas el regreso a casa de Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel y la injusta encarcelación de Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar.
Después de más de ocho meses, recuperaban una libertad que se les había robado; pero su lucha y la nuestra no termina ahí.
La conflictividad en Barillas
El día 1 de mayo de 2012 Santa Cruz Barillas saltó a los medios de comunicación por los hechos que llevaron a la implantación de un Estado de sitio bastante cuestionable. Pero los conflictos no iniciaron ese día, como nos quisieron hacer creer el gobierno y los medios. El origen de los problemas y el mismo conflicto son responsabilidad de la empresa Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz, que desde el año 2009 estaba operando en contra de la voluntad de los pueblos y comunidades.
Desde su llegada a esa población en 2008, el comportamiento de esta empresa, filial guatemalteca de ésta empresa española, se ha caracterizado por los constantes hechos delictivos y criminales en contra del pueblo de Barillas, como disparos de arma de fuego al aire, agresiones físicas, psicológicas y  verbales por parte la seguridad privada y personeros de la empresa. Incluso se llegó a la colocación de explosivos en los alrededores de las instalaciones de la planta hidroeléctrica.
Durante más de tres años, cientos de personas de las comunidades de Barillas han puesto denuncias contra estas intimidaciones, amenazas y abusos y han estado alertando y pidiendo la intervención de las autoridades por las constantes agresiones en que ha  causado en ese municipio dicha empresa. 
Además su presencia ha causado división comunitaria e incluso familiar. Como en otros casos en el país, la forma de actuar de la empresa consiste en contratar a un reclutador/a de la misma comunidad para que les ofrezca trabajo a su misma familia, vecinos, etc. Dese ahí se busca romper la solidaridad comunitaria aprovechando las necesidades de la gente.
Por esta conflictividad que provocaba en la localidad, el mismo Consejo Municipal se negó a dar la licencia y permitir el inicio de operaciones de la empresa española.
Los gobiernos de Colom y de Pérez Molina nunca atendieron las demandas de la población y con ello se convirtieron en responsables de esta impunidad, y lo que ocurrió después. El mismo Estado de Guatemala es responsable de una serie de violaciones graves a tratados internacionales como el Convenio169 de la OIT, la Declaración sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y a la misma Constitución Política de Guatemala.    

Detenciones ilegales

El día 2 de mayo de 2012 se produjo la detención de todas estas personas. Como se ha repetido hasta la saciedad, en nueve de los once casos se trató de detenciones ilegales y todas ellas fueron irregulares.  Desde la instalación del estado de sitio en Barillas, se dieron un gran número de irregularidades, ilegalidades, y violaciones al debido proceso en la solicitud de sus órdenes de captura y en los procesos de investigación. Existen suficientes evidencias de las irregularidades desde el momento de la detención, al mismo tiempo las acusaciones y los delitos que se les imputan no han podido ser comprobados.
·    Fueron detenidos y llevados al destacamento militar antes de la publicación oficial del Estado de Sitio.
·    Quienes detuvieron a algunas de éstas personas no fueron las autoridades, sino personas particulares quienes posteriormente los llevaron o a la Policía Nacional Civil o al destacamento militar.
·    Desde este arresto ilegal hasta su traslado al Centro Preventivo de la zona 18 en la ciudad capital, fueron constantemente golpeados y amenazados. A medio camino les bajaron de los vehículos en donde los trasladaban para tomarles fotografías, que son las que aparecieron al día siguiente en los medios de comunicación impresos. 
·    Los medios de investigación presentados por el Ministerio Público están viciados porque se forjaron con posterioridad a la detención ilegal.

·    Las pruebas presentadas no logran demostrar que los detenidos son responsables de los hechos de los que se les acusan. En el caso de los daños al Hotel La Estancia, el dueño no reconoce ni señala a ninguno de los detenidos, tampoco se les encontró ninguno de los objetos robados en su poder.  En el caso de la toma del destacamento militar, el Sargento Segundo del Ejército José María Gomez Raymundo describe los hechos del 1 de mayo, sin embargo no señala a ninguno de los detenidos como responsable de los mismos.

·    Las declaraciones de los testigos que reconocen a los detenidos como responsables de los hechos, nacen a partir de las publicaciones de prensa del día 3 de mayo del 2012.

·   Hay declaraciones contradictorias, ya que en las misma hora ubican a los nueve  detenidos en dos lugares diferentes que están a un kilómetro y medio de distancia[1].
Todo estos hechos fueron mostrados y demostrados desde esos momentos en el informe de Verificación de la situación de Derechos Humanos realizado por la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej; el de la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos Humanos – Guatemala; y el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.[2]Sin embargo, tuvieron que pasar ocho meses para que  se tuvieran en cuenta

Tergiversando la ley

A estas personas se les acusó de delitos como atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención, ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público, todo ello sin fundamento alguno.
Se está usando las figuras delictivas de actividades ligadas al narcotráfico de manera totalmente tergiversada. Este hecho es de suma importancia, pues muestra una de las formas utilizadas por parte de las autoridades, empresas y medios de comunicación corporativos para crear una falsa realidad sobre los conflictos sociales provocados por la imposición de las empresas y sus intereses afectando a la población que vive en el mismo territorio, creando las condiciones para minimizar la oposición y la resistencia a esta nueva agresión y forma de acumular capital mediante el despojo y el saqueo.
Por eso es muy importante evidenciar que se ha tratado y se trata como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar a personas que se organizan y que ejercen sus derechos ciudadanos.
Porque éste es un caso de persecución contra una población que aglutinada en una asociación u organización de carácter comunitario se opone al proyecto de la Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz y que simplemente expresa su opinión y su visión sobre el desarrollo, partiendo de la defensa de la vida y en este caso del agua.
Ninguno de los presos políticos cometió ningún delito. Son inocentes tal y como quedó por fin demostrado en la resolución que emitió Luis Fernando Pérez Zamora titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Medio Ambiente, de Santa Eulalia, Huehuetenango los días 19 de septiembre, 14 de noviembre de 2012 y el 9 de enero de 2013. 
Aún quedan muchos pendientes para que vuelva la paz a Santa Cruz Barillas
Durante más de ocho meses estas personas estuvieron injustamente encarceladas y consideradas como delincuentes a todos los efectos. Se tiene que hacer justicia por los delitos cometidos en contra de ellos, sus familiares y las comunidades completas de este municipio. Es preciso pensar en que se tomen  medidas de reparación por los daños causados por este injusto encarcelamiento.
Continúa la persecución penal en contra de más de 20 personas, que desde el día abril de 2012 fueron también injustamente acusadas y desde entonces no han podido regresar a sus casas. Su situación debe aclararse como ocurrió con los recientemente regresados, para que su nombre quede limpio y puedan retornar a su vida normal junto a sus familiares. También deberían ser resarcidos por todos los daños sufridos por una acusación injusta. 
Todavía no se ha aclarado el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Pese a que los culpables están en manos de la justicia desde finales de mayo de 2012, no se ha avanzado en su juicio y los abogados de la empresa sí que acosan a los familiares para que retiren las denuncias.
La empresa sigue usando métodos violentos para contrarrestar la oposición a su actividades: cuando el pasado 22 de diciembre varios miles de personas se opusieron públicamente a la firma del convenio de la municipalidad de Barillas con la empresa, uno de los voceros fue amenazado de muerte por el “operador político” de la empresa, el militar Juan Garrido.
La respuesta de los barillenses fue escribir un memorial que entregaron a las autoridades municipales y centrales para explicar sus demandas.  Se debe escuchar la voz de las comunidades de Barillas que se han opuesto a estas actividades que no les benefician en absoluto. El Gobierno debe atender a sus ciudadanos como sujetos de un derecho que han expresado siempre desde la legalidad; y dejar de defender a una empresa que siempre se ha movido con prepotencia, violencia y absoluta falta de respeto por los pobladores de Santa Cruz Barillas.  

[1] De León, Quimy y González Cecilia. Santa Cruz Barillas, los intereses detrás de un Estado de Sitio. Revista Dialogo FLACSO. 22 de Julio de 2012.

[2] Carta Abierta al Sistema de Justicia por la liberación de los Presos Políticos. 




Foto reportaje: Autoridades comunitarias de Las Trojes I llegaron a la Gobernación Departamental


La argumentación y ejercicio legítimo de sus derechos por parte de las autoridades que representan el sentir de la mayoría de la población es que este proyecto no fue priorizado por ésta en base a sus “necesidades, problemas y soluciones”tal como lo plantea la ley de Consejos de Desarrollo, las que deben ser planteadas por la autoridad máxima que es la asamblea, quien a la vez elige democráticamente a sus representantes a los Consejos Comunitarios de Desarrollo – COCODES.  


En este caso, los “COCODES” que aparentemente propusieron este proyecto no es reconocido por la población, pues fue impuesto durante el estado de excepción cuando se vivía en medio del terror y la militarización.


Desde el derecho que le asiste legalmente a la población, pueden rechazar un proyecto no priorizado por ella y que además está alejado de lo que las mismas leyes plantean y les respaldan para que en este país se viva en armonía y respeto, así el mismo Sistema de Consejos de Desarrollo se supone que es “el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.”


Con lo cual las autoridades y la población tenemos que tener claro que los pueblos están clamando y alertando sobre la necesidad de respetar los medios democráticos definidos en las mismas leyes del país y no pueden ser violentadas para beneficiar a las empresas o a pequeños grupos en detrimento de la voluntad de las mayorías.

Es necesario no olvidar entonces que una de las funciones de los Consejos de Desarrollo es “Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral de la Nación.”
Más información de la visita a la gobernación departamental en:

Autoridades comunitarias pacíficamente exigen sus derechos

http://comunitariapress.blogspot.com/2013/02/autoridades-comunitarias-rechazaron.html 

Alcaldes auxiliares de San Antonio Las Trojes I

Autoridades comunitarias pacíficamente exigen sus derechos


 Por Nelton Rivera.

Autoridades comunitarias alcaldes auxiliares, representantes de comités locales y lideres comunitarios de San Antonio Las Trojes I del municipio de San Juan Sacatepéquez viajaron a la ciudad de Guatemala para entrevistarse con el gobernador departamental Luis Alfonso Palma el día jueves 29 de enero 2013. 
El objetivo principal de esta reunión fue reafirmar las demandas realizadas por la población de ésta comunidad, que son en concreto la cancelación de la construcción de un pozo mecánico y el retiro inmediato de la maquinaria que fue trasladada a la comunidad de forma inconsulta, éste proyecto no fue aprobado por la mayoría de la población.
Uno de los lideres comunitarios manifestó que días antes una comisión de autoridades comunitarias de Las Trojes I entregaron en la gobernación departamental el memorial en donde se explica la problemática y sus  principales demandas.
Después de tres horas de conversar con el gobernador, éste se comprometió a suspender temporalmente la construcción del pozo mecánico. Previo a tomar esta decisión sostuvo una conversación telefónica por mas de treinta minutos con el alcalde municipal de San Juan Sacatepéquez Fernando Bracamonte.
Además en esta reunión el gobernador departamental informó que al otro día, viernes 30 de enero realizarían una “mesa de dialogo”, hasta ese momento las autoridades comunitarias no habían sido convocadas. También les comunicó que en esta mesa participarían la municipalidad de San Juan Sacatepéquez, la Procuraduría De los Derechos Humanos –PDH-, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH-, el Sistema Nacional de Dialogo Permanente -SNDP-, la Parroquia de San Juan Sacatepéquez, el director del Consejo de Desarrollo departamental y la gobernación departamental.
Ante este planteamiento, las autoridades comunitarias y legítimas expresaron que no podían participar, pues no cuentan con el mandato comunitario para hacerlo, además de que, en ese momento la población está a la espera de una respuesta favorable e inmediata de sus demandas. 
Una de las principales preocupaciones de los lideres comunitarios son las agresiones permanentes del señor Mariano Noj supuesto presidente del COCODE impuesto durante el estado de excepción y las de Luis Tepeu Pirir, representante de una asociación de comerciantes llamada Guatemaya.
Uno de los lideres comunitarios denunció que detrás de la construcción del pozo mecánico: “ha surgido un grupo, el grupo es de promotores de Cementos Progreso”, “están custodiando la maquinaria con armas de grueso calibre, machetes y palos.”[1]  
También denunciaron las constantes amenazas de muerte e intimidaciones en contra de lideres, lideresas y comunitarios: “este hombre quien ha estado macheteando gente y carros en la comunidad es el secretario del COCODE formado por Cementos Progreso.”[2]
[1] Reunión autoridades comunitarias San Antonio Las Trojes I con el gobernador departamental Luis Alfonso Palma. Gobernación departamental de Guatemala. 29 de enero 2013.
[2] Ibídem.